José Raúl Rivera Madueño
Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Raúl Rivera Madueño
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron al proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Lo anterior, considerando que la parte quejosa y la autoridad responsable Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad; fueron notificadas el veinte de julio de dos mil veintidós, quedando comprendido dicho plazo del veintiuno de julio al cinco de agosto del año en curso, en el entendido de que el término para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
De conformidad con los artículos 126 y 117 de la Ley de Amparo, se tienen recibidos los oficios JCM/565/2022, sin número y JCM/577/2022, signado por el Coordinador de Jueces y Juez, ambos del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa y Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, a nombre propio y a nombre y representación del Secretario de Seguridad Pública Preventiva, ambos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden su informe relativo a la suspensión de plano e informe justificado. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, ténganse recibidas las documentales que exhibe las autoridades el Coordinador de Jueces y Juez, ambos del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el sumario en que se actúa, se advierte que el directo agraviado reclamó la incomunicación, detención y malos tratos de que fue objeto de las autoridades responsables Coordinador de Jueces y Juez, ambos del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa y Secretario de Seguridad Pública Preventiva, ambos con sede en esta ciudad. Luego entonces, si del contenido del informe que se recibe y las documentales aportadas, se obtiene que éste fue puesto en libertad a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de julio del año en curso, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada al directo agraviado, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de garantías, al haber cesado en sus efectos, lo que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el acto reclamado y que provoca que las posibles violaciones cometidas en éste deban estimarse consumadas. La causa de improcedencia prevista en la fracción anteriormente transcrita, denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él hayan dejado de existir y que por ese motivo -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aún y cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica de la impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página setenta y uno, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, como se anticipó, del análisis conjunto realizado al informe de la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables, así como de las constancias que allegaron a los mismos, se advierte que a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de los cursantes, concluyó el arresto administrativo que fue impuesto al quejoso, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada al directo agraviado; asimismo allegó la boleta de libertad con número de folio 488419; lo que, pone de manifiesto la cesación de efectos de dicho acto, ya que al haber sido puesto en libertad, hace que hayan cesado la incomunicación y detención de las que refirió ser objeto, y se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que hubieren existido antes de éste. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1004, visible en la página seiscientos veintinueve, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, parte HO, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la misma ley. Por tanto, y al ser patente que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procede entonces decretar el sobreseimiento en el presente sumario, dejándose sin efectos las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase saber a las partes que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que respecta a los delegados y domicilio señalados por la autoridad responsable Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, a nombre propio y a nombre y representación del Secretario de Seguridad Pública Preventiva, con sede en esta ciudad se deberá estar a lo acordado en auto de quince de los cursantes, en el que se proveyó al respecto.
- Principal
Vista la razón levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que el directo quejoso José Raúl Rivera Madueño, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por María Esther Madueño Arce; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo, misma que se ordena proseguir en todos sus trámites. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la apertura del incidente de suspensión, en virtud de que mediante proveído de catorce de julio del año en curso se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, las responsables al rendir su informe justificado, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar las responsables un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirá en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que pueden remitir el informe que les fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, previa confirmación del mismo con el secretario de guardia. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO INTERESADO De momento no se advierte su existencia. INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3°, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 y los diversos que regulan su vigencia. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por María Esther Madueño Arce, en favor de José Raúl Rivera Madueño, contra actos del Secretario de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 592/2022. Presentación de la demanda de amparo Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE TIENE PRESENTADA LA DEMANDA EN SUS TÉRMINOS, en la inteligencia que una vez que los directos agraviados, en su caso, la ratifiquen, se proseguirá con el trámite del juicio conforme a lo establecido en el numeral 15 del propio ordenamiento legal. Notificaciones en materia penal Dada la naturaleza de los actos de autoridad que constituyen la materia de reclamo en el presente juicio instrúyase al actuario de la adscripción para que la práctica de las notificaciones que se ordenen durante la tramitación de este asunto se ajusten al plazo previsto por el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. Estudio del escrito inicial de demanda Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Del capítulo de antecedentes se advierte que reclama un ataque a la libertad personal de José Raúl Rivera Madueño, fuera de procedimiento, malos tratos, incomunicación, posible privación de la vida y tormentos. 3. Que el directo agraviado se encuentra detenido en las instalaciones de Seguridad Pública. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento, malos tratos, incomunicación, posible privación de la vida y tormentos de la que podría ser objeto el directo agraviado; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, por lo que las autoridades responsables deberán suspender inmediatamente su ejecución. En esa tesitura, de encontrarse José Raúl Rivera Madueño, en calidad de detenido en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención, (i) poniéndolo en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que este último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlos en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si su detención deriva de un acto emitido en un proceso penal y/o ejecución de pena de prisión, la suspensión únicamente tendrá por efecto que cese la incomunicación, los malos tratos, tormentos y posible privación de la vida en caso de que existan. Solicitud de informe de suspensión de plano Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en las Instalaciones de Seguridad Pública, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, les requiera para que manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda presentada en su favor, o bien, lo hagan por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Del mismo modo, el diligenciario judicial deberá dar fe del estado físico del directo agraviado y, de ser el caso, permitirle que expongan las manifestaciones que estime pertinentes en torno al posible ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos, incomunicación, posible privación de la vida y tormentos del que pudiera haber sido objeto por parte de las autoridades señaladas como responsables. En la inteligencia de que en caso de no encontrar a José Raúl Rivera Madueño, en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. Delegados y domicilio de las autoridades responsables Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Obligación de recibir oficios Se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento en que se emite el presente proveído, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Notificaciones a las autoridades responsables Se les hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Denominación de las autoridades responsables Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsables que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO" Domicilio Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en Avenida Miguel Alemán, número 404, colonia Centro en esta ciudad, y como su autorizado únicamente para recibir la suspensión del acto reclamado a Gustavo Guzmán Loera y Yesenia Guerrero Martínez. Uso de medios electrónicos Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Autorización de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Devolución de documentos Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Le y de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal, para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Integración del expediente electrónico Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realizar. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con los numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, dígase a las partes, que los autos y la sentencia que se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva o cualquier auto dictado en el expediente se publique sin supresión de datos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- José Ramón Rodríguez Castro388/2020
- José Ramón Zamudio Muñoz772/2018
- José Ramón Zatarain González384/2014
- José Raúl Gómez Lugo780/2015
- José Raúl Lizárraga Vega365/2023
- Josè RaùL Lizarraga Vega762/2022
- José Raymundo Sánchez Beltrán381/2019
- José Refugio Tapia Rascón839/2015
- Jose Reynaldo de la Vega Garcia407/2017
- Jose Reynaldo de la Vega Garcia376/2019
- José Reynaldo de la Vega García353/2014
- José Ricardo Hernández Vázquez637/2022