JOSÉ REYES DURÁN LÓPEZ y Otros.
Expediente 990/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- JOSÉ REYES DURÁN LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se autoriza devolución de documentos. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes el escrito signado José Reyes Durán López parte quejosa y, en atención a su contenido y al proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, devuélvase el documento que adjuntó a su demanda de amparo, previo recibo de su entrega en autos; asimismo, téngase como autorizado para tal efecto a la persona que indica en su ocurso. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquesele que deberá gestionar su cita en la fecha y hora disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Causa estado la determinación dictada en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se concedió la suspensión de plano. Y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que, de no hacerlo, en su momento tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
León, Guanajuato, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. I. Autoridad contesta requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaria de Salud e instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, a través del cual en atención a la vista dada en autos, refiere que: ". Atinente a la petición planteada por la parte quejosa a efecto de que le sea aplicada una tercera dosis del biológico, se informa que no es posible su aplicación; dado que la Secretaria de Salud Federal de acuerdo a la campaña de vacunación, ha manifestado que las personas que cuenten con un esquema completo de vacunas contra el virus SARS-CoV2 Covid-19, debe mediar un intervalo de seis meses después de haber recibido la última dosis. En el caso en concreto, el menor de edad de iniciales J.U.D.T. manifestó a este juzgado, bajo protesta de decir verdad, que la segunda dosis de la vacuna le fue aplicada el catorce de enero del año en curso. Por tanto, el tiempo transcurrido entre la última aplicación del biológico y la fecha del auto que se atiende, es evidente que existe un intervalo de un mes en que se completó el esquema de vacunación del menor. Razón por la cual, no puede ser atendida su petición para la inoculación de una tercera dosis del biológico." En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la autoridad oficiante, para los efectos legales conducentes. II. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante escrito recibido en este juzgado el veintiséis de enero pasado, José Reyes Durán López, progenitor del infante quejoso de iniciales J.U.D.T., refirió bajo protesta de decir verdad que el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno y catorce de enero de dos mil veintidós, el infante quejoso recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra COVID-19; manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto en el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR LA QUEJOSA EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)"; asimismo, del oficio de cuenta se advierte que el apoderado legal de la Secretaria de Salud e instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, manifestó que a la fecha no es posible aplicarle al niño quejoso la tercera dosis del biológico, en virtud de la temporalidad transcurrida entre la última aplicación de este; por tanto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En principio cabe precisar que el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión de la aplicación de la vacuna Covid-19 a su menor hijo, violentando en su perjuicio sus derechos humanos. Ahora bien, de lo manifestado por el progenitor del infante quejoso bajo protesta de decir verdad; se desprende que el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno y catorce de enero de dos mil veintidós, se le aplicaron la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus COVID-19. En atención a lo anterior, este Juzgado Federal considera que en la especie se actualiza, la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El citado artículo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Luego, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el aludido derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Analizado lo anterior, el presente juicio constitucional debe declararse improcedente, pues el acto impugnado consistente en la omisión de la aplicación de la vacuna Covid-19 a su menor hijo, violentando en su perjuicio sus derechos humanos, cesó en sus efectos. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, se concedió la suspensión de plano al menor de edad quejoso, al tenor de lo siguiente: "[.] Bajo esas premisas, toda vez que dicho actuar omisivo desde luego pone en riesgo la salud y hasta la vida del menor de edad quejoso, lo cual, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, con apoyo en los artículos 15, párrafo segundo, y 126 de la ley de la materia, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que las autoridades responsables tomen las medidas necesarias, con el ánimo de que se aplique a la menor de edad cuyo nombre consta en el expediente, la dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra el COVID-19, Pfizer-BioNTech, a que se refiere el comunicado 23/2021, emitido el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (cuyo contenido es de conocimiento general para la población); para lo cual deberán fijar lugar, fecha y hora para su aplicación, ya sea directamente por las propias autoridades responsables, o bien, por conducto de la autoridad que se encargue de la aplicación de las mismas, de acuerdo a la ubicación geográfica del domicilio del menor de edad quejoso. Asimismo, comuniquen a este órgano de control constitucional el lugar, fecha y hora de aplicación de las vacunas; quien a su vez lo hará saber oportunamente al progenitor del menor de edad quejoso, quien deberá acudir con él, en los términos que se le indiquen. La aplicación de la vacuna se llevará a cabo, siempre y cuando el progenitor manifieste bajo protesta de decir verdad, que no existe prescripción médica sobre algún impedimento físico o padecimiento del menor, que no permita la aplicación del biológico. [.]". Luego, el padre del menor de edad quejoso, informó que el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno y catorce de enero de dos mil veintidós, acudió a las instalaciones del Hospital conocido como Las Joyas de esta ciudad, a efecto de que le aplicaran la primera y segunda dosis del biológico a su menor hijo. Por tanto, en atención a que del libelo de amparo se aprecia que la parte solicitante de la acción constitucional se duele de la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus que causa la enfermedad del COVID-19, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad el progenitor del infante quejoso, que éste ya recibió las dos dosis contra el virus COVID-19. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme con la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es que dejó de existir, el catorce de enero de dos mil veintidós, fecha en que se les suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada. Por tanto, la omisión reclamada cesó en sus efectos, y por ello el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, déjese sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
León, Guanajuato; veintiocho de enero de dos mil veintidós. I. Se agrega escrito de la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por José Reyes Durán López, progenitor del infante quejoso de iniciales J.U.D.T., a través del cual refiere bajo protesta de decir verdad que el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en las instalaciones del Hospital conocido como de las Joyas de esta ciudad, se le aplicó la primera dosis de la vacuna a su hijo, sin la realización de la valoración médica que se le debía realizar, según señalado por la autoridad responsable; así como que el pasado catorce de enero de dos mil veintidós se le aplicó la segunda dosis en el mismo hospital, siendo su deseo que reciba la tercera dosis. En atención a lo anterior, comuníquese al promovente que la suspensión de plano concedida el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, fue respecto al esquema básico de dos vacunas, lo que constituyó el acto reclamado; esto es, la dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra el COVID-19, Pfizer-BioNTech, a que se refiere el comunicado 23/2021, emitido el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en los términos de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, siempre y cuando se contara con la opinión médica de un especialista en relación con su aplicación. En esa medida, atendiendo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID-19 en México(), la tercera dosis corresponde a un refuerzo que se está aplicando de manera estratégica a algunos grupos de población, por lo que de aplicarse podría provocar desabastecimiento de dosis para el resto de la población, incluso de aquellos que aún no reciben el esquema básico, el foco básico sigue siendo el aumento urgente de la cobertura de vacunación mundial del esquema básico con el objetivo de proteger contra la enfermedad grave; la introducción de dosis de refuerzo debe basarse firmemente en la evidencia y estar dirigida a los grupos de población más necesitados. Por lo que el Gobierno de México decidió aplicar una dosis de refuerzo a las personas después de al menos cuatro meses, de que hayan completado su esquema primario de vacunación. Dicha dosis de refuerzo, será con cualquiera de las vacunas con autorización para uso de emergencia en México de acuerdo con la disponibilidad, de grupos prioritarios de aplicación y priorización de distribución. Los grupos prioritarios de aplicación para la dosis de refuerzo homólogo o heterólogo, son: 1) personas adultas, mayores y personas de 18 años y más con inmunocompromiso; 2) personal de salud; 3) personas de 40 a 59 años; 4) personal educativo; 5) personas de 12 a 17 años con inmunocompromiso. Una vez concluido estos grupos prioritarios, se analizará la aplicación de dosis de refuerzo en personas de 14 a 39 años sin inmunocompromiso. Por lo anterior, no se provee de conformidad su petición. II. Diferimiento. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha; sin embargo, con el fin de dar oportunidad a que la quejosa se imponga de lo acordado, se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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