José Refugio Covarrubias Ibarra

Expediente 616/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
616/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • José Refugio Covarrubias Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de cuatro de marzo del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 363/2016, signado por el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la prevención de veintiséis de febrero del presente año, remite copias certificadas del oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/00467/2016 y acta administrativa número 26 (veintiséis) egreso por compurgación del Fuero Federal, de quince de febrero de dos mil dieciséis, donde se ordena la libertad del quejoso José Refugio Covarrubias Ibarra y consta firma legible en el rubro liberado. Ahora bien, en el caso el quejoso José Refugio Covarrubias Ibarra, reclamó la orden de traslado del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CEOUDE) de Mazatlán, Sinaloa, a otro distinto; y la autoridad responsable Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, el quince de febrero de dos mil dieciséis, levantó el acta administrativa número 26 (veintiséis) egreso por compurgación del Fuero Federal, ordenando la libertad del quejoso José Refugio Covarrubias Ibarra; por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándole de esta manera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS). Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 10/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En otro aspecto, y considerando que en el presente juicio no existe oposición expresa por la quejosa en cuanto a la publicación del presente proveído, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la ley en mención; asimismo, que en su caso se atenderá lo que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Vista la razón levantada por la Actuaria Adscrita a este Juzgado de Distrito, de la que se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso José Refugio Cobarrubia, el proveído de veintitrés de febrero de dos mi dieciséis, por las razones que en la misma se exponen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo vigente, notifíquese por lista al quejoso el proveído de veintitrés de febrero de dos mi dieciséis. Por otra parte, de la diligencia de referencia se advierte que el quejoso José Refugio Cobarrubia, fue puesto en libertad el quince de febrero del presente año. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias donde se acredite que el quejoso José Refugio Cobarrubia, obtuvo su libertad. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos de los que se advierte que aún no se notifica a la parte quejosa el proveído de catorce de enero del presente año, donde se dio vista con las pruebas documentales que anexó al informe justificado el Director de Amparos y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien actúa en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, mismo que se tuvo por recibido el treinta y uno de diciembre del año próximo pasado. En consecuencia, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que notifique el proveído de catorce de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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