José Reynaldo De la Vega García

Expediente 1083/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1083/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • José Reynaldo De la Vega García

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado por este juzgado el doce de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, intégrese al expediente electrónico el aludido recurso y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito. Se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes realice la vinculación correspondiente, para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso tenga acceso a la totalidad de acuerdos y promociones que integran el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no se envían los originales del juicio de amparo en que se actúa, sin embargo, como está ordenado en párrafos supra, se realizó la debida vinculación del expediente electrónico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de queja esté en aptitud de su consulta. Virtud, este Juzgado a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, cesó la integración del expediente físico de las determinaciones judiciales y de las promociones recibidas de manera electrónica, de acuerdo a lo establecido por las fracciones III, VII y XII del numeral 3 y el artículo 253 del citado acuerdo, los cuales establecen: 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: [.] III. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. En caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. La persona servidora pública a quien corresponda iniciar el trámite en el órgano jurisdiccional de un asunto turnado por la OCC, deberá validar que la documentación recibida en formato impreso se haya digitalizado por parte del personal de dicha oficina mediante el uso de la FIREL para integrarla al expediente electrónico respectivo. Tratándose de promociones recibidas por escrito directamente en el órgano jurisdiccional, la digitalización deberá realizarse por parte del personal de la Oficialía de Partes; [...] VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor probatorio que los físicos; [.] XII. Los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. De igual forma, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe respectivo sobre la materia del recurso de queja interpuesto. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que da fe.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que remite la delegada de la responsable Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual refiere imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo, al ser diversa autoridad la competente para ello. Por tanto, del informe que remitió de cuenta, se advierte le reviste el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo al Titular de la División de Previsión y Control del Gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 197 de la Ley de Amparo, dispone: 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo. Por consiguiente, dado que el Titular de la División de Previsión y Control del Gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, es quien ha aplicado el descuento vía nomina reclamado; por tanto, se le tiene como autoridad vinculada al cumplimiento, virtud la intervención que realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1350, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 1003229, Quinta Época, Materias(s): Común, Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, página 1516, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad antes precisada para que dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles, posteriores a la notificación del presente proveído. En la inteligencia que el amparo y protección se concedió para el efecto de que: En las relatadas condiciones, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la Quejosa María Guadalupe Parra Torres, a efecto de que cesen los descuentos reclamados realizados a sus percepciones que recibe como jubilada; y se restituya los descuentos realizados. Se le apercibe que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. De la misma manera, se requiere para que una vez que reciba el oficio relativo al presente proveído, informe la fecha de su recepción, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar celeridad al asunto la información requerida deberá ser remitida vía telegráfica, al fax (667) 846-5792 o al correo electrónico oficial 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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