José Ramón Padrón Prada

Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • José Ramón Padrón Prada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 732/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de diez de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el doce de marzo de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Ramón Padrón Prada, para el efecto de que el juez responsable: ".1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 492/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de cinco de abril de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio del demandado. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión, conforme a la ley que lo rige." Inconforme con dicha resolución, Héctor Muñiz Lagunes, en su carácter de apoderado legal de la parte tercero interesada "BANCO MERCANTIL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión 162/2021 de su estadística, la superioridad por un lado dejó intocado el sobreseimiento por falta de impugnación y por otro confirmó la sentencia recurrida. Es así que, mediante proveído de treinta de diciembre del año inmediato anterior, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de diez de enero de la presente anualidad, ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que mediante oficio 19 de data siete de enero de la presente anualidad, el 1. Juez Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada del auto de la misma data, de la que se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del Juicio Ordinario Mercantil 492/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, y las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia definitiva dictada el veintiocho de agosto del mismo año, así como todo lo actuado en la etapa de ejecución. Asimismo, repuso todo el procedimiento, ordenando el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, José Ramón Padrón Prada, en el domicilio convencional señalado en el contrato base de la acción, ubicado en la calle Punta Roca Partida, número 234, colonia Graciano Sánchez Romo en Boca del Río, Veracruz, observándose todas las formalidades destacadas en el fallo amparador emitido por este juzgado. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 492/2019 a partir de la diligencia de emplazamiento de emplazamiento de cinco de abril de dos mil diecinueve, emplazando a juicio al aquí quejoso, conforme a la disposiciones legales aplicables en la materia mercantil. Sirve de apoyo a lo anterior, la razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de diez de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el doce de marzo de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Ramón Padrón Prada, para el efecto de que el juez responsable: ".1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 492/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de cinco de abril de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio del demandado. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión, conforme a la ley que lo rige." Inconforme con dicha resolución, Héctor Muñiz Lagunes, en su carácter de apoderado legal de la parte tercero interesada "BANCO MERCANTIL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión 162/2021 de su estadística, la superioridad por un lado dejó intocado el sobreseimiento por falta de impugnación y por otro confirmó la sentencia recurrida. Es así que, mediante proveído de treinta de diciembre del año inmediato anterior, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de diez de enero de la presente anualidad, ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que mediante oficio 19 de data siete de enero de la presente anualidad, el 1. Juez Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada del auto de la misma data, de la que se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del Juicio Ordinario Mercantil 492/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, y las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia definitiva dictada el veintiocho de agosto del mismo año, así como todo lo actuado en la etapa de ejecución. Asimismo, repuso todo el procedimiento, ordenando el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, José Ramón Padrón Prada, en el domicilio convencional señalado en el contrato base de la acción, ubicado en la calle Punta Roca Partida, número 234, colonia Graciano Sánchez Romo en Boca del Río, Veracruz, observándose todas las formalidades destacadas en el fallo amparador emitido por este juzgado. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 492/2019 a partir de la diligencia de emplazamiento de emplazamiento de cinco de abril de dos mil diecinueve, emplazando a juicio al aquí quejoso, conforme a la disposiciones legales aplicables en la materia mercantil. Sirve de apoyo a lo anterior, la razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las parte quejosa y tercero interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Ahora bien, atento al contenido de dicho oficio, se tiene a la Superioridad informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado; radicando con el número de toca 162/2021; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

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