José René Canizal Cruz

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • José René Canizal Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por********************, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado, este asunto no es de relevancia documental, toda vez que no encuadra en ninguna de las hipótesis del Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues se trata de un juicio de amparo en que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el segundo párrafo del artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser destruido y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del segundo párrafo del artículo 31 del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    Radicación de demanda Vista la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número I-675/2020, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, revela que el acto reclamado por el promovente de amparo es el siguiente: Auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual las responsables determinaron no tener al quejoso por contestando la demanda dentro del medio preparatorio sobre rendición de cuentas de bienes ajenos número 302/2020. Improcedencia Determinado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, manifiesta e indudable, por lo que se realizará el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Precisado esto último, debe señalarse que este órgano de control constitucional estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, los cuales disponen 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley 107. El amparo indirecto procede IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y En efecto, la invocada disposición imperativa de la fracción XXIII a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la constitución federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia Ahora, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber I. Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia y III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido Sin embargo, la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios connaturales que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste], reglas que derivan de la interpretación constitucional que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de las distintas etapas históricas del Semanario Judicial de la Federación De manera particular, por lo que ve a los actos de autoridad que se ubican antes de iniciado un juicio, como ocurre en el presente caso en que se impugna una determinación dictada por el juez de primera instancia que tiene por no contestada la demanda en un procedimiento de medios preparatorios a juicio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, consideró que tratándose de actos fuera de juicio o después de concluido que se dicten dentro de un procedimiento o trámite secuencial, el amparo sólo procederá contra la resolución que le ponga fin y, siempre que se afecten los intereses del particular quejoso, por lo cual es conveniente invocar el extracto siguiente Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general, algunas de las cuales han quedado transcritas al inicio de este considerando y a las que conviene agregar la prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual dispone Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia-El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquélla con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal-Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción II), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin-De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución finalResulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución definitiva que autoriza o niega la venta de la prenda En esa línea de pensamiento, como es apreciable en el texto transcrito, si bien los actos dictados fuera o después de concluidos el juicio representan una hipótesis de procedencia para el amparo indirecto, lo cierto es que cuando dichos actos tengan un procedimiento o trámite secuencial, (como por ejemplo, las diligencias de jurisdicción voluntaria, los medios preparatorios a juicio o las planillas de liquidación) deben atenderse a la regla general de procedencia del juicio de derechos humanos, a saber, que sólo procede contra la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate Sobre la procedencia del juicio de amparo contra los actos surgidos fuera de juicio, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad La hipótesis de procedencia antes citada deriva de una regla general que, a su vez, deriva del origen connatural del juicio de amparo, el cual se concibe como un medio extraordinario de defensa que, por regla general, tiene la categoría de instancia terminal y, por ello, su procedencia se encuentra supeditada a que se haga valer contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo Sin embargo, la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, como medio de protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, permite la posibilidad de combatir a través de dicha instancia, de forma autónoma o destacada, aquellos actos aislados ocurridos en el inter del procedimiento que sean de imposible reparación, esto es, que por su sola naturaleza violen de manera directa a alguno de estos derechos sustantivos Lo anterior, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94 citada en líneas precedentes y que se reiteró en la diversa ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2015/2009, donde realizó una interpretación de las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde a las fracciones IV y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y que se refieren a la hipótesis de procedencia del juicio de derechos humanos contra actos jurisdiccionales emitidos fuera de juicio o después de concluido; consideraciones que se transcriben a continuación Paralelamente, el amparo se sigue admitiendo contra actos emitidos por autoridades distintas a las judiciales, lo cual es connatural a su originaria concepción. En esta materia, y ante el surgimiento de los procedimientos administrativos, no resulta extraño que se establezca para ellos una regla análoga a la creada para el amparo directo, que hoy se consagra en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo: el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda Analizado de esta manera, es sencillo desentrañar el sentido de la fracción III del precepto en comento, que reglamenta lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Si los actos emanados de un Juez, dentro de juicio, son susceptibles de análisis constitucional a través del amparo, con mayor razón lo son los actos que el Juez emita fuera de juicio, o después de concluido el mismo. Si se trata de un acto aislado, resulta casi reiterativa la norma, pues lo único que distingue a dichos actos de cualquier otro acto de autoridad, es que son emitidos por una autoridad judicial. El problema surge, una vez más, tratándose de una concatenación de actos, que configuran un procedimiento, pues en esos casos, cobrará aplicación nuevamente una regla análoga a la concebida para el amparo directo, según la cual, únicamente debe señalarse como acto reclamado la última resolución y, por su conducto, vía conceptos de violación, podrá plantearse la inconstitucionalidad de actos intermedios, siempre que hayan dejado indefenso al impetrante Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio, que afecten garantías individuales de tal manera, que de esperar a que concluya el juicio, la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, esto es, señalándose dichos actos como reclamados, sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Este amparo se plantea ya no ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino ante un Juez de Distrito, esto es, se trata de un juicio de amparo biinstancial o indirecto En el caso que nos ocupa, el acto reclamado no se trata de la última determinación dictada en el procedimiento de medios preparatorios sobre rendición de cuentas de bienes ajenos número 302/2020, del índice de la responsable, sino que la misma se trata de una determinación intermedia Del mismo modo, la determinación intermedia impugnada no se trata de un acto que por sí mismo viole derechos sustantivos y que por tal motivo deba analizarse su constitucionalidad de forma extraordinaria a través del juicio de amparo indirecto. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, se toma en consideración lo manifestado, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en el capítulo de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado de la demanda de amparo, pues de ellos se obtiene lo siguiente: - El cinco de agosto de dos mil veinte, Antonio Canizal Ramírez y Cynthia Canizal Jiménez, presentaron escrito promoviendo juicio ordinario civil sobre rendición de cuentas y medios preparatorios en contra del aquí quejoso, del cual le correspondió conocer al Juez Mixto Civil de Zinapécuaro, Michoacán, registrándose bajo el número 302/2020 El diez de agosto de dos mil veinte, las responsables dictaron acuerdo mediante el cual se le tuvieron a la parte actora, por promoviendo medio preparatorio sobre rendición de cuentas en contra del aquí quejoso, y le requirieron a este último para que dentro del término de quince días presentara su cuenta de administración. Luego, el quejoso, sin precisar la fecha, sostiene que dio contestación a la demanda, recayendo a dicho escrito un auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el que se determina que no ha lugar a tenerlo por contestando demanda toda vez que dicha actuación procesal no le fue requerida; como consecuencia de ello, se requirió a la parte promovente para que en el término de quince días formulara su cuenta de administración. El auto de veintiocho de septiembre antes citado es el que constituye el acto reclamado De la anterior relatoría, se advierte que el acto reclamado es emitido en un momento anterior al inicio de un juicio, en virtud de que se reclama la determinación dictada dentro de unos medios preparatorios a juicio en los que se dijo al quejoso que no había lugar a tenerle por contestando demanda ya que no se le había requerido para tal efecto; determinación que no se trata de un acto de imposible reparación que por sí mismo viole derechos sustantivos tales como la libertad, la integridad personal, la vida, la salud, etcétera Esto se explica, toda vez que dicha determinación únicamente tiene como consecuencia que no se le tenga al directo quejoso por contestando la demanda y, en su lugar, se le tenga por perdida su oportunidad de rendir la cuenta que le fue requerida, trayendo como consecuencia que la misma sea rendida por la parte promovente. Lo anterior revela que las violaciones aducidas por el quejoso con motivo del acto reclamado trascienden en su esfera de derechos estrictamente procesales, ya que el acto reclamado le declara precluido un derecho que le fue otorgado al inicio del procedimiento de medios preparatorios a juicio y, del mismo modo, le tiene por no contestando la demanda al considerar la responsable que esa actuación no se le había requerido; sin que dicha determinación afecte de manera directa e inmediata un derecho sustantivo como la vida, la propiedad, la libertad, la salud, etcétera, siendo estos derechos los que se tutelan a través del juicio de amparo indirecto. Juicio en el que, como ha quedado establecido se encuentra destinado para conocer de actos dictados antes de iniciar el juicio que afecten de manera directa derechos sustantivos y no derechos adjetivos o procesales como ocurre en el presente caso. Estimar procedente el presente asunto implicaría que contra todo tipo de determinación que se dicte en forma previa a iniciar un juicio sea procedente el amparo indirecto, lo cual sería contrario a su naturaleza de medios de defensa extraordinario, tal como quedó establecido en la contradicción de tesis 377/2013, en dónde el Pleno del Máximo Tribunal determinó Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios De lo resuelto en la ejecutoria antes transcrita, resulta importante hacer énfasis en los siguientes puntos Que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no existía alguna disposición que definiera la descripción normativa de lo que debía entenderse por "actos de imposible reparación lo cual, en consecuencia, generaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera la que determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables Que una de las razones que dio origen a la última reforma al artículo 107 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once fue la necesidad de implementar una estructura más ágil del juicio de amparo y concentrar a través de la vía directa el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles Que una de las bases constitucionales que debía reglamentarse en la legislación secundaria, lo era precisamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación; aspecto que finalmente fue abordado por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, con la única condicionante de no hacer nugatoria la regla general prevista en la fracción III, del artículo 107 constitucional, en la que existe la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento Que con la definición del concepto de actos de "imposible reparación", bajo el nuevo régimen de procedencia del juicio de amparo, el legislador proporciona mayor seguridad jurídica al gobernado al establecer finalmente las condiciones necesarias para la promoción del juicio y Que en la actualidad la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente, a diferencia de los de naturaleza formal o adjetiva, en la que la afectación no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, para que proceda este medio de defensa ordinario, la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente y no probable o incierta. Pues, a decir del Alto Tribunal de la Nación, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente de modo tal que se impida su ejercicio, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de la promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución que dé por concluido el procedimiento. Por tal motivo, no sería procedente admitir a trámite la demanda de amparo. Desechamiento En esas condiciones, al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXII, XXIII de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por * Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 10a de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Así como la tesis número III.4o.(III región 14 K (10a sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando para tal efecto a las persona que indica, en el entendido que únicamente gozarán de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas que cuenten con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Anotaciones Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Radicación de demanda Vista la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número I-675/2020, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, revela que el acto reclamado por el promovente de amparo es el siguiente: Auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual las responsables determinaron no tener al quejoso por contestando la demanda dentro del medio preparatorio sobre rendición de cuentas de bienes ajenos número 302/2020. Improcedencia Determinado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, manifiesta e indudable, por lo que se realizará el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Precisado esto último, debe señalarse que este órgano de control constitucional estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, los cuales disponen 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley 107. El amparo indirecto procede IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y En efecto, la invocada disposición imperativa de la fracción XXIII a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la constitución federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia Ahora, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber I. Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia y III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido Sin embargo, la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios connaturales que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste], reglas que derivan de la interpretación constitucional que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de las distintas etapas históricas del Semanario Judicial de la Federación De manera particular, por lo que ve a los actos de autoridad que se ubican antes de iniciado un juicio, como ocurre en el presente caso en que se impugna una determinación dictada por el juez de primera instancia que tiene por no contestada la demanda en un procedimiento de medios preparatorios a juicio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, consideró que tratándose de actos fuera de juicio o después de concluido que se dicten dentro de un procedimiento o trámite secuencial, el amparo sólo procederá contra la resolución que le ponga fin y, siempre que se afecten los intereses del particular quejoso, por lo cual es conveniente invocar el extracto siguiente Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general, algunas de las cuales han quedado transcritas al inicio de este considerando y a las que conviene agregar la prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual dispone Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia-El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquélla con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal-Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción II), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin-De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución finalResulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución definitiva que autoriza o niega la venta de la prenda En esa línea de pensamiento, como es apreciable en el texto transcrito, si bien los actos dictados fuera o después de concluidos el juicio representan una hipótesis de procedencia para el amparo indirecto, lo cierto es que cuando dichos actos tengan un procedimiento o trámite secuencial, (como por ejemplo, las diligencias de jurisdicción voluntaria, los medios preparatorios a juicio o las planillas de liquidación) deben atenderse a la regla general de procedencia del juicio de derechos humanos, a saber, que sólo procede contra la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate Sobre la procedencia del juicio de amparo contra los actos surgidos fuera de juicio, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad La hipótesis de procedencia antes citada deriva de una regla general que, a su vez, deriva del origen connatural del juicio de amparo, el cual se concibe como un medio extraordinario de defensa que, por regla general, tiene la categoría de instancia terminal y, por ello, su procedencia se encuentra supeditada a que se haga valer contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo Sin embargo, la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, como medio de protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, permite la posibilidad de combatir a través de dicha instancia, de forma autónoma o destacada, aquellos actos aislados ocurridos en el inter del procedimiento que sean de imposible reparación, esto es, que por su sola naturaleza violen de manera directa a alguno de estos derechos sustantivos Lo anterior, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94 citada en líneas precedentes y que se reiteró en la diversa ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2015/2009, donde realizó una interpretación de las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde a las fracciones IV y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y que se refieren a la hipótesis de procedencia del juicio de derechos humanos contra actos jurisdiccionales emitidos fuera de juicio o después de concluido; consideraciones que se transcriben a continuación Paralelamente, el amparo se sigue admitiendo contra actos emitidos por autoridades distintas a las judiciales, lo cual es connatural a su originaria concepción. En esta materia, y ante el surgimiento de los procedimientos administrativos, no resulta extraño que se establezca para ellos una regla análoga a la creada para el amparo directo, que hoy se consagra en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo: el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda Analizado de esta manera, es sencillo desentrañar el sentido de la fracción III del precepto en comento, que reglamenta lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Si los actos emanados de un Juez, dentro de juicio, son susceptibles de análisis constitucional a través del amparo, con mayor razón lo son los actos que el Juez emita fuera de juicio, o después de concluido el mismo. Si se trata de un acto aislado, resulta casi reiterativa la norma, pues lo único que distingue a dichos actos de cualquier otro acto de autoridad, es que son emitidos por una autoridad judicial. El problema surge, una vez más, tratándose de una concatenación de actos, que configuran un procedimiento, pues en esos casos, cobrará aplicación nuevamente una regla análoga a la concebida para el amparo directo, según la cual, únicamente debe señalarse como acto reclamado la última resolución y, por su conducto, vía conceptos de violación, podrá plantearse la inconstitucionalidad de actos intermedios, siempre que hayan dejado indefenso al impetrante Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio, que afecten garantías individuales de tal manera, que de esperar a que concluya el juicio, la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, esto es, señalándose dichos actos como reclamados, sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Este amparo se plantea ya no ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino ante un Juez de Distrito, esto es, se trata de un juicio de amparo biinstancial o indirecto En el caso que nos ocupa, el acto reclamado no se trata de la última determinación dictada en el procedimiento de medios preparatorios sobre rendición de cuentas de bienes ajenos número 302/2020, del índice de la responsable, sino que la misma se trata de una determinación intermedia Del mismo modo, la determinación intermedia impugnada no se trata de un acto que por sí mismo viole derechos sustantivos y que por tal motivo deba analizarse su constitucionalidad de forma extraordinaria a través del juicio de amparo indirecto. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, se toma en consideración lo manifestado, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en el capítulo de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado de la demanda de amparo, pues de ellos se obtiene lo siguiente: - El cinco de agosto de dos mil veinte, Antonio Canizal Ramírez y Cynthia Canizal Jiménez, presentaron escrito promoviendo juicio ordinario civil sobre rendición de cuentas y medios preparatorios en contra del aquí quejoso, del cual le correspondió conocer al Juez Mixto Civil de Zinapécuaro, Michoacán, registrándose bajo el número 302/2020 El diez de agosto de dos mil veinte, las responsables dictaron acuerdo mediante el cual se le tuvieron a la parte actora, por promoviendo medio preparatorio sobre rendición de cuentas en contra del aquí quejoso, y le requirieron a este último para que dentro del término de quince días presentara su cuenta de administración. Luego, el quejoso, sin precisar la fecha, sostiene que dio contestación a la demanda, recayendo a dicho escrito un auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el que se determina que no ha lugar a tenerlo por contestando demanda toda vez que dicha actuación procesal no le fue requerida; como consecuencia de ello, se requirió a la parte promovente para que en el término de quince días formulara su cuenta de administración. El auto de veintiocho de septiembre antes citado es el que constituye el acto reclamado De la anterior relatoría, se advierte que el acto reclamado es emitido en un momento anterior al inicio de un juicio, en virtud de que se reclama la determinación dictada dentro de unos medios preparatorios a juicio en los que se dijo al quejoso que no había lugar a tenerle por contestando demanda ya que no se le había requerido para tal efecto; determinación que no se trata de un acto de imposible reparación que por sí mismo viole derechos sustantivos tales como la libertad, la integridad personal, la vida, la salud, etcétera Esto se explica, toda vez que dicha determinación únicamente tiene como consecuencia que no se le tenga al directo quejoso por contestando la demanda y, en su lugar, se le tenga por perdida su oportunidad de rendir la cuenta que le fue requerida, trayendo como consecuencia que la misma sea rendida por la parte promovente. Lo anterior revela que las violaciones aducidas por el quejoso con motivo del acto reclamado trascienden en su esfera de derechos estrictamente procesales, ya que el acto reclamado le declara precluido un derecho que le fue otorgado al inicio del procedimiento de medios preparatorios a juicio y, del mismo modo, le tiene por no contestando la demanda al considerar la responsable que esa actuación no se le había requerido; sin que dicha determinación afecte de manera directa e inmediata un derecho sustantivo como la vida, la propiedad, la libertad, la salud, etcétera, siendo estos derechos los que se tutelan a través del juicio de amparo indirecto. Juicio en el que, como ha quedado establecido se encuentra destinado para conocer de actos dictados antes de iniciar el juicio que afecten de manera directa derechos sustantivos y no derechos adjetivos o procesales como ocurre en el presente caso. Estimar procedente el presente asunto implicaría que contra todo tipo de determinación que se dicte en forma previa a iniciar un juicio sea procedente el amparo indirecto, lo cual sería contrario a su naturaleza de medios de defensa extraordinario, tal como quedó establecido en la contradicción de tesis 377/2013, en dónde el Pleno del Máximo Tribunal determinó Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios De lo resuelto en la ejecutoria antes transcrita, resulta importante hacer énfasis en los siguientes puntos Que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no existía alguna disposición que definiera la descripción normativa de lo que debía entenderse por "actos de imposible reparación lo cual, en consecuencia, generaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera la que determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables Que una de las razones que dio origen a la última reforma al artículo 107 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once fue la necesidad de implementar una estructura más ágil del juicio de amparo y concentrar a través de la vía directa el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles Que una de las bases constitucionales que debía reglamentarse en la legislación secundaria, lo era precisamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación; aspecto que finalmente fue abordado por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, con la única condicionante de no hacer nugatoria la regla general prevista en la fracción III, del artículo 107 constitucional, en la que existe la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento Que con la definición del concepto de actos de "imposible reparación", bajo el nuevo régimen de procedencia del juicio de amparo, el legislador proporciona mayor seguridad jurídica al gobernado al establecer finalmente las condiciones necesarias para la promoción del juicio y Que en la actualidad la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente, a diferencia de los de naturaleza formal o adjetiva, en la que la afectación no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, para que proceda este medio de defensa ordinario, la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente y no probable o incierta. Pues, a decir del Alto Tribunal de la Nación, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente de modo tal que se impida su ejercicio, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de la promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución que dé por concluido el procedimiento. Por tal motivo, no sería procedente admitir a trámite la demanda de amparo. Desechamiento En esas condiciones, al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXII, XXIII de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por * Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 10a de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Así como la tesis número III.4o.(III región 14 K (10a sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando para tal efecto a las persona que indica, en el entendido que únicamente gozarán de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas que cuenten con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Anotaciones Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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