José Reynaldo De la Vega García
Expediente 883/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Reynaldo De la Vega García
Actuaciones
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.
- Principal
I. Promovente. Visto el escrito inicial de demanda de amparo promovido por José Reynaldo de la Vega García, por derecho propio, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial; fórmese el expediente físico y electrónico y regístrese bajo el número 883/2018. II. Desechamiento de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda es posible advertir que el promovente reclama el auto dictado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 1383/1999, relativo al juicio sumario civil promovido por José Reynaldo de la Vega García, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, que negó embargar un bien mueble propiedad del deudor Octavio Capaceta Pena. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente caso, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] De esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de autoridad judicial; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Previo a determinar la existencia o no de un medio ordinario de defensa, se impone precisar que según se desprende de las manifestaciones vertidas por el promovente, bajo protesta de decir verdad, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 1383/1999, relativo al juicio sumario civil del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, se negó embargar un bien mueble propiedad del deudor Octavio Capaceta Pena. En ese sentido, se impone conocer el contenido del artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa aplicable: 510. Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admite recurso. Si la resolución fuere de otra naturaleza, será procedente la apelación en efecto devolutivo. En tal circunstancia, si la ley que rige el acto que reclama el promovente del amparo prevé medio ordinario de defensa mediante el que puede obtener la reparación de las violaciones que estime cometidas en su contra y que tiene por efecto modificarlo o revocarlo, el promovente como parte en el juicio del que emana el auto reclamado previamente a la interposición del juicio de garantías debió agotar el medio de defensa que concede la ley ordinaria. Por ende, si la parte promovente reclama el auto dictado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 1383/1999, relativo al juicio sumario civil promovido por José Reynaldo de la Vega García, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, que negó embargar un bien mueble propiedad del deudor Octavio Capaceta Pena; respecto de lo cual procede el recurso de apelación previsto por la ley como medio ordinario de defensa, entonces el promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió haber recurrido la determinación reclamada mediante el referido medio de impugnación. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 160866, visible a página 810, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados a las personas que ahí señala en los términos que indica.
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