Jose Rene Jimenez Peniche

Expediente 1190/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1190/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
24/01/2018

Partes del expediente

  • Jose Rene Jimenez Peniche
  • Jose Manuel Perez Formoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de once de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a ambas partes por medio de la lista de estrados, siendo la última publicación, el diecisiete de enero en curso; por su parte, el quejoso presentó un escrito el dieciséis de los corrientes, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, con el que desahogó la vista del cumplimiento de la autoridad responsable que se le dio. Ahora bien, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones de la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa 280/4a/2014, y dictara otra siguiendo la puntualización de la sentencia de amparo, ordenando al órgano investigador proceder conforme a ella; sin perjuicio que posteriormente, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación respecto al ejercicio o no de la acción penal. Por auto de tres de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio de nueve de enero del año que transcurre (foja 76), informó que dictó un nuevo acuerdo el ocho de los corrientes, por medio del cual dejó sin efecto la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 280/4a/2014. Asimismo, ordenó al Agente Investigador de la Agencia Cuarta del Ministerio Público, como órgano investigador competente, que procediera a dar vista al aquí quejoso con el dictamen pericial grafoscópico número 50/2017, para que en uso de sus derechos designara un perito en la materia, o en su caso, manifestara lo que estimara conveniente. Además de que en uso de sus facultades y obligaciones, practicara las diligencias necesarias en la averiguación previa de referencia para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente la determinación de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y dictar otra siguiendo la puntualización de la sentencia de amparo, ordenando al órgano investigador proceder conforme a ella, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones a las que se contrae el quejoso en su escrito relacionado mediante proveído de dieciocho de enero del año curso, en el sentido que se conceda a la autoridad responsable la prórroga que solicitó a fin de poder dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Toda vez que el haberse ordenado por auto de once de los corrientes el dar vista a las partes de lo informado por la autoridad responsable, obedeció a que de las constancias remitidas, que ya fueron analizadas en líneas precedentes, se advertía que se cumplía con el núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Esto es así, porque en la ejecutoria correspondiente no se impuso a dicha autoridad la obligación de dictar una nueva resolución, sino que únicamente se le indicó que podría hacerlo con libertad de jurisdicción en el momento procesal oportuno, por lo que es inconcuso que la nueva resolución que se emitiera en la indagatoria no está comprendida dentro de las conductas y actuaciones que la referida autoridad responsable debía desplegar para dar cumplimiento al fallo protector; de ahí que no podría ser materia de análisis al resolver sobre éste. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción V, del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas de las constancias que integran la averiguación previa número 280/4a/2014, que el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de once de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a ambas partes por medio de la lista de estrados, siendo la última publicación, el diecisiete de enero en curso; por su parte, el quejoso presentó un escrito el dieciséis de los corrientes, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, con el que desahogó la vista del cumplimiento de la autoridad responsable que se le dio. Ahora bien, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones de la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa 280/4a/2014, y dictara otra siguiendo la puntualización de la sentencia de amparo, ordenando al órgano investigador proceder conforme a ella; sin perjuicio que posteriormente, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación respecto al ejercicio o no de la acción penal. Por auto de tres de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio de nueve de enero del año que transcurre (foja 76), informó que dictó un nuevo acuerdo el ocho de los corrientes, por medio del cual dejó sin efecto la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 280/4a/2014. Asimismo, ordenó al Agente Investigador de la Agencia Cuarta del Ministerio Público, como órgano investigador competente, que procediera a dar vista al aquí quejoso con el dictamen pericial grafoscópico número 50/2017, para que en uso de sus derechos designara un perito en la materia, o en su caso, manifestara lo que estimara conveniente. Además de que en uso de sus facultades y obligaciones, practicara las diligencias necesarias en la averiguación previa de referencia para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente la determinación de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y dictar otra siguiendo la puntualización de la sentencia de amparo, ordenando al órgano investigador proceder conforme a ella, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones a las que se contrae el quejoso en su escrito relacionado mediante proveído de dieciocho de enero del año curso, en el sentido que se conceda a la autoridad responsable la prórroga que solicitó a fin de poder dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Toda vez que el haberse ordenado por auto de once de los corrientes el dar vista a las partes de lo informado por la autoridad responsable, obedeció a que de las constancias remitidas, que ya fueron analizadas en líneas precedentes, se advertía que se cumplía con el núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Esto es así, porque en la ejecutoria correspondiente no se impuso a dicha autoridad la obligación de dictar una nueva resolución, sino que únicamente se le indicó que podría hacerlo con libertad de jurisdicción en el momento procesal oportuno, por lo que es inconcuso que la nueva resolución que se emitiera en la indagatoria no está comprendida dentro de las conductas y actuaciones que la referida autoridad responsable debía desplegar para dar cumplimiento al fallo protector; de ahí que no podría ser materia de análisis al resolver sobre éste. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción V, del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas de las constancias que integran la averiguación previa número 280/4a/2014, que el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase. se notifica al tercero interesado de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de once de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a ambas partes por medio de la lista de estrados, siendo la última publicación, el diecisiete de enero en curso; por su parte, el quejoso presentó un escrito el dieciséis de los corrientes, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, con el que desahogó la vista del cumplimiento de la autoridad responsable que se le dio. Ahora bien, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones de la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa 280/4a/2014, y dictara otra siguiendo la puntualización de la sentencia de amparo, ordenando al órgano investigador proceder conforme a ella; sin perjuicio que posteriormente, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación respecto al ejercicio o no de la acción penal. Por auto de tres de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio de nueve de enero del año que transcurre (foja 76), informó que dictó un nuevo acuerdo el ocho de los corrientes, por medio del cual dejó sin efecto la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 280/4a/2014. Asimismo, ordenó al Agente Investigador de la Agencia Cuarta del Ministerio Público, como órgano investigador competente, que procediera a dar vista al aquí quejoso con el dictamen pericial grafoscópico número 50/2017, para que en uso de sus derechos designara un perito en la materia, o en su caso, manifestara lo que estimara conveniente. Además de que en uso de sus facultades y obligaciones, practicara las diligencias necesarias en la averiguación previa de referencia para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente la determinación de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y dictar otra siguiendo la puntualización de la sentencia de amparo, ordenando al órgano investigador proceder conforme a ella, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones a las que se contrae el quejoso en su escrito relacionado mediante proveído de dieciocho de enero del año curso, en el sentido que se conceda a la autoridad responsable la prórroga que solicitó a fin de poder dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Toda vez que el haberse ordenado por auto de once de los corrientes el dar vista a las partes de lo informado por la autoridad responsable, obedeció a que de las constancias remitidas, que ya fueron analizadas en líneas precedentes, se advertía que se cumplía con el núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Esto es así, porque en la ejecutoria correspondiente no se impuso a dicha autoridad la obligación de dictar una nueva resolución, sino que únicamente se le indicó que podría hacerlo con libertad de jurisdicción en el momento procesal oportuno, por lo que es inconcuso que la nueva resolución que se emitiera en la indagatoria no está comprendida dentro de las conductas y actuaciones que la referida autoridad responsable debía desplegar para dar cumplimiento al fallo protector; de ahí que no podría ser materia de análisis al resolver sobre éste. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción V, del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas de las constancias que integran la averiguación previa número 280/4a/2014, que el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese al presente expediente el escrito signado por el quejoso + + + +, con el que desahoga la vista que se le dio mediante proveído de once de enero del año en curso, en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, resérvese dicho escrito para ser valorado y tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase.

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