José Raúl García Martínez

Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
877/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • José Raúl García Martínez
  • Gilberto Alonso García Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gilberto Alonso García Martínez, por sí, y en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de José Raúl García Martínez, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia certificada de la escritura pública 82,224, volumen 1123, de seis de octubre de dos mil veintiuno, ante el Notario Público número 5, Licenciado José Román Leyva Castro, con residencia en Tijuana, Baja California. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 877/2021. III. Desechamiento. Del examen de la demanda, se advierte que el amparo es improcedente. De los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo se obtiene que la demanda debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Así, en el presente asunto se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se verá enseguida: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". De lo anterior se deduce que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. En este contexto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo que se reclame una norma por su carácter autoaplicativo, caso en el cual el inconforme contará con treinta días. La citada regla general admite excepciones, entre otras, que el acto que se reclama se encuentre en el supuesto de que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por otra parte, el numeral 18 del ordenamiento de la materia, precisa que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al amparista del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de las normas autoaplicativas, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Partiendo de esas premisas, la parte quejosa manifiesta que el uno de septiembre de dos mil veintiuno al ir circulando por la carretera federal Durango-Mazatlán, fue detenido para revisión por elementos de la Guardia Nacional y despojado del vehículo Sedan, marca BMW, tipo 3281, modelo 2012, color gris, con número de serie WBA3A5G5XCNP17471, en virtud de que dicho vehículo era americano. En efecto, la quejosa, en la demanda de amparo, sobre el particular, manifestó textualmente en el apartado de hechos, los cuales constituyen los antecedentes del acto reclamado: ".SEGUNDO. Que el día 01 de septiembre del presente año, siendo alrededor de las 18:00 horas, circulando por la Carretera Federal Durango-Mazatlán, con rumbo a esta ciudad, a la altura del kilómetro 221, como se aprecia en la boleta de infracción expedida por la Guardia Nacional fui detenido momentáneamente para "revisión" por elementos de la Guardia Nacional, Proximidad Social, Y ESTAS PERSONAS ME INFORMARON QUE EL VEHÍCULO QUE CONDUCÍA ERA AMERICANO Y SIN MÁS ME LO RECOGIERON SIN ADMITIR EXPLICACIONES, por lo que me detuvieron junto con el vehículo propiedad de mi hermano y me pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, yo les mostré copias de los documentos que amparan la propiedad del vehículo, el cual inclusive está asegurado, a lo que ellos contestaron diciéndome los Agentes, que lo que tuviera que aclarar lo hiciera con el Ministerio Público." ".TERCERO. Que el día mismo 01 de Septiembre del presente año, pero ya noche fui conducido al edificio de la Sub delegación de la FGR, en donde tiene sede la primera de las responsables, y fue hasta el día siguiente que me soltaron y me entregaron un documento que hoy presento como ANEXO NÚMERO 5, quedando de regresar en compañía de mi hermano para llevar los papeles del auto y nos fuera regresado, pero es el caso, que hasta el día de hoy NO HA SIDO POSIBLE dentro de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/SIN/MAZ/0001064/2021, ACREDITAR PROPIEDAD, NI SIQUIERA COMPARECER, PUES SE NOS HA NEGADO EL ACCESO A ESTA, ventilada por el SEGUNDO de los señalados como Responsables, bajo las órdenes del Primero.." Lo cual constituye una confesión expresa y espontánea, la cual hace prueba plena en su contra, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con aplicación analógica se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Jurisprudencia P./J. 27/96, página 57, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Por tanto, la promoción del presente amparo debió efectuarse dentro del término genérico de quince días, computado del tres al veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada hasta el ocho de los actuales, se concluye notoriamente que la acción constitucional no se tramitó dentro del plazo de quince días que para ello concede el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por consecuencia se actualiza la improcedencia del artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo y en esa virtud, se desecha la demanda de amparo. IV. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal, el que indica en su escrito de cuenta y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfredo Martín Paz Ramírez González, por contar con el registro en dicho sistema. V. Medio de comunicación no procesal. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus causante del COVID-19, se tiene a la parte quejosa señalando como tal, los siguientes: papicontento@hotmail.com VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VII. Medida de mitigación de riesgos. Subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes que, en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VIII. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. IX. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza al actuario que corresponda para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Carolina Isabel Tirado Jiménez, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de juez de Distrito, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3128/2021, en términos de los artículos 43, segundo párrafo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante Brenda Guadalupe Martínez Castillo, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Exhorto diligenciado. Se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, por el que devuelve diligenciado el exhorto 122/2021-V-A, número de orden 376/2021, del índice local, del que se advierte que fue emplazada al presente sumario la persona moral tercera interesada HSBC México, sociedad anónima de capital variable, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria. Por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno; sin que sea necesario acusar de recibo el presente, dado que su devolución se realizó electrónicamente y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) generó dicho acuse. Vista. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que, mediante oficio SEADS/1105/2021, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, informó la adscripción del juez Isaí López Triana en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 51 de la ley de la materia, hágase saber a las partes que cuentan con un término de tres días contado legalmente, para hacer las alegaciones que estimen pertinentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Isaí López Triana, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

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