José Raymundo Vargas Lagunes

Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
587/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • José Raymundo Vargas Lagunes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, téngasele informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, radicando con el número de toca 432********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por José Raymundo Vargas Lagunes, parte quejosa en el presente asunto, atento a su contenido, se le tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, párrafo primero, 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas de sus agravios entre las partes como corresponda y hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítanse estos autos, dos tomos de pruebas, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil, del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que turne estos autos al Tribunal que corresponda, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia de las principales constancias del presente juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos la sentencia autorizada de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 587/2022, yveintinueve de septiembre de dos mil veintidósR E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado ese mismo día a este juzgado Cuarto de Distrito, JOSÉ RAYMUNDO VARGAS LAGUNES, por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez y 2. Secretario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; actos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Admisión. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós (fojas 14-18) se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento y, finalmente, se fijó fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de tercero Interesado. Por auto de doce de agosto de dos mil veintidós (fojas 27-29) se ordenó emplazar al tercero interesado, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien fue emplazado al presente juicio (foja 31) sin que hubiera comparecido al mismo. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalado para tal fin, al haber quedado debidamente integrado el presente asunto con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (foja 26) sin que hasta la fecha obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama el auto que contiene el requerimiento para que se entregué al actor el bien inmueble que le fue adjudicado a éste en juicio mercantil de origen; así como su ejecución; lo cual es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Así también, este juzgado es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, y también como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución de los actos reclamados tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En aplicación del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y luego de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable es: El auto de veinticuatro de mayo del presente año, el cual fuera notificado el día trece de junio, dictado en el expediente 2497/2009-I, que contiene el requerimiento para que se entregué al actor el bien inmueble que le fue adjudicado a éste en el presente juicio; así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen al 1. Juez y 2. Secretario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, con sede en esta ciudad (foja 26). Lo anterior, puesto que así se desprende del contenido de los oficios mediante los cuales las autoridades responsables rindieron sus respectivos informes justificados. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, lo anterior se corrobora con las copias certificadas que fueron remitidas por dichas autoridades en justificación de sus actos, pues de ellas se advierte el auto que contiene la orden de requerimiento reclamada (foja 621 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Procedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al del fondo del asunto, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las que se advierten de oficio por quien aquí resuelve. En ese orden de ideas, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la ley de Amparo, puesto que se estima que la parte quejosa no acreditó tener algún interés legítimo en relación con los actos que aquí combate. MARCO NORMATIVO Los dispositivos legales citados son del contenido siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; (.)" Del contenido de los numerales trascritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual, o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que la parte quejosa tiene la carga de la prueba para acreditar la titularidad del derecho subjetivo o el interés legítimo individual o colectivo que aduce es trasgredido con el acto que reclama en la presente vía constitucional. Dicha carga, la deberá acreditar en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; puesto que de lo contrario bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de amparo de que es titular del derecho que dice es afectado, sin que se corrobore por prueba alguna, pero ello no es eso lo que tutela la ley de la materia. Ahora bien, atendiendo a que el reclamo planteado en el presente asunto, subyace a la posesión que quejoso dice tener en relación con un bien inmueble del que se le requiere sea entregado al actor del juicio natural, entonces conviene hacer adicionalmente las siguientes precisiones que se recogen de los criterios jurisprudenciales que serán citado a continuación y que sustentan la directriz normativa que determina el sentido de la presente resolución. En principio se precisa, atento al criterio del entonces Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, con base en lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interpretó que de dicho numeral no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. No obstante, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (que fue interpretado en el aludido criterio que es referido y de similar contenido al 826 del Código Civil para el Estado de Veracruz) es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia por contradicción de tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, que es del contenido siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Adicionalmente, en el criterio jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, se estableció que de acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. De esa forma, se dijo también, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia que es del contenido siguiente: POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden de las copias certificadas que se allegaron por las autoridades responsables (Tomos I y II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) cuyo valor probatorio ya ha sido asignado y que esencialmente son de la relatoría siguiente: a).- El juicio 2497/2009 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, aquí autoridad responsable, se promovió por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra Antonio Uribe Pelisser, a quien se reclamó el pago y cumplimiento del contrato de crédito con garantía hipotecario otorgado en favor del demandado. b).- Concluido el citado juicio ordinario mercantil de origen, mediante sentencia definitiva dictada el treinta y uno de octubre de dos mil trece (fojas 264-269 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) se condenó a la parte demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones solicitadas, por lo que, a fin de garantizar el adeudo, el quince de enero de dos mil dieciocho (foja 461-462 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) se embargó el bien inmueble identificado como lote de terreno número 4 (cuatro) manzana 15 (quince) sección C intermedia, del Fraccionamiento Reforma en Veracruz, Veracruz, y construcción en ella existente, marcada actualmente con el número 775 (setecientos setenta y cinco) de la calle Diego de Ordaz, entre Isabela Católica y Américas, el cual, en diverso auto de once de octubre de dos mil dieciocho (foja 493 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) se adjudicó en forma directa al ejecutante. c).- Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo del presente año dos mil veintidós (foja 621 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) dictado en el expediente 2497/2009-I se ordenó requerir la entrega al actor, el bien inmueble que le fue adjudicado a éste en el presente juicio, el cual fue notificado a quien se encontró en el interior de dicho bien, el día trece de junio. El auto a que se refiere el punto anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio y hasta aquí la relatoría de antecedentes que conciernen al presente asunto. SUBSUNCIÓN Ahora, para determinar si en el caso se encuentra acreditada la titularidad del derecho subjetivo o legitimación de la parte quejosa, resulta necesario analizar las pruebas que se hayan exhibido, puesto que, como ya se dijo, no se puede partir de la sola afirmación de que se tiene tal condición, sino que tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro del juicio de amparo, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba para acreditarlo. Máxime que la parte quejosa no puede considerarse liberada por tenerse acreditada la existencia del acto reclamado, aun cuando ello ocurre en forma presunta; pues esa circunstancia no la exime para acreditar su legitimación, dado que esta debe estar acreditada en forma plena y fehaciente. En relación con lo anterior, y por el sentido que informan, se citan también la tesis aisladas y jurisprudenciales de la Segunda y Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena y Octava Épocas), que son de rubros: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", e "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.", respectivamente. Bajo esa advertencia, en términos de la demanda de amparo se destaca que el aquí quejoso manifestó tener la posesión del bien inmueble del que se ordenó requerir la entrega de la misma, derivada de la que a su vez dijo tener su padre, esto es, el señor José Gabriel Vargas García, de quien señaló, demandó a Antonio Uribe Pellisier, en juicio ordinario civil, la prescripción adquisitiva respecto del bien inmueble que fue adjudicado a la parte actora ejecutante, aquí tercera interesada. Así también, el citado quejoso sostiene que su aludido padre falleció con anticipación al presente juicio constitucional y sugiere que, como consecuencia de ello es que actualmente tiene la posesión del citado bien, junto con su madre y hermana. Ahora bien, a fin de acreditar lo anterior, el quejoso exhibió las siguientes documentales: El original de la constancia de residencia expedida en su favor el catorce de junio de dos mil veintidós, por el Jefe de Manzana que la expide y avalado por el Director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz (foja 6). Los originales de tres recibos de energía eléctrica relativos a los periodos de noviembre de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho; septiembre a noviembre de dos mil diecisiete y, marzo a mayo de dos mil veintidós, respectivamente, expedidos a nombre de José Gabriel Vargas García (fojas 7, 8 y 11). Un original del recibo de servicio telefónico relativo al mes de mayo de dos mil veintidós, expedido a nombre de Roxana Vargas de Blanco (foja 9). Los originales de tres recibos de servicio de agua potable relativos a los meses de facturación, junio de dos mil dieciséis, junio de dos mi veintiuno y mayo de dos mil veintidós, respectivamente, expedidos a nombre de Domingo Vargas S. (fojas 10, 12 y 13). Sin embargo, aun cuando dichos documentos tiene pleno valor probatorio en cuanto a la formalidad que revisten, pues se trata de documentos originales, que no han sido redargüidos de falsos, conforme lo disponen los artículos 129, 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se considera que estos son ineficaces para acreditar el interés jurídico que defiende del aquí quejoso. Lo anterior es así, pues ninguno de dichos documentos son aptos para acreditar el origen de la posesión que pretende defender, pues no determina ninguno de ellos cuál es la calidad de la posesión aludida. Máxime que, desde otra perspectiva, tampoco se puede soslayar que él mismo reconoce que la posesión la detenta en forma derivada, aun sin acreditarlo, de aquella que tuvo en vida a quien reconoce como su padre, esto es, el señor José Gabriel Vargas García, y que por ello es que actualmente tiene su domicilio en dicho lugar, según pretende acreditarlo con la constancia de residencia que exhibió para tal efecto. Sin embargo, ni aun bajo este argumento puede considerarse acreditado el interés jurídico a que hace referencia, si se tiene en cuenta, por un aparte, que como bien consta en la nota que aparece al reverso de la aludida constancia de residencia, dicho documento no tiene lo alcances para acreditar la posesión ni la propiedad del citado bien inmueble y, por otro lado, que tampoco existe prueba alguna que determine que el promovente es hijo del mencionado José Gabriel Vargas García; menos aún que este último actualmente ha fallecido; pero sobre todo, como motivo de este último hecho, que el impetrante tiene la representación legal de la sucesión a bienes del citado finado y que, en tal circunstancia, es el titular de los derechos posesorios que, bajo tal acreditamiento pudiera defender en el presente juicio. En consecuencia, si la parte quejosa se ostentó como eventual poseedor del citado bien, pero sin que exhibiera prueba alguna para acreditar la titularidad del derecho subjetivo del que aduce es titular, entonces no ha lugar a tener por acreditado su interés jurídico en el presente asunto, pues las que se exhibió resultan ineficaces para los extremos pretendidos, según se ha expuesto. CONCLUSIÓN En esos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. En congruencia con lo anterior, no se analizaran los argumentos planteados en la demanda, pues la actualización de una causa de sobreseimiento impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, según criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, además por lo dispuesto en los artículos 1º, fracción I, 2º, 5º, fracción I, 61, fracción XXIII, primer párrafo, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JOSÉ RAYMUNDO VARGAS LAGUNES, contra los actos y autoridades precisados en esta sentencia, por los motivos y razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley..."

  4. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 587/2022, yveintinueve de septiembre de dos mil veintidósR E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado ese mismo día a este juzgado Cuarto de Distrito, JOSÉ RAYMUNDO VARGAS LAGUNES, por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez y 2. Secretario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; actos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Admisión. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós (fojas 14-18) se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento y, finalmente, se fijó fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de tercero Interesado. Por auto de doce de agosto de dos mil veintidós (fojas 27-29) se ordenó emplazar al tercero interesado, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien fue emplazado al presente juicio (foja 31) sin que hubiera comparecido al mismo. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalado para tal fin, al haber quedado debidamente integrado el presente asunto con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (foja 26) sin que hasta la fecha obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama el auto que contiene el requerimiento para que se entregué al actor el bien inmueble que le fue adjudicado a éste en juicio mercantil de origen; así como su ejecución; lo cual es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Así también, este juzgado es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, y también como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución de los actos reclamados tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En aplicación del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y luego de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable es: El auto de veinticuatro de mayo del presente año, el cual fuera notificado el día trece de junio, dictado en el expediente 2497/2009-I, que contiene el requerimiento para que se entregué al actor el bien inmueble que le fue adjudicado a éste en el presente juicio; así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen al 1. Juez y 2. Secretario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, con sede en esta ciudad (foja 26). Lo anterior, puesto que así se desprende del contenido de los oficios mediante los cuales las autoridades responsables rindieron sus respectivos informes justificados. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, lo anterior se corrobora con las copias certificadas que fueron remitidas por dichas autoridades en justificación de sus actos, pues de ellas se advierte el auto que contiene la orden de requerimiento reclamada (foja 621 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Procedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al del fondo del asunto, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las que se advierten de oficio por quien aquí resuelve. En ese orden de ideas, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la ley de Amparo, puesto que se estima que la parte quejosa no acreditó tener algún interés legítimo en relación con los actos que aquí combate. MARCO NORMATIVO Los dispositivos legales citados son del contenido siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; (.)" Del contenido de los numerales trascritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual, o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que la parte quejosa tiene la carga de la prueba para acreditar la titularidad del derecho subjetivo o el interés legítimo individual o colectivo que aduce es trasgredido con el acto que reclama en la presente vía constitucional. Dicha carga, la deberá acreditar en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; puesto que de lo contrario bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de amparo de que es titular del derecho que dice es afectado, sin que se corrobore por prueba alguna, pero ello no es eso lo que tutela la ley de la materia. Ahora bien, atendiendo a que el reclamo planteado en el presente asunto, subyace a la posesión que quejoso dice tener en relación con un bien inmueble del que se le requiere sea entregado al actor del juicio natural, entonces conviene hacer adicionalmente las siguientes precisiones que se recogen de los criterios jurisprudenciales que serán citado a continuación y que sustentan la directriz normativa que determina el sentido de la presente resolución. En principio se precisa, atento al criterio del entonces Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, con base en lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interpretó que de dicho numeral no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. No obstante, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (que fue interpretado en el aludido criterio que es referido y de similar contenido al 826 del Código Civil para el Estado de Veracruz) es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia por contradicción de tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, que es del contenido siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Adicionalmente, en el criterio jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, se estableció que de acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. De esa forma, se dijo también, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia que es del contenido siguiente: POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden de las copias certificadas que se allegaron por las autoridades responsables (Tomos I y II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) cuyo valor probatorio ya ha sido asignado y que esencialmente son de la relatoría siguiente: a).- El juicio 2497/2009 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, aquí autoridad responsable, se promovió por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra Antonio Uribe Pelisser, a quien se reclamó el pago y cumplimiento del contrato de crédito con garantía hipotecario otorgado en favor del demandado. b).- Concluido el citado juicio ordinario mercantil de origen, mediante sentencia definitiva dictada el treinta y uno de octubre de dos mil trece (fojas 264-269 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) se condenó a la parte demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones solicitadas, por lo que, a fin de garantizar el adeudo, el quince de enero de dos mil dieciocho (foja 461-462 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) se embargó el bien inmueble identificado como lote de terreno número 4 (cuatro) manzana 15 (quince) sección C intermedia, del Fraccionamiento Reforma en Veracruz, Veracruz, y construcción en ella existente, marcada actualmente con el número 775 (setecientos setenta y cinco) de la calle Diego de Ordaz, entre Isabela Católica y Américas, el cual, en diverso auto de once de octubre de dos mil dieciocho (foja 493 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) se adjudicó en forma directa al ejecutante. c).- Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo del presente año dos mil veintidós (foja 621 del Tomo II del Cuaderno de Pruebas anexo a constancias) dictado en el expediente 2497/2009-I se ordenó requerir la entrega al actor, el bien inmueble que le fue adjudicado a éste en el presente juicio, el cual fue notificado a quien se encontró en el interior de dicho bien, el día trece de junio. El auto a que se refiere el punto anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio y hasta aquí la relatoría de antecedentes que conciernen al presente asunto. SUBSUNCIÓN Ahora, para determinar si en el caso se encuentra acreditada la titularidad del derecho subjetivo o legitimación de la parte quejosa, resulta necesario analizar las pruebas que se hayan exhibido, puesto que, como ya se dijo, no se puede partir de la sola afirmación de que se tiene tal condición, sino que tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro del juicio de amparo, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba para acreditarlo. Máxime que la parte quejosa no puede considerarse liberada por tenerse acreditada la existencia del acto reclamado, aun cuando ello ocurre en forma presunta; pues esa circunstancia no la exime para acreditar su legitimación, dado que esta debe estar acreditada en forma plena y fehaciente. En relación con lo anterior, y por el sentido que informan, se citan también la tesis aisladas y jurisprudenciales de la Segunda y Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena y Octava Épocas), que son de rubros: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", e "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.", respectivamente. Bajo esa advertencia, en términos de la demanda de amparo se destaca que el aquí quejoso manifestó tener la posesión del bien inmueble del que se ordenó requerir la entrega de la misma, derivada de la que a su vez dijo tener su padre, esto es, el señor José Gabriel Vargas García, de quien señaló, demandó a Antonio Uribe Pellisier, en juicio ordinario civil, la prescripción adquisitiva respecto del bien inmueble que fue adjudicado a la parte actora ejecutante, aquí tercera interesada. Así también, el citado quejoso sostiene que su aludido padre falleció con anticipación al presente juicio constitucional y sugiere que, como consecuencia de ello es que actualmente tiene la posesión del citado bien, junto con su madre y hermana. Ahora bien, a fin de acreditar lo anterior, el quejoso exhibió las siguientes documentales: El original de la constancia de residencia expedida en su favor el catorce de junio de dos mil veintidós, por el Jefe de Manzana que la expide y avalado por el Director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz (foja 6). Los originales de tres recibos de energía eléctrica relativos a los periodos de noviembre de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho; septiembre a noviembre de dos mil diecisiete y, marzo a mayo de dos mil veintidós, respectivamente, expedidos a nombre de José Gabriel Vargas García (fojas 7, 8 y 11). Un original del recibo de servicio telefónico relativo al mes de mayo de dos mil veintidós, expedido a nombre de Roxana Vargas de Blanco (foja 9). Los originales de tres recibos de servicio de agua potable relativos a los meses de facturación, junio de dos mil dieciséis, junio de dos mi veintiuno y mayo de dos mil veintidós, respectivamente, expedidos a nombre de Domingo Vargas S. (fojas 10, 12 y 13). Sin embargo, aun cuando dichos documentos tiene pleno valor probatorio en cuanto a la formalidad que revisten, pues se trata de documentos originales, que no han sido redargüidos de falsos, conforme lo disponen los artículos 129, 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se considera que estos son ineficaces para acreditar el interés jurídico que defiende del aquí quejoso. Lo anterior es así, pues ninguno de dichos documentos son aptos para acreditar el origen de la posesión que pretende defender, pues no determina ninguno de ellos cuál es la calidad de la posesión aludida. Máxime que, desde otra perspectiva, tampoco se puede soslayar que él mismo reconoce que la posesión la detenta en forma derivada, aun sin acreditarlo, de aquella que tuvo en vida a quien reconoce como su padre, esto es, el señor José Gabriel Vargas García, y que por ello es que actualmente tiene su domicilio en dicho lugar, según pretende acreditarlo con la constancia de residencia que exhibió para tal efecto. Sin embargo, ni aun bajo este argumento puede considerarse acreditado el interés jurídico a que hace referencia, si se tiene en cuenta, por un aparte, que como bien consta en la nota que aparece al reverso de la aludida constancia de residencia, dicho documento no tiene lo alcances para acreditar la posesión ni la propiedad del citado bien inmueble y, por otro lado, que tampoco existe prueba alguna que determine que el promovente es hijo del mencionado José Gabriel Vargas García; menos aún que este último actualmente ha fallecido; pero sobre todo, como motivo de este último hecho, que el impetrante tiene la representación legal de la sucesión a bienes del citado finado y que, en tal circunstancia, es el titular de los derechos posesorios que, bajo tal acreditamiento pudiera defender en el presente juicio. En consecuencia, si la parte quejosa se ostentó como eventual poseedor del citado bien, pero sin que exhibiera prueba alguna para acreditar la titularidad del derecho subjetivo del que aduce es titular, entonces no ha lugar a tener por acreditado su interés jurídico en el presente asunto, pues las que se exhibió resultan ineficaces para los extremos pretendidos, según se ha expuesto. CONCLUSIÓN En esos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. En congruencia con lo anterior, no se analizaran los argumentos planteados en la demanda, pues la actualización de una causa de sobreseimiento impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, según criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, además por lo dispuesto en los artículos 1º, fracción I, 2º, 5º, fracción I, 61, fracción XXIII, primer párrafo, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JOSÉ RAYMUNDO VARGAS LAGUNES, contra los actos y autoridades precisados en esta sentencia, por los motivos y razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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