José Refugio Pérez Yáñez

Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
160/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
24/08/2018

Partes del expediente

  • José Refugio Pérez Yáñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA: ELENA PÉREZ YÁÑEZ. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 77, último párrafo, de la ley en la materia, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De igual forma, como resulta innecesario que en autos obre el legajo de copias que remitió el agente responsable como justificación de su informe, se ordena enviárselo con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. Ahora, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Por otro lado, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ REFUGIO PÉREZ YAÑEZ. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 77, último párrafo, de la ley en la materia, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De igual forma, como resulta innecesario que en autos obre el legajo de copias que remitió el agente responsable como justificación de su informe, se ordena enviárselo con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. Ahora, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Por otro lado, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-160/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, turnado ese día a este Juzgado Cuarto, JOSÉ REFUGIO PÉREZ YÁÑEZ, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos del Síndico del Ayuntamiento de Madero (Villa Madero), Michoacán y otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la ley fundamental en aplicación. SEGUNDO. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil ocho (foja 7 a 9), se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado; se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; se notificó con el carácter de tercero interesado a Elena Pérez Yáñez, quien compareció a juicio mediante escrito presentado el pasado veintisiete de marzo (foja 39); finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados afectan la libertad personal del quejoso y sus efectos materiales se producen dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Una vez que fueron armonizados los datos que se deducen de la demanda y los que arrojaron el resto de las constancias, se obtiene que, en esencia, la intención de la parte quejosa es reclamar: El citatorio emitido dentro de la carpeta de investigación identificada como N.U.C: 1003201732841 a efecto de hacerle del conocimiento del hecho presumiblemente delictivo. Actos de autoridad que se atribuyen al Síndico del Ayuntamiento de Madero (Villa Madero), Michoacán, y al Agente del Ministerio Público de la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. La ejecución del citatorio. Que se demanda al Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Director de Seguridad Pública Municipal de Villa Madero, Michoacán. Es oportuno dejar asentado que por acuerdo del pasado quince de marzo se tuvieron como autoridades inexistentes al Primer y Segundo Comandantes, Comandante y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado residente en Morelia, adscritos a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, que fueron señalados como autoridades responsables ejecutoras (foja 25). TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos que el quejoso reclama al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Madero, Michoacán (foja 23), al Director de Seguridad Pública de esa población (foja 22), ni al Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 14), pues así se desprende del contenido de los informes justificados rendidos, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba con la que se desvirtúe el sentido de los informes justificados; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto que el quejoso reclama al agente del Ministerio Público Adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, no obstante que al rendir el informe justificado que le fue requerido señaló que no es cierto que se pretenda privar de la libertad al quejoso; sin embargo, también indicó que conduce la investigación con número de registro 1003201732841, en contra del quejoso por existir datos de prueba que indican que probablemente cometió un hecho que la ley señala como delito o participó en su comisión; y, que a través de diversos citatorios se pretende brindarle la garantía de audiencia. En ese contexto, debe tenerse por cierto el acto reclamado porque de lo que se duele el quejoso es que se pretende afectar su libertad personal, y aunque el citatorio no tiene por objeto privar a las personas del derecho fundamental en comento, sí incide, por lo menos, en la libertad deambulatoria, dado que para no hacerse acreedor a los medios de apremio con los que generalmente se apercibe a las personas citadas para la práctica de alguna diligencia, el quejoso tendría que comparecer ante la autoridad responsable, produciendo con ello una afectación personal. Al respecto cobra aplicación tesis 1a. XCIII/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía. En ese orden, del contenido del citatorio que obra agregado en la foja 80 del tomo de pruebas, se aprecia que la agente del Ministerio Público de la Dirección de Carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, citó al quejoso para comparecer el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en punto de las doce horas a efecto de hacerle del conocimiento la existencia de hechos presumiblemente delictivos, y lo apercibió para que en caso de no comparecer le serían aplicados cualquiera de los medios de apremio que el Código Nacional de Procedimientos Penales le autoriza a aplicar. En ese orden, el citatorio que se reclama si bien no constituye un acto privativo de la libertad personal sí la restringe de manera temporal, porque frente al apercibimiento de aplicar algún medio de apremio, el quejoso se siente razonablemente obligado por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Es por ello que el acto reclamado debe tenerse por cierto. QUINTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. 1. En el caso, la tercera interesada mediante escrito presentado el pasado veintisiete de marzo alegó que el juicio de amparo es improcedente, porque el citatorio que emitió la autoridad responsable no tiene por objeto privar de la libertad al quejoso; por tanto, carece de interés jurídico. Lo anterior es infundado, debido a que el interés jurídico requerido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y regulado por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, está constituido por la afectación que una persona sufre en alguno de los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de toda la Unión, con independencia de que ello se haya realizado cumpliendo con las obligaciones positivas o negativas consignada en la Constitución para garantizar tales derechos, lo que constituye el estudio de fondo en la sentencia respectiva. Así, si de las constancias que la autoridad responsable remitió como complemento al informe justificado se advierte que existe un citatorio emitido en contra del quejoso, en el que se apercibió con aplicarle los medios de apremio previsto en la ley en caso de no comparecer, tal acto afecta sus intereses jurídicos; por tanto, lo alegado por la tercera interesada no se justifica. Cabe aclarar que la causal de improcedencia alegada deriva la invocación que se realizó de la tesis III.2o.P.117 P, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que lleva por rubro: "ORDEN DE PRESENTACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, PORQUE AL NO CONSTITUIR UN ACTO PRIVATIVO DE LA LIBERTAD NO SE AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO" Sin embargo dicha tesis no es aplicable en la actualidad, pues se emitió bajo la vigencia de las normas constitucionales que regulaban el proceso penal mixto, el cual fue superado por el acusatorio y oral mediante reforma publicada el ocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación. En virtud que la causal de improcedencia invocada resultó infundada, y este juzgador no advierte, de oficio, alguna que impida el estudio de los conceptos de violación procede su análisis, sin que para ello sea necesario transcribirlos ya que no existe alguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca; además, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad no es indispensable esa trascripción como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación expuesto aun suplidos en su deficiencia con base en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo por lo siguiente. El acto reclamado está constituido por el citatorio emitido el nueve de febrero de dos mil dieciocho, por el cual la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, a través del cual, requirió al quejoso para que, en términos del artículo 20 Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentara en punto de las doce horas del dieciséis del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho y lo apercibió de que en caso de no comparecer le serían aplicados los medios de apremio previstos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos penales. Ahora, el artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos fundamentales que todo imputado tiene en el proceso penal y establece las garantías para su protección; de lo anterior se sigue que el citatorio en estudio se emitió al considerar que el quejoso tiene el carácter de imputado. En ese orden, el parámetro de control de regularidad es el precepto constitucional invocado así como el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales los que señalan: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento". Del análisis del citatorio que obra agregado en la foja 80 del tomo de pruebas, se advierte que cumple con los requisitos señalados en el artículo 91, del Código Nacional de Procedimientos Penales ya que en él se indica la autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse el quejoso, esto es, ante la agente del Ministerio Público de la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, sito en la avenida Periférico Independencia número 500, de la colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad, el día y hora en que debía comparecer, doce horas del pasado dieciséis de febrero; el objeto de la misma, hacer de su conocimiento hechos presumiblemente delictivos; el procedimiento del que se deriva que lo es la investigación 1003201732841, además contiene la firma de la licenciada María Araceli Estrada Cabello, quien ostenta el cargo de agente el Ministerio Público; y, contiene un apercibimiento. No se contrapone a lo anterior, lo alegado por el quejoso en el sentido de que en el citatorio no se precisa porqué es necesaria su presencia para integrar la carpeta de investigación, o qué hechos se le imputan o conoce, o quién o quiénes declaran en su contra, ya que tales requisitos no se encuentran regulados en el artículo 91, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco es óbice a lo anterior el contenido de las tesis VI.2o.P.95, I.8o.P.4 P y las diversas de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO, CITATORIOS DEL. SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN" y "MINISTERIO PÚBLICO, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS RESOLUCIONES", que describe cuáles eran los requisitos que un citatorio librado por el Ministerio Público debía reunir, lo anterior, porque se trata criterios aislados, y porque se emitieron con base en la interpretación de los preceptos constitucionales que regulaban el sistema procesal penal tradicional o mixto, es decir, antes de la reforma constitucional en materia de proceso penal acusatorio y oral acaecida por decreto publicado en al Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil ocho, y el citatorio que constituye el acto reclamado se emitió dentro de una investigación que se realiza con base en el sistema procesal penal acusatorio y oral; esto es, de forma posterior a la indicada reforma. En virtud de lo anterior el acto reclamado no viola derechos humanos o sus garantías; por tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 75, 76, 77, fracción I, 78, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JOSÉ REFUGIO PÉREZ YÁÑEZ, en contra de los actos que reclamó al Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Síndico y Director de Seguridad Pública de Ciudad Madero, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSÉ REFUGIO PÉREZ YÁÑEZ, en contra de los actos que reclamó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, por las razones precisadas en el último considerando.

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