Jose Rene Couoh Pacheco
Expediente 1421/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1421/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Rene Couoh Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio número 997, por el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de uno de febrero del presente año, pronunciada en el toca 147/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso *****, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós; al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José *****, contra el acto y autoridad preciados en el resultado primero de esta ejecutoria". Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; asimismo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la citada. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese al presente cuaderno de antecedentes, el oficio número 2887 remitido vía interconexión por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia pronunciada en el presente asunto, quedando registrado con el toca A.R. 147/2022. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, de la misiva de cuenta se desprende que la Superioridad solicita a este Juzgado Federal, se remita el anexo al que se hizo referencia en el oficio con el que se le remitió el medio de impugnación de que se trata. Al respecto, hágase del conocimiento del Tribunal oficiante que de una revisión del expediente electrónico del que deriva el recurso de revisión que nos ocupa, se advierte que las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se encuentran integradas en su totalidad al cuaderno principal que le fuera remitido para la sustanciación del recurso de revisión de que se trata. De ahí que no exista anexo alguno que se encuentre pendiente de remitir a la Superioridad en cita, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintidós. En atención a que el quejoso José René Couoh Pacheco, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, firmada el veintiséis de enero del año en curso; al respecto, SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse sendas copias del mismo entre las partes que lo son la autoridad responsable, la parte tercero interesada y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Una vez hecho lo anterior, envíese el original del aludido escrito de expresión de agravios, junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del escrito de agravios. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1421/2021-VI-A, promovido por JOSÉ RENÉ COUOH PACHECO, contra el acto que reclama del Juez Mixto Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por oficio 19826/2021 presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta Entidad, turnó en esa propia fecha a este órgano jurisdiccional, copia certificada de las constancias relativas al diverso juicio de amparo 819/2021-III-B del índice de este órgano jurisdiccional. Ello, en virtud de lo ordenado en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictado en autos del referido juicio, en el que se desechó el escrito de ampliación de demanda instado por el citado impetrante del amparo; por lo que, a fin de salvaguardar sus derechos, se ordenó remitir a la referida Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de las constancias conducentes y del escrito de ampliación, a fin de que se procediera a su registro como una nueva demanda. SEGUNDO. En consecuencia, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se registró el presente juicio constitucional 1421/2021-VI-A, y este Juzgado Federal se avocó al conocimiento de la demanda de que se trata. En ese sentido, se tuvo a JOSÉ RENÉ COUOH PACHECO, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Juez Mixto Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, que hizo consistir en: Los autos emitidos el diez y veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario familiar 73/2018. Asimismo, por los motivos ahí expuestos, se desechó parcialmente la demanda de que se trata, por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario familiar 73/2018. Por otro lado, se admitió a trámite la misma, respecto al proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, pronunciado en el referido procedimiento familiar de origen; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa JOSÉ RENÉ COUOH PACHECO, fundamentalmente, en: El acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario familiar 73/2018. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia; lo que además, se corrobora con las copias certificadas que acompañó al mismo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, respecto al acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, es de precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [ .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De la literalidad del precepto legal transcrito se desprende que, salvo las excepciones que ahí se indican, el juicio de amparo es improcedente cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior contiene de modo implícito, el principio de definitividad, que no es otra cosa, que la obligación de agotar el recurso ordinario que proceda antes de promover el juicio de amparo; que acorde a lo que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Así, en tal ejecutoria, también se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Refirió que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tribunales internacionales de derechos humanos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ello, en atención al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores son derechos fundamentales a favor de los gobernados. De acuerdo con lo anterior, la aludida Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del proveído dictado por la autoridad responsable, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen lo siguiente: "CAPÍTULO I Disposiciones Generales Impugnación de resoluciones. Recursos Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Irrenunciabilidad de recursos Artículo 422. Los recursos no son renunciables. CAPÍTULO II De la revocación Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Procedencia de la revocación en la audiencia Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Interposición de la revocación fuera de audiencia Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Irrecurribilidad de la revocación Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. CAPÍTULO III De la apelación Objeto de la apelación Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Procedencia de la apelación Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige el procedimiento en los juicios del orden familiar, como aquel del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de dichos numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y en contra de las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se desprende que contra el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva. Esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud de que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Tiene aplicación la tesis XIX.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como lo que informa la jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, tesis I.4o.C. J/10, en la página 940 del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea aplicable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad." Además, debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio. Ello, pues del contenido del acto reclamado dictado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emitido en autos del juicio ordinario familiar 73/2018 de origen, se desprende que la autoridad responsable, esencialmente, tuvo por recibidos los memoriales presentados por el ahora impetrante del amparo, en las fechas ahí señaladas, indicándole que, atendiendo a su contenido, debería estarse a lo acordado en diverso proveído de diez del referido mes y año; asimismo, solicitó diversos informes a la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán. En ese sentido, en los términos apuntados, dicho auto no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la parte quejosa es persona extraña al procedimiento, ya que, tal como se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se trata de la parte actora. Además de que la ley es muy clara en precisar la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. Aunado a lo anterior, tampoco es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." Lo anterior, por las razones siguientes: De la lectura de la demanda de amparo, no se advierte que el quejoso alegue que la ejecución del acto reclamado, pueda ocasionar en los menores un estado de vulnerabilidad. Además de ello, se trata de un acto consumado que no tiene efectos positivos, por lo que la suspensión sería improcedente, por lo que en este caso, el recurso de revocación sí es el medio idóneo para lograr su modificación. Aunado a lo anterior, la resolución por sí misma, no coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad que haga necesaria la determinación de la suspensión del mismo y, por tanto, la intervención de la autoridad federal con el fin de alejarlos del mismo a fin de salvaguardar su integridad, ya que la litis sobre la que versa el acto impugnado, no trae consigo de manera directa un cambio o modificación en la situación jurídica actual de los menores involucrados en el controvertido de origen, que es lo que en todo caso pudiese ocasionarles afectaciones que requerirían la intervención de la autoridad federal. De ahí que la citada jurisprudencia no es aplicable al particular, pues se insiste, la determinación reclamada no tiene esas características que pudiesen ocasionar un perjuicio en los menores. Además de lo anterior, debe decirse que el quejoso promueve por propio derecho la demanda, y al respecto el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en su ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, al resolver la queja 68/2021, sostuvo que era obligación del quejoso agotar el recurso de revocación en contra de la determinación de la Juez de lo Familiar, en virtud de que el amparo lo promovió por propio derecho y no en representación de los menores, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción del principio de definitividad; tal y como sucede en la especie, ya que el quejoso promueve únicamente por su propio y personal derecho. En ese orden de ideas, en contra del acuerdo reclamado dictado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 73/2018, procedía el recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia; situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por JOSÉ RENÉ COUOH PACHECO, en contra del acto atribuido al Juez Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese en términos de ley.
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