Jose Reynaldo de la Vega Garcia

Expediente 407/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
407/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2017

Partes del expediente

  • Jose Reynaldo de la Vega Garcia
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente de garantías, recurriera el auto de desechamiento dictado por este juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo y se ordenó al fedatario adscrito que notificara dicho acuerdo a la parte promovente por medios electrónicos, encomienda que tuvo lugar el uno de junio del año en curso. No obstante lo anterior, del análisis realizado al expediente electrónico deducido del sumario en que se actúa y de la constancia expedida por el sistema de seguimiento de expedientes (SISE) se aprecia que la síntesis generada del acuerdo en comentario no revela su contenido medular, no obstante que la misma se encuentra vinculada con dicha diligencia, aunado a que no se encontraban habilitadas las autorizaciones electrónicas para tal efecto. Bajo esas premisas y al ser evidente entonces que la notificación de trato no ha sido efectuada en los términos que la ley prevé para tal fin, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral segundo, se ordena regularizar el procedimiento con el único propósito de instruir al actuario de la adscripción con la finalidad de que realice la notificación por medios electrónicos del presente auto y del diverso de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, este último, en el que se desechó la demanda de amparo, por las razones torales siguientes: "En tales condiciones, una vez examinado el acto concreto de autoridad del que se dice afectado el impetrante, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual resulta imperativo su desechamiento. Los preceptos legales referidos son del tenor literal siguiente: Ley de Amparo en vigor. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." Como se desprende de la lectura de las porciones normativas transcritas, esta causa de improcedencia se refiere a aquellos actos que puedan clasificarse como de imposible reparación dentro de un juicio y, por ende, sea susceptible su cuestionamiento de constitucionalidad a través de la instancia de amparo. Ahora bien, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a). Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de resarcirse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la prerrogativa de que se trate. b). No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Para mejor comprensión de lo expuesto, conviene hacer una remisión al estudio abordado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, mismo en el que se pronunció sobre qué debe entenderse por actos de imposible reparación, en concreto, para determinar si en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad procede el amparo indirecto. La contradicción resolvió si de conformidad con el texto del artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, continúa o no siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En dicho análisis se explica que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al definir su propósito tanto en procedimientos judiciales y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, al sólo calificar como de imposible reparación a aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos. De manera que, las consecuencias de esos actos deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; así que por exclusión no se refieren a aquellas consecuencias que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, la que incluso, no necesariamente pudiera trascender al resultado del fallo. Asimismo, que el legislador secundario dispuso que para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso se presentan dos condiciones: i) la consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado de la sentencia definitiva y ii) en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, los cuales son antagónicos a aquellos derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales además, la afectación no es actual porque depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo. En este sentido, la Suprema Corte determina que ante la nueva connotación acotada por el legislador ordinario sobre qué debe entenderse por actos de imposible reparación, no continúa vigente la jurisprudencia cuyo rubro quedó transcrito en párrafos precedentes. En conclusión, los juicios de amparo iniciados conforme a la nueva Ley de Amparo deben prescindir de la mencionada jurisprudencia, debido a que en aquella ocasión se interpretó que la procedencia se originaba por la afectación predominante o superior sobre una cuestión procesal, lo cual es incompatible con la ley de la materia vigente. Para llegar a esa determinación el más Alto Tribunal del País realizó una interpretación teleológica de la nueva Ley de Amparo, sobre lo que legislador secundario entendió como propósito para la tramitación del juicio constitucional. La interpretación dice lo siguiente: "(.) En este contexto, uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios, tal como se explicó en el siguiente fragmento de la exposición de motivos que antecedió a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once: Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expedites, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias." Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. De esta forma, caracterizado el amparo contra actos de imposible reparación como una más de las bases constitucionales que deberían desarrollarse en la respectiva ley reglamentaria, puede concluirse que el Congreso de la Unión contaba con un determinado margen de libertad de configuración legislativa para hacer efectivo el derecho a reclamar en la vía indirecta ese tipo de determinaciones, con la única condición de que la promoción de estos juicios no hiciera nugatoria la regla general prevista en la misma fracción III del artículo 107 constitucional, en el sentido de que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, pues no debe perderse de vista que con esta obligación genérica lo que se quiso fue impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaran injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. Con lo anterior, si bien la Constitución Federal reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición excepcional y grave de que pudieran calificarse como de imposible reparación, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional, mandato que dejó plasmado en el artículo Segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 que señala: "El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto. (.)" De lo anterior se obtienen cuatro conclusiones: 1) El propósito del legislador es que el juicio de amparo sea más ágil. 2) Asimismo, pretende evitar que con el trámite indiscriminado de juicios de amparo se obstaculice la impartición de justicia común. 3) Busca concentrar dentro del juicio de amparo directo, todas las violaciones de naturaleza procesal que deseen plantearse de manera simultánea con la sentencia de fondo. 4) Por último, definió qué actos son de imposible reparación para la Ley de Amparo vigente. Sobre esto lo último, destaca el punto en que la Suprema Corte determina de manera expresa el que todos aquellos actos de naturaleza procesal quedan excluidos del concepto de imposible reparación y, por ende, están fuera de la procedencia del amparo indirecto. En otras palabras, la determinación de la Corte permite identificar qué actos reserva el legislador para considerar que es procedente el amparo indirecto, en concreto se habla de aquellos actos que afecten materialmente (de manera actual) derechos sustantivos (no adjetivos). De manera que, esta interpretación se considera aplicable también en aquellos casos en que se tenga que dilucidar si el acto reclamado es de aquellos considerados como de imposible reparación. En el caso, como quedó establecido, el promovente reclama la omisión por parte del juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, de diligenciar el exhorto que le fue girado mediante oficio ********************, folio ******************** número de documento ********************, deducido del juicio ordinario mercantil ******************** del índice interno del Juzgado Quincuagésimo Tercero de lo Civil, con asiento en la Ciudad de México, el cual, refiere, fue recibido por la autoridad señalada como responsable el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Luego, la determinación adoptada apreciada a la luz de los razonamientos jurídicos expuestos en párrafos precedentes, se sitúa de manera exacta en la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo en vigor, dado que la omisión atribuida al juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, versa sobre cuestiones de naturaleza estrictamente adjetiva y no trastoca, ni siquiera tangencialmente, prerrogativas sustantivas. Máxime que sobre la materia que rige el juicio del que deriva el acto reclamado, prevalece el principio de impulso procesal cuya carga corresponde a las partes contendientes. Surte puntual aplicación al caso concreto, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, el seis de mayo de dos mil dieciséis, con el número de registro 2011580 y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del día de la fecha en que esto se provee para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyos rubro y texto indican: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Como se aprecia en el criterio jurisprudencial recién transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estimó que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como: i) la falta de respuesta a una petición expresa o ii) de prosecución del trámite. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País estimó que, al margen de ello, existen dos únicos supuestos en los que, por excepción, el juicio de amparo indirecto sí es procedente contra actos violatorios de los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, a saber: i) que se esté en presencia de una abierta dilación del procedimiento o ii) de su paralización total. Luego, a fin de poner en relieve la causa de inejercitabilidad que de oficio se estima actualizada, resulta oportuno aplicar al conflicto de constitucionalidad planteado un test de procedencia a la luz de criterio del que se viene hablando. Así, en el caso se tiene que, acorde con los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el impetrante de garantías, no se está en presencia de un acto que evidencie una paralización total del procedimiento natural no obstante el impulso dado por el impetrante. Aunado a lo anterior, tampoco se está en las hipótesis de excepción que de manera limitativa previó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno la procedencia del juicio de amparo frente a actos de imperio como el que aquí nos ocupa; esto es, no se trata de una abierta dilación del procedimiento, en la medida en la que, como el propio impetrante asevera, la autoridad responsable recibió el exhorto cuya omisión de diligenciar le atribuye el diecinueve de los cursantes. Es oportuno citar el criterio sustentado en la tesis 2a. L/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1069, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." En tales condiciones, al no estarse en ninguna de las hipótesis de excepción, que se insiste, de manera limitativa se establecieron el criterio jurisprudencial en cita -de observancia obligatoria para quien esto provee-resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa IV del numeral 107 de la Ley de Amparo vigente, y por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías, por notoriamente improcedente." NOTIFÍQUESE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y CÚMPLASE. Así lo acordó y firma la licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, encargada del despacho por licencia académica autorizada al titular mediante oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha quince de junio del año en curso, mediante el cual en tales condiciones, al no estarse en ninguna de las hipótesis de excepción, que se insiste, de manera limitativa se establecieron el criterio jurisprudencial en cita -de observancia obligatoria para quien esto provee-resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa IV del numeral 107 de la Ley de Amparo vigente, y por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías, por notoriamente improcedente."

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida vía electrónica por José Reynaldo de la Vega García, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico, así también radíquense éstos con el número 407/2017.

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