José Ricardo Chávez Azuela

Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
626/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • José Ricardo Chávez Azuela

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    León, Guanajuato, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. I. Quejoso cumple con requerimientos. Agréguense a los autos el escrito y anexos presentados por el quejoso, mediante los cuales cumple con los requerimientos formulados en proveído de doce de agosto pasado; por tanto, se provee: II. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos, se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de trece de julio del año en curso, dictado por la jueza de Partido Sexto Civil, de esta ciudad, dentro del expediente ******************** en el que se autorizó llevar a cabo la ejecución de la resolución del incidente de regulación y liquidación de rentas vencidas y no pagadas, dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, por conducto del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles, por lo que hace a la codemandada ******************** Lo anterior, evidencia la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Puntualizado lo anterior, se advierte que la demanda en cuestión resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza de manera indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la transcripción de las porciones normativas antes transcritas, se advierte que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase, que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado, pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la última resolución que se dicte en ella, entendiéndose por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley de la materia limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "sólo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, en virtud de que se considera una cuestión de orden público que dichas sentencias produzcan materialmente sus efectos jurídicos, ya que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de trece de julio del año en curso, dictado por la jueza de Partido Sexto Civil, de esta ciudad, dentro del expediente ******************** en el que se autorizó llevar a cabo la ejecución de la resolución del incidente de regulación y liquidación de rentas vencidas y no pagadas, dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, por conducto del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles, por lo que hace a la codemandada ********************, no es de aquellas que cierren la etapa de ejecución, ya que únicamente desechó el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído en el que se autorizó llevar a cabo la ejecución de la resolución del referido incidente, por conducto del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles, por lo que hace a la citada codemandada; por tanto, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del juicio de origen, en razón de que el desechamiento del recurso de revocación interpuesto en dicha etapa (ejecución), implícitamente tiene como finalidad directa e inmediata, la continuación de la etapa de ejecución del juicio ordinario civil de origen, por lo que con la promoción del juicio de amparo no es dable pretender cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas en dicha etapa de ejecución. Por tanto, deviene innegable que el acto reclamado por el solicitante del amparo, se suscitó en el periodo de ejecución del juicio natural al desechar el recurso de revocación interpuesto contra el proveído en el que se autorizó llevar a cabo la ejecución de la resolución del incidente de regulación y liquidación de rentas vencidas y no pagadas, por conducto del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles, por lo que hace a la codemandada ******************** y, si bien, dicho acto pudiera ser susceptible de ser contrario a los intereses del aquí quejoso, lo cierto es que se trata de actos que tienen relación directa con la etapa de ejecución del mismo, de ahí que solo podrán ser impugnados al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que la hubieren dejado sin defensa. Tan es así, que el auto que reclama la parte quejosa, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente, resultando inconcuso que solo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida resolución. Lo anterior es así, toda vez que las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia, están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que solo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose por ésta, las expresamente indicadas en la Ley de Amparo y no otras diferentes, como la que se combate en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otro lado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentra ubicada en los casos de excepción, establecidos para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que el quejoso reclama el auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de trece de julio del año en curso, dictado por la jueza de Partido Sexto Civil, de esta ciudad, dentro del expediente ******************** en el que se autorizó llevar a cabo la ejecución de la resolución del incidente de regulación y liquidación de rentas vencidas y no pagadas, dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, por conducto del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles, por lo que hace a la codemandada ********************; de lo que se colige que lo que pretende es impedir la ejecución de la condena decretada en su contra, respecto del referido incidente; por tanto, el amparo es improcedente. Encuentra aplicación, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En razón de lo anterior, se colige que el acto reclamado se emitió en estricto acatamiento a la ejecución de la sentencia ejecutoria del juicio de origen; de ahí que resulta improcedente la promoción del juicio de amparo indirecto, puesto que aún y cuando el cumplimiento de la sentencia elevada a la categoría de cosa juzgada, sea de tracto sucesivo o cumplimiento periódico, será hasta que se emita la última resolución que de por terminada la etapa de ejecución en dicho contradictorio, que podrá promover el juicio de amparo. Por tanto, como en la especie la determinación reclamada solo es un acto en el trámite del periodo de ejecución del juicio de origen, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual en todo caso podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que se reclama en el caso. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe. Angélica

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