José Raúl Noriega Altamirano

Expediente 925/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
925/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • José Raúl Noriega Altamirano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 37972/2019 de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se hizo de su conocimiento el auto emitido en esa data. Cúmplase.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE NO ATENDER AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Córdoba, Veracruz, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 126 a 135), este Juzgado de Distrito concedió la protección Constitucional a **********, en los siguientes términos: "[.] Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Presidente de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral **********; y, b) Con libertad de jurisdicción, emita una nueva en la que al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso contra la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dé respuesta específica y frontal a los argumentos formulados por éste en su escrito de agravios, los que quedaron sintetizados en la presente resolución. [.]". Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado, ********** y/o **********, por conducto de su apoderado legal **********, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, el cual quedó radicado bajo el número 34/2019 de su índice; y en sentencia dictada el once de julio del presente año, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, en apoyo a las labores de aquél, se confirmó la sentencia recurrida (fojas 175 a 194). Por ende, el Presidente de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: 1) Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral **********; y, 2) Con libertad de jurisdicción, emitir una nueva en la que al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso contra la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, diera respuesta específica y frontal a los argumentos formulados por éste en su escrito de agravios. En consecuencia, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 259 y 260), se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En atención a lo anterior, mediante oficio 653/2019 de treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 267 a 271), la citada autoridad remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en proveído de tres de septiembre del año en curso (foja 272), se dio vista a las partes, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que lo hayan hecho. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 272), en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Córdoba, Veracruz, se advierte, en lo que trasciende, que mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 267), dejó insubsistente la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral **********. Posteriormente, el veintiocho de agosto de este año, dictó una nueva resolución en relación con el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, **********, contra la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en la que dio respuesta específica y frontal a los argumentos formulados por éste en su escrito de agravios, en los términos siguientes: 1) Que si bien, en la Ley Federal del Trabajo no existe disposición expresa que diga que los bienes muebles que pretenden embargarse deban tenerse a la vista, también lo es que por su propia naturaleza, es necesario que se tengan a la vista a fin de que pueda trabarse la ejecución y queden asegurados, pues de lo contrario podría suceder que dichos bienes asegurados para el embargo no existan, o que existiendo, se les pueda hacer desaparecer sin que sea posible exigir la responsabilidad consiguiente de su desaparición. 2) Que la actuación del actuario fue apegada a derecho, toda vez que el actor -aquí quejoso-, no señaló el domicilio donde se encontraban los bienes muebles objeto de embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 955 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, no los tuvo identificados para practicar el embargo solicitado, pues en dicho acto se distinguen dos elementos diferentes que son "trabar embargo" o "señalar para embargo", y en la diligencia que se reclama, el aquí quejoso solicitó trabar formal embargo respecto de bienes inmuebles que el actuario no tuvo a la vista. 3) Que si bien, no existe disposición expresa en la Ley Federal del Trabajo que señale que no es requisito que los bienes señalados a embargar cuenten impresos en ellos la razón social de la empresa; sin embargo, el actuario se abstuvo de practicar el embargo solicitado, de conformidad con lo establecido por el artículo 955 de la Ley en cita, pues no contaba con elementos que acreditara que dichos bienes pertenecían al demandado sujeto de condena. Con base en ésta y otras consideraciones la junta declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, **********, contra la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente de origen. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación emitida por la responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se ordenó que emitiera una nueva determinación en la que purgara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez transcurridos tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en razón de que SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar alguno en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Córdoba, Veracruz, consistentes en diversas constancias relativas al juicio laboral **********, de su índice; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a tres de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, con un anexo; atento a su contenido, se le tiene informando el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo concedido a la parte quejosa en el presente asunto. En consecuencia, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días, computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector.

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