José Raúl Paniagua Hernández

Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
551/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • José Raúl Paniagua Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por las terceras interesadas,***************, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto; el cual quedó radicado bajo el número 48/2023, de su índice. Notifíquese

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 33329/2022, de siete de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual se le notificó el acuerdo emitido en esa data, y se le corrió traslado con copia simple del escrito de expresión de agravios. Por otra parte, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la resolución impugnada, y del acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo a las terceras interesadas ************; interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo número 551/2022; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, y de conformidad con las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, solicítese el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. En esas condiciones, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, correspondió conocer del citado medio de impugnación, remítase vía ordinaria el original del escrito de expresión de agravios, el presente expediente, y un tomo de pruebas, toda vez que el que acto reclamado en esta instancia constitucional deriva del juicio ordinario civil número 365/2021, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; lo anterior, a fin de que la superioridad cuente con las constancias necesarias para la substanciación del recurso de que se trata. Cúmplase

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese copia del escrito de agravios signado por las terceras interesadas, Nohemí Serrano García y Ximena Paniagua Serrano; por medio del cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el original del citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso en cuestión, en términos del numeral 89 de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, correspondió conocer del citado medio de impugnación, remítase vía ordinaria el original del presente expediente, el original del escrito de agravios que se provee, y un tomo de pruebas; lo anterior, a fin de que la superioridad cuente con las constancias necesarias para la substanciación del recurso de que se trata. Finalmente, glósese a los autos el oficio signado por la Juez Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 31880/2022, de dieciocho de noviembre del actual, mediante el cual se le notificó la sentencia emitida en esa data. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es esencialmente fundado uno de los conceptos de violación formulados por el quejoso, y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Además, suplida la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso susceptible de afectar el orden y desarrollo de la familia, al versar el acto reclamado sobre la materia de alimentos; la suscrita advierte que la juez responsable incurrió en una violación que amerita la concesión del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Sin embargo, previo a exponer las razones en las que se sustenta la concesión del amparo, se hará pronunciamiento en torno a las inconformidades que se estiman ineficaces y que se refieren a aspectos de la resolución reclamada que son autónomos a las violaciones que la hacen inconstitucional. En el entendido de que dichos conceptos de violación, por cuestión de método, serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo. Así, se tiene que es inoperante el motivo de disenso en el que el quejoso aduce: Que en relación con ********, el juzgador analizó de forma superficial el vínculo que presumiblemente existe entre ésta y el quejoso, ya que menciona que dicho vínculo se justifica con el acta de matrimonio que exhibió la tercero interesado, pero omite hacer mención de que exhibió copia certificada del juicio ordinario civil 1380/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, del que -sostiene- se advierte que a la fecha existe sentencia definitiva de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, que decretó la disolución del vínculo matrimonial del impetrante y la antes nombrada; por lo que -afirma- ya no existe obligación alguna de proporcionarle alimentos. Lo inoperante de la inconformidad de trato radica en que, tratándose del pago de alimentos que se reclama con motivo del matrimonio, como en el caso, uno de los elementos necesarios para que prospere la acción intentada consiste en que el accionante acredite el vínculo matrimonial que lo une con el demandado, deudor alimentario. Esto es, la circunstancia de si la aquí quejosa (acreedora alimentaria), justifica que se encuentra unidad en matrimonio o no con el tercero interesado, es un tópico relativo a la procedencia de la acción de alimentos intentada, por lo que se trata de un tema de fondo propio de la acción principal cuyo análisis eberá realizarse en el dictado de la sentencia que resuelva el juicio y no al resolverse la reclamación prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se explica. El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz que prevé la existencia del recurso de reclamación con motivo del cual se emitió el acto reclamado dispone: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario". El precepto transcrito señala que cuando se reclamen alimentos el Juez podrá, en el auto en que se admite la demanda, cuando exista petición de parte y atendiendo a las circunstancias del caso, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o parentesco con el deudor alimentista, y tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho. Asimismo, que cualquier reclamación sobre la fijación de la aludida pensión se podrá formular dentro del escrito de contestación de la demanda, en donde el inconforme podrá exhibir los documentos que considere necesarios para acreditar los extremos de su reclamación, corriéndose vista a la contraria del reclamante, resolviéndose dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado. Por tanto, es válido sostener que el medio de defensa previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, tiene como objetivo únicamente equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el juez natural, sin cuestionar aspectos relativos a la procedencia de los alimentos reclamados, esto es, aspectos de fondo propios del estudio de la acción principal intentada. Esta última afirmación encuentra sustento en lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis (...) Así es pues, en ésta, la Sala de referencia determinó que tomando en cuenta la finalidad de la pensión alimenticia, que es proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos para pedir su cancelación o cesación. La anterior postura en torno a lo que debe ser materia de análisis al resolver la reclamación que prevé el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz (cuestiones relativas a la proporcionalidad del porcentaje o monto fijado y no aspectos de fondo de la acción intentada), también ha sido sostenida por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito. Así es, este último emitió la jurisprudencia (...) En esa medida, si lo que esencialmente alega el quejoso en el concepto de violación de trato es que no tiene la obligación de proporcionarle alimentos a la tercero interesada, Nohemí Serrano García, con motivo de que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el diverso juicio ordinario civil 1380/2019, se decretó la disolución del vínculo matrimonial que los unía; tal inconformidad, como se adelantó, se funda en un tópico cuyo análisis es exclusivo de la sentencia definitiva que se dicte en el contencioso de origen, y no de la reclamación. Luego, es inoperante. Máxime que la resolución que decretó la disolución del vínculo matrimonial a que alude el peticionario se decretó el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, esto es, cuando ya se encontraba en trámite el juicio natural y ya se había decretado la pensión alimenticia provisional en favor de la tercero interesada, Nohemí Serrano García, pues esto ocurrió el treinta de marzo de ese año. De ahí lo inoperante del motivo de disenso. En ese orden, con base en la misma premisa normativa previamente señalada, es inoperante la inconformidad en la que el impetrante sostiene: - Que por lo que respecta a Ximena Paniagua Serrano, actualmente es mayor de edad y si bien se encuentra estudiando, también es cierto que con el acta de nacimiento correspondiente se acreditó que es madre de una menor de iniciales A.F.P., por lo que se ha convertido en responsable directa de ésta, además de que ha formado una familia con su concubino de nombre *************, con el que vive en un domicilio a parte. Por tanto -alega-, se ha "roto" de forma definitiva la obligación (alimentaria) de su parte para con ella. En efecto, la inoperancia de lo anterior consiste en que lo que medularmente alega el quejoso es que no tiene la obligación de proporcionar alimentos a la tercero interesada, su hija, Ximena Paniagua Serrano, por el hecho de haber tenido ésta una hija y -según dice el impetrante- haber formado una familia con su concubino, esto es, se aduce que la antes nombrada no tiene el derecho de recibir alimentos del peticionario del amparo; cuestión que, atendiendo a la interpretación que en líneas precedentes se realizó del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, evidentemente también es un tópico que debe ser estudiado en la sentencia que resuelva la controversia en lo principal, por lo que escapa a la materia de la reclamación. Lo anterior, con independencia de que la autoridad responsable dio respuesta frontal a dicho planteamiento, en el sentido de que la circunstancia de que la acreedora alimentaria mayor de edad haya procreado un hijo, por sí sola, es insuficiente para acreditar que aquélla no tiene la necesidad de recibir alimentos de parte del deudor alimentario; pues en uno y otro caso la consecuencia es la misma, esto es, que tal argumento no da lugar a la regraduación de la pensión alimenticia provisional. En el entendido de que, la juez responsable sustentó la desestimación del planteamiento indicado, en la jurisprudencia (...) Criterio obligatorio que sirve de referencia para evidenciar que la necesidad de una acreedora alimentaria que se ubica en un supuesto como el que nos ocupa (mayor de edad, hija del deudor alimentario, que a su vez ha procreado un hijo), no puede desvirtuarse únicamente a partir de presunciones, sino que para determinar si aquélla ha dejado de necesitar alimentos y puede satisfacer por sí misma todas sus necesidades alimentarias, se requiere de un análisis profundo y exhaustivo propio de la sentencia que resuelva el fondo de la controversia principal. De ahí lo inoperante del anterior concepto de violación. Por otro lado, es ineficaz lo sostenido por el peticionario, consistente en: Que por cuanto hace al menor de iniciales G.P.S., siempre ha sido un padre responsable, como -dice- lo acreditó con el material probatorio que acompañó a su reclamación, como son los comprobantes de depósito realizados desde el mes de junio de dos mil diecisiete hasta la fecha en que se promovió en su contra la demanda de alimentos, a la cuenta de ***. En efecto, como esencialmente lo sostuvo la autoridad responsable en la resolución reclamada, el cumplimiento voluntario del deudor alimentario no constituye un motivo válido para regraduar la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio. Lo anterior, toda vez que los acreedores alimentarios requieren tener certeza respecto del cumplimiento constante y oportuno de los alimentos que necesitan para subsistir, por lo que su satisfacción no puede quedar a la voluntad del deudor. Así es, la obligación de dar alimentos es de tracto sucesivo, pues la necesidad de recibirlos surge de momento a momento, por lo que su cumplimiento no puede quedar al arbitrio del deudor alimentario, sino que debe ser fijado por el órgano jurisdiccional; además, ese cumplimiento voluntario anterior no garantiza que en lo futuro el deudor continuará satisfaciendo las necesidades alimentarias de sus acreedores. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Por otro lado, también es ineficaz lo manifestado por el impetrante consistente en: Que acreditó que aporta el seguro de gastos médicos mayores en su favor (de los acreedores alimentarios), apoyo de lentes y que tienen seguridad social médica en el "ISSSTE" derivado del trabajo del quejoso, por lo que no gastan en atención médica. La ineficacia de lo alegado radica en que lo que esencialmente pretende el inconforme es que se reduzca la pensión alimenticia provisional fijada a su cargo, bajo el argumento de que, con motivo de su trabajo, tiene socialmente asegurados a sus acreedores alimentarios, aquí terceros interesados; en otras palabras, que tienen cubierta la asistencia médica, el cual es uno de los rubros que conforman los alimentos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz; lo que es inexacto. Es así, pues la pensión alimenticia -sea provisional o definitiva- solicitada por uno de los cónyuges, debe incluir los rubros: comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, entre otros; y tratándose de los hijos, además, los gastos de educación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz. De esa manera, cuando el juzgador fija una pensión (provisional o definitiva) su decisión debe basarse en que su determinación satisfaga, cuando menos, los precitados rubros, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Ahora, cuando se aduce que una determinada persona obtiene ingresos resultado de sus servicios en un trabajo personal subordinado, o bien, como trabajador al servicio del Estado, se genera la presunción legal -iuris tantum- relacionada con el eficaz goce de sus derechos de seguridad social, es decir, la existencia de una norma imperativa que establezca derechos sustantivos hace posible presumir su debido cumplimiento, salvo prueba en contrario, razón por la cual, si la legislación establece la obligación para todos los empleadores de brindar esas prestaciones a sus trabajadores, las cuales generan derechos a favor, entre otros, de sus cónyuges y de sus hijos; entonces, es posible sostener que, en el caso, los beneficiarios del demandado gozan eficazmente de su derecho a la seguridad social, lo cual significa que tienen cubierto el rubro de asistencia médica, ante la inexistencia de alegación en contrario. Lo anterior implica que, si en el escrito de demanda las acreedoras alimentarias, al solicitar la fijación de una pensión, adujeron que los ingresos del deudor alimentario derivan del desarrollo de su actividad laboral como oficial de seguridad, de la Coordinación de Seguridad, (del Consejo de la Judicatura Federal) del Poder Judicial de la Federación; válidamente puede sostenerse que la juez responsable, al momento de fijar la pensión provisional, consideró satisfecho el rubro de asistencia en caso de enfermedad derivado de esa circunstancia laboral porque, el párrafo segundo del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece que la fijación de la pensión de referencia atiende a las circunstancias del caso, las cuales, necesariamente, deben advertirse del escrito de demanda y, en su caso, de los documentos exhibidos como prueba. Esto es, si las normas de seguridad social aplicables, establecen la protección de los derechos médicos de los beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado; entonces, tendría que haberse considerado -al fijar la pensión alimenticia provisional- que los acreedores alimentarios tenían satisfecha su necesidad de asistencia médica, como consecuencia legal de la situación laboral del deudor alimentario. Máxime, cuando en el escrito de demanda, las accionantes nada dijeron en relación con que: pese a ser una prerrogativa a la cual tienen derecho, no tuvieran cubierto ese rubro; que esa necesidad no se encontrara satisfecha por cuestiones específicas con la propia institución; o bien, que dicha prestación es insuficiente para cubrir de forma competente sus necesidades particulares. En ese orden, si en relación con el rubro de asistencia médica, la Juez tuvo que haber considerado la satisfacción de ese rubro para fijar un monto por concepto de pensión alimenticia, por las circunstancias particulares del caso descritas en el escrito de demanda; entonces, el argumento donde se aduce el cumplimiento de la obligación alimentaria en relación con ese rubro, no puede servir de base para motivar la disminución de la pensión decretada a favor de los aquí terceros interesados, ya que tal circunstancia no constituye un aspecto novedoso, pues -con base en lo expuesto- dicha cuestión no era desconocida al momento en que se fijó la pensión provisional solicitada y, en consecuencia, es ineficaz para reducir la pensión inicialmente fijada. En los mismos términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, al resolver el amparo en revisión número 350/2021, de su índice. De ahí lo ineficaz del motivo de disenso de trato. Por el contrario, suplida en su deficiencia, es fundada la inconformidad en la que el quejoso aduce: - Que el juzgador omitió valorar que el peticionario carece de capacidad económica para aportar los alimentos en los términos en que lo ordenó, pues su trabajo está en La Paz, Baja California, y su casa está establecida en Orizaba, Veracruz, por lo que tiene que alquilar su vivienda, cubrir su alimentación, lavado y planchado de ropa, renta de línea telefónica y demás gastos propios que implica vivir alejado de su ciudad de residencia Agrega que el juzgador tampoco valoró el hecho de que cada vez que viaja a la ciudad de Orizaba, Veracruz, cada viaje le genera un costo de $7,000.00 (siete mil pesos), y que esos viajes los hace esencialmente para ejercer la convivencia con su hijo menor de edad. En efecto, suplida la deficiencia de la queja, asiste razón al peticionario, pues del análisis del acto reclamado se advierte que es violatorio del principio de congruencia que rige el dictado de las resoluciones judiciales, toda vez que la autoridad responsable, al momento de resolver, no atendió el planteamiento que aquél sustentó en su reclamación y que encuentra inmerso en el concepto de violación de mérito, el cual esencialmente tiende a evidenciar que la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente, es desproporcional. El artículo 57, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos. (.) Los jueces o tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito". El precepto transcrito prevé implícitamente el principio de congruencia externa que debe cumplirse en las sentencias que se dicten en los juicios civiles tramitados por tribunales del Estado de Veracruz, que básicamente consiste en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado. Tal principio no es exclusivo de las sentencias definitivas que se dicten en los referidos juicios civiles, sino que debe observarse en toda resolución judicial que obedezca a la solución de un planteamiento realizado por las partes, como lo son aquellas que resuelven cuestiones cuyo estudio no es propio de la sentencia definitiva. En esa medida, si en una resolución judicial (sea sentencia definitiva, interlocutoria o la que resuelve un recurso intermedio), el resolutor omite analizar alguno o algunos de los argumentos formulados por las partes con la finalidad de justificar sus pretensiones, la misma resulta incongruente por no ser exhaustiva en el análisis de la cuestión planteada, lo que desde luego contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a una completa impartición de justicia. Por su parte, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, como se expuso en líneas precedentes, regula el derecho de la parte demandada de inconformarse contra la determinación judicial que fija una pensión alimenticia provisional en favor del accionante, a través del medio ordinario de defensa denominado reclamación; el cual después de darse vista a la parte contraria del reclamante debe ser resuelto dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal. Esto es, dicha cuestión debe ser dilucidada exclusivamente con base en las probanzas documentales que ambas partes hubiesen aportado hasta ese momento procesal. Por tanto, el principio de congruencia aplicado a la resolución que debe dirimir la reclamación interpuesta contra la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente, implica que el juez, para resolver, debe atender a los planteamientos contenidos en el escrito de reclamación y en el respectivo desahogo de vista, en relación con los documentos aportados por las partes y que existan hasta el indicado estadío procesal. Precisado lo anterior se tiene que, en la especie, la resolución reclamada infringe el principio de congruencia previsto instrumentalmente en el artículo 57 en relación con el 210, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, pues, como se adelantó, la autoridad responsable omitió tomar en cuenta el argumento en que el quejoso sustentó su reclamación y que se encuentra inmerso en el concepto de violación de mérito. Se afirma esto, toda vez que entre los argumentos formulados por el ahora inconforme en su escrito de reclamación, se encuentra el que a continuación se transcribe (foja 91 del tomo de pruebas): "(.) siendo importante que su Señoría tenga a bien Valorar que el suscrito al tener un Descuento Alimentario del 60% (Sesenta Por Ciento) me deja en estado de indefensión, toda vez que debe de valorar que tal y como lo señala la parte Actora, el suscrito tengo mi lugar de Residencia en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, ya que ahí es donde están mis Padres, Familia e Hijos, y actualmente estoy Laborando para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación en La Paz Baja California Sur, es decir, que laboro en un lugar diferente a donde vivo y su Señoría debe de tener en cuenta que por la zona donde se encuentra mi trabajo los gastos se incrementan notablemente, ya que no es lo mismo el nivel de gastos de vida en Veracruz que en Baja California, por lo cual es que mis gastos se incrementan en demasía, ya que tengo que gastar en Renta de mi Hogar la cual asciende a $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.), de Transporte gasto aproximadamente $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), Gastos de Lavado y Planchado de mi Ropa aproximadamente $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.), Mi Recibo Telefónico es de $200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.), gastando para mi Dispersión otros $4,000.00 M.N. (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), cada ida a mi lugar de origen que es Orizaba, Veracruz, es de aproximadamente de $7,000.00 (Siete mil Pesos 00/100 M.N.) cada vez que voy, gastos que su Señoría podrá comprobar de la vista de mis Estados de Cuenta Bancarios de la Institución de Crédito HSBC, donde se aprecian los gastos que tengo de manera Ordinaria y Extraordinaria, por lo tanto su Señoría podrá percatarse que mis gastos son muy altos, y el quitarme el 60% de mi salario y prestaciones provoca que quede prácticamente en estado de insolvencia (.)". Ahora, de la lectura integral de la resolución reclamada se advierte que la juez responsable omitió ocuparse de lo planteado por el reclamante en el fragmento transcrito en líneas precedentes, en el que básicamente expone los egresos que -afirma- tiene por los conceptos que indica; la circunstancia particular derivada de la distancia que existe entre la ciudad en la que labora y la de Orizaba, Veracruz, en la que se encuentran sus padres, familia e hijos, y sostiene que, atendiendo a ello, el quantum de la pensión alimenticia provisional inicialmente fijado lo coloca en un estado de insolvencia. Así es, la responsable no hizo alusión alguna al planteamiento de mérito, lo que revela que no emprendió un estudio exhaustivo de lo planteado por el reclamante, ya que para tener la certeza de esto último era menester que expusiera los razonamientos lógico jurídicos que tomó en cuenta para acoger o desestimar el argumento del inconforme, lo que, se reitera, no hizo. En mérito de lo previamente expuesto es que se concluye que la resolución reclamada es violatoria de las garantías de legalidad consagrada en el artículo 14 y 17, de la Carta Magna. De ahí que resulte esencialmente fundado el motivo de disenso analizado. Por otra parte, suplida la queja deficiente, este tribunal advierte que la resolución reclamada se encuentra insuficientemente motivada, específicamente al establecer la autoridad responsable que si bien la acreedora alimentaria ***********percibe ingresos, no significa que ésta haya dejado de necesitar los alimentos del accionante. Al respecto, el párrafo primero del artículo 16 constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)". El precepto transcrito contiene el principio de legalidad que se encuentran obligadas a observar todas las autoridades al emitir sus actos, según el cual, éstos deben ser emitidos por escrito (salvo los que se dicten en juicios o procedimientos en los que rija la oralidad) por órgano competente, y ser fundados y motivados. En cuanto a los requisitos de fundamentación y motivación es pertinente precisar que por fundamentación se ha entendido el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, mientras que la motivación es la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En relación con esto último, sirve de apoyo la jurisprudencia número (...) En el caso, en la parte considerativa de la resolución reclamada, en principio, la juez responsable, una vez que sintetizó algunos de los argumentos en los que el demandado fundó su reclamación, al dar respuesta a los mismos y valorar algunas de las documentales que aportó al interponer dicho medio de impugnación (foja 267 reverso y 268 del tomo de pruebas), sostuvo, en lo que aquí trasciende, lo que se transcribe a continuación: "(.) así también exhibe una copia simple de recibo de nómina a nombre de NOHEMÍ SERRANO GARCÍA, expedido por la Secretaría de Educación de Veracruz, del cual se desprende que la actora tiene ingresos por la cantidad de cuatro mil ochenta y dos pesos 90/100 M.N. y de éstos se le deducen ochocientos siete pesos 09/100 M.N. quedándole un total de tres mil doscientos setenta y cinco pesos 83/100 M.N., situación que se desconocía al decretar la medida provisional por lo que al obtener ingresos con éstos puede satisfacer parte de sus necesidades alimentarias, sin que esto implique que deba contribuir económicamente con las obligaciones alimentarias de sus hijos pues ésta cumple con parte de esa carga alimentaria al tener bajo su cuidado a su hijo menor de edad pues al tenerlo bajo su cuidado ésa tiene que cuidarlo, alimentarlo, bañarlo. Asistirlo en sus tareas esto acorde a lo previsto en el artículo 100 del Código Civil. (.)". Esto es, la juez responsable tuvo por demostrado que la referida acreedora alimentaria percibe ingresos por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, con los que puede satisfacer "parte" de sus necesidades alimentarias, pero indicó que ello no implica que deba contribuir económicamente para satisfacer las necesidades alimentarias de su hijo menor de edad, pues cumple con la carga que le corresponde cuidándolo. Más adelante, en la resolución reclamada la juez natural, en lo que aquí trasciende, sostuvo (foja 269 reverso del tomo de pruebas): "(.) Por lo que la pensión alimenticia provisional no rompe con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ni es excesiva, ya que la proporcionalidad de una pensión alimenticia depende de que la pensión sea acorde a las necesidades alimentarias de los acreedores y las posibilidades del deudor para dar los alimentos conforme a lo establecido en el numeral invocado, y este Tribunal realizó de manera provisional y con lo aportado, hasta este momento por la actora (SIC). Y de sus argumentos no se justifica que sea desproporcional a sus posibilidades pues el hecho de que la accionante por propio derecho cuente con un empleo no significa que deje de necesitar alimentos del accionante, pues ésta cumplió el roll de ama de casa independientemente de desarrollar una actividad laboral, pues como la accionante refirió ésta se dedicó a sus hijos mientras el demandado se desarrollaba laboralmente en la Ciudad de La Paz Baja California (.)". Como se ve de lo transcrito, la autoridad responsable, de forma dogmática, sostuvo que la circunstancia de que tercero interesada, Nohemí Serrano García, tuviera un empleo, no significa que ésta haya dejado de necesitar los alimentos, lo que en todo caso implica que los ingresos que recibe como producto de la prestación de sus servicios son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias; sin embargo, la juez local no expuso bajo qué razonamiento o razonamientos arribó a dicha conclusión, lo que era necesario si se toma en cuenta que la circunstancia de que un acreedor alimentario perciba ingresos podría impactar en el grado de necesidad alimentaria considerado inicialmente y, con ello, en la proporcionalidad de la medida provisional fijada. Ahora, no pasa inadvertido que la juzgadora señaló que la antes nombrada cumplió con el roll de ama de casa además de desarrollar una actividad laboral; sin embargo, tal circunstancia, en todo caso, tiene incidencia, como lo hizo notar la responsable en líneas precedentes de la resolución reclamada, en que la tercero interesada, Nohemí Serrano García, cumple con su carga de otorgar alimentos a su menor hijo encargándose de cuidarlo cotidianamente, pero no tiene relación alguna con el hecho de que los ingresos que percibe -según lo tuvo por demostrado la responsable- sean o no suficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias. Al efecto, era necesario que la autoridad expusiera los razonamientos lógicos jurídicos y, en su caso, los medios de convicción que tomó en consideración para determinar que el ingreso que percibe la tercero interesada de mérito como empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz, no le permite cubrir sus propios requerimientos alimentarios. De ahí la violación de trato. En consonancia con lo antes expuesto, también se advierte que si bien la juez responsable invocó el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, y expuso en qué consiste el principio de proporcionalidad contenido en dicho precepto, no realizó el análisis condigno. Esto es, acorde a dicho principio, los alimentos deben proporcionarse en razón de la posibilidad del que debe darlos y la necesidad de quien o quienes deben recibirlos. Sin embargo, de la lectura integral de la resolución reclamada, no se advierte que para concluir en la forma en que lo hizo y desestimar la reclamación interpuesta por el aquí quejoso, la juez haya ponderado la situación individual de los acreedores en relación con sus necesidades personales, del entorno social en que se desenvuelven, sus costumbres y particularidades que representa a la familia, así como las posibilidades del deudor que derivan del total de sus percepciones, lo que debe confrontarse con las necesidades de aquéllos. Lo anterior, en la medida en que tales aspectos puedan advertirse del material probatorio existente en autos. De ahí que se sostenga que el acto reclamado carece de motivación. No pasa inadvertido, que mediante escrito presentado durante la tramitación de este juicio de amparo, el quejoso formuló diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin embargo, es innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos (fojas 40 a 43 del juicio). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 27/94, (...) En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por ************, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con residencia en Nogales, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 365/2021, de su índice; y b) En su lugar, emita una nueva en la que, al resolver la reclamación: 1. Reitere las consideraciones que no son materia de la concesión del amparo, a las que se hizo alusión a lo largo de este considerando; y con libertad de jurisdicción 2. Dé respuesta al planteamiento formulado por el quejoso al interponer la reclamación en el que básicamente expone los egresos que -afirma- tiene por los conceptos que detalló en dicho ocurso; la circunstancia particular derivada de la distancia que existe entre la ciudad en la que labora y la de Orizaba, Veracruz, en la que se encuentran sus padres, familia e hijos, y que -sostiene-, atendiendo a ello, el quantum de la pensión alimenticia provisional inicialmente fijado lo coloca en un estado de insolvencia. 3. Exponga los razonamientos lógico jurídicos con base en los cuales determine si los ingresos que percibe la tercero interesada, Nohemí Serrano García, provenientes de la Secretaría de Educación de Veracruz, son suficientes o no para considerar que ha variado el grado de necesidad inicialmente considerado en dicha acreedora alimentaria y, en su caso, si tales percepciones son suficientes o no para satisfacer sus propias necesidades alimentarias; y 4. Hecho lo anterior, deberá resolver lo conducente atendiendo al principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, esto es, de acuerdo a la realidad imperante en autos, ponderando la necesidad alimentaria de los acreedores alimentarios, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de ocho de julio de dos mil veintidós (fojas 9 a 13 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 73, 74, 75, 76, 77, fracción I y 79 , de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ************, contra el acto reclamado de la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con residencia en Nogales, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando séptimo, de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente al quejoso y por lista a los terceros interesados

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