José Raúl Nájera Trejo

Expediente 629/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
629/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • José Raúl Nájera Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Promoción. Vista la promoción firmada por el quejoso ****, se le tiene cumpliendo en tiempo y forma con la prevención formulada por este juzgado, informando que en la audiencia intermedia de dieciséis de octubre de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 461/2019, del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el juez responsable se reservó dictar el auto de apertura a juicio oral, debido a que se encuentra pendiente de resolver el diverso juicio de amparo 1698/2019, del índice de este propio Juzgado de Distrito, promovido en contra del auto de vinculación a proceso que le fue dictado al ahí imputado, dentro de la causa penal antes mencionada. Desechamiento. Atendiendo a dicha manifestación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción V -interpretado en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo, por los motivos legales que enseguida se exponen. Conforme a lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo proceso penal de corte adversarial y acusatorio, consta de tres fases o etapas: investigación, intermedia y juicio. Cada una de esas fases, se rige -entre otros- por el principio de continuidad, el cual establece que las audiencias se llevarán a cabo en forma continua, sucesiva y secuencial, por lo que las partes deben hacer valer sus inconformidades en el momento procesal o etapa correspondiente. En lo que respecta a la etapa intermedia, también llamada de preparación de juicio, ésta tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral y comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 347 del código procesal en consulta, el auto de apertura a juicio tiene, entre otros efectos, abrir el juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento competente; precisar las acusaciones que deberán ser objeto del juicio oral, así como los hechos materia de la acusación; señalar los acuerdos probatorios a que hubieren llegado las partes; y, de manera destacada, autorizar los medios probatorios que se desahogarán ante el Tribunal de Enjuiciamiento, por parte del Ministerio Público, el acusador coadyuvante y la defensa. Por tanto, cuando se reclama en vía de amparo una violación en el desarrollo de la audiencia intermedia, pero sin incluir el auto de apertura a juicio oral, el medio de control constitucional resulta improcedente, debido a que, conforme a lo estipulado en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos intraprocesales solo pueden ser reclamables en amparo indirecto cuando afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aún obteniendo sentencia favorable, lo que excluye, automáticamente, actos autoritarios que sólo afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En ese sentido, la determinación del Juez de control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, pero sin dictar el auto de apertura a juicio oral que concluye formalmente la etapa intermedia -tal como en la especie acontece-, esa actuación judicial sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del quejoso, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos, ya que tal resolución, en todo caso, es susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas, hasta el momento procesal exacto en que se emita el auto de apertura a juicio oral (mismo que, en el caso, se encuentra pendiente de dictarse, merced de un diverso juicio de amparo tramitado por el propio quejoso), pues, como se viene diciendo, es en dicha actuación procesal en la que se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, en términos de la fracción V del invocado numeral 347. Al respecto, se invoca el criterio siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Tesis: II.3o.P.83P (10a.); Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Materia(s): Común, Penal; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II; Página: 947; Época: Décima; Ius: 2021798.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Promoción. Vista la promoción firmada por el quejoso ****, se le tiene cumpliendo en tiempo y forma con la prevención formulada por este juzgado, informando que en la audiencia intermedia de dieciséis de octubre de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 461/2019, del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el juez responsable se reservó dictar el auto de apertura a juicio oral, debido a que se encuentra pendiente de resolver el diverso juicio de amparo 1698/2019, del índice de este propio Juzgado de Distrito, promovido en contra del auto de vinculación a proceso que le fue dictado al ahí imputado, dentro de la causa penal antes mencionada. Desechamiento. Atendiendo a dicha manifestación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción V -interpretado en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo, por los motivos legales que enseguida se exponen. Conforme a lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo proceso penal de corte adversarial y acusatorio, consta de tres fases o etapas: investigación, intermedia y juicio. Cada una de esas fases, se rige -entre otros- por el principio de continuidad, el cual establece que las audiencias se llevarán a cabo en forma continua, sucesiva y secuencial, por lo que las partes deben hacer valer sus inconformidades en el momento procesal o etapa correspondiente. En lo que respecta a la etapa intermedia, también llamada de preparación de juicio, ésta tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral y comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 347 del código procesal en consulta, el auto de apertura a juicio tiene, entre otros efectos, abrir el juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento competente; precisar las acusaciones que deberán ser objeto del juicio oral, así como los hechos materia de la acusación; señalar los acuerdos probatorios a que hubieren llegado las partes; y, de manera destacada, autorizar los medios probatorios que se desahogarán ante el Tribunal de Enjuiciamiento, por parte del Ministerio Público, el acusador coadyuvante y la defensa. Por tanto, cuando se reclama en vía de amparo una violación en el desarrollo de la audiencia intermedia, pero sin incluir el auto de apertura a juicio oral, el medio de control constitucional resulta improcedente, debido a que, conforme a lo estipulado en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos intraprocesales solo pueden ser reclamables en amparo indirecto cuando afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aún obteniendo sentencia favorable, lo que excluye, automáticamente, actos autoritarios que sólo afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En ese sentido, la determinación del Juez de control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, pero sin dictar el auto de apertura a juicio oral que concluye formalmente la etapa intermedia -tal como en la especie acontece-, esa actuación judicial sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del quejoso, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos, ya que tal resolución, en todo caso, es susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas, hasta el momento procesal exacto en que se emita el auto de apertura a juicio oral (mismo que, en el caso, se encuentra pendiente de dictarse, merced de un diverso juicio de amparo tramitado por el propio quejoso), pues, como se viene diciendo, es en dicha actuación procesal en la que se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, en términos de la fracción V del invocado numeral 347. Al respecto, se invoca el criterio siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Tesis: II.3o.P.83P (10a.); Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Materia(s): Común, Penal; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II; Página: 947; Época: Décima; Ius: 2021798. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Ricardo Coutiño Gordillo, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  4. Principal

    Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ... autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de seis de noviembre del año en curso. Acuerdo. Conviene destacar que el autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para dar cumplimiento a la prevención, en virtud de que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea signada por quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción, es evidente que dicho cumplimiento también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, por su representante legal y no puede ser sustituida por el autorizado para atender procesalmente al juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo. Subsistente apercibimiento. Por tanto, se deja subsistente el apercibimiento decretado mediante auto de seis del presente mes y año, haciendo constar que la prevención de la demanda no está cumplida y continua transcurriendo el término legal otorgado en el auto de mérito para el acatamiento de la prevención. Jurisprudencias. Son aplicables las siguientes jurisprudencias: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." (Época: Decima. Registro: 2007285. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 50/2014. Página: 210). "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." (Época: Novena. Registro: 182896. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 106/2003. Página: 133).

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