José Rafael Gómez Juárez

Expediente 528/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
528/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • José Rafael Gómez Juárez
  • Juzgado Primero Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla.- Chiapa de Corzo, Chiapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA AL TERCERO INTERESADA:----------Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: i) Del Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil quince, librada en la causa penal 172/2017 antes causa penal 30/2014, por el delito de despojo agravado, cometido en agravio de Jose Antonio Dahmlow Frank. ii) Del Director General de la Policía Especializada, Subdirector de la Policía Especializada, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión, todas con sede en esta ciudad; y, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Centro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas; la ejecución de la orden de aprehensión. La protección constitucional se concedió para que el juez responsable realizara lo siguiente: i. Dejar insubsistente la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil doce, dictado en la causa penal 172/2017, de su índice; y, ii. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado; con plenitud de jurisdicción examine nuevamente si se encuentra comprobada o no la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le atribuye. En el entendido de que, si decide reiterar la determinación de que si está demostrada tal intervención en el hecho delictuoso deberá señalar las pruebas que pongan de manifiesto las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el justiciable intervino o participó en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que demuestre la conducta desplegada por el activo, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se le menciona; y, finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 045/2021/B/DGF de once de febrero de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 172/2017. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efectos y sin valor jurídico el auto de incoación de doce de octubre de dos mil quince, dictado en la causa penal 172/2017. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), resolvió que si bien se encuentra acreditado el cuerpo del delito de despojo, que se dijo cometido en agravio de José Antonio Dahmlow Frank; empero no existe indicio alguno para concluir de manera indiciaria el grado de participación del aquí quejoso José Rafael Gómez Juárez, por lo que resultan insuficientes para justificar su probable responsabilidad, por tanto concluyó procedente negar la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por su parte el Director Jurídico de la Policía Especializada en Ausencia del Director y Subdirector General, y Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, todas con sede en esta ciudad, informaron el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Eduardo Chacón Balcázar, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)LMECHBTuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: i) Del Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil quince, librada en la causa penal 172/2017 antes causa penal 30/2014, por el delito de despojo agravado, cometido en agravio de Jose Antonio Dahmlow Frank. ii) Del Director General de la Policía Especializada, Subdirector de la Policía Especializada, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión, todas con sede en esta ciudad; y, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Centro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas; la ejecución de la orden de aprehensión. La protección constitucional se concedió para que el juez responsable realizara lo siguiente: i. Dejar insubsistente la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil doce, dictado en la causa penal 172/2017, de su índice; y, ii. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado; con plenitud de jurisdicción examine nuevamente si se encuentra comprobada o no la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le atribuye. En el entendido de que, si decide reiterar la determinación de que si está demostrada tal intervención en el hecho delictuoso deberá señalar las pruebas que pongan de manifiesto las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el justiciable intervino o participó en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que demuestre la conducta desplegada por el activo, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se le menciona; y, finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 045/2021/B/DGF de once de febrero de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 172/2017. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efectos y sin valor jurídico el auto de incoación de doce de octubre de dos mil quince, dictado en la causa penal 172/2017. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), resolvió que si bien se encuentra acreditado el cuerpo del delito de despojo, que se dijo cometido en agravio de José Antonio Dahmlow Frank; empero no existe indicio alguno para concluir de manera indiciaria el grado de participación del aquí quejoso José Rafael Gómez Juárez, por lo que resultan insuficientes para justificar su probable responsabilidad, por tanto concluyó procedente negar la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por su parte el Director Jurídico de la Policía Especializada en Ausencia del Director y Subdirector General, y Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, todas con sede en esta ciudad, informaron el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: i) Del Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil quince, librada en la causa penal 172/2017 antes causa penal 30/2014, por el delito de despojo agravado, cometido en agravio de Jose Antonio Dahmlow Frank. ii) Del Director General de la Policía Especializada, Subdirector de la Policía Especializada, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión, todas con sede en esta ciudad; y, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Centro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas; la ejecución de la orden de aprehensión. La protección constitucional se concedió para que el juez responsable realizara lo siguiente: i. Dejar insubsistente la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil doce, dictado en la causa penal 172/2017, de su índice; y, ii. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado; con plenitud de jurisdicción examine nuevamente si se encuentra comprobada o no la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le atribuye. En el entendido de que, si decide reiterar la determinación de que si está demostrada tal intervención en el hecho delictuoso deberá señalar las pruebas que pongan de manifiesto las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el justiciable intervino o participó en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que demuestre la conducta desplegada por el activo, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se le menciona; y, finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 045/2021/B/DGF de once de febrero de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 172/2017. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efectos y sin valor jurídico el auto de incoación de doce de octubre de dos mil quince, dictado en la causa penal 172/2017. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), resolvió que si bien se encuentra acreditado el cuerpo del delito de despojo, que se dijo cometido en agravio de José Antonio Dahmlow Frank; empero no existe indicio alguno para concluir de manera indiciaria el grado de participación del aquí quejoso José Rafael Gómez Juárez, por lo que resultan insuficientes para justificar su probable responsabilidad, por tanto concluyó procedente negar la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por su parte el Director Jurídico de la Policía Especializada en Ausencia del Director y Subdirector General, y Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, todas con sede en esta ciudad, informaron el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Eduardo Chacón Balcázar, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)LMECHBTuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: i) Del Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil quince, librada en la causa penal 172/2017 antes causa penal 30/2014, por el delito de despojo agravado, cometido en agravio de Jose Antonio Dahmlow Frank. ii) Del Director General de la Policía Especializada, Subdirector de la Policía Especializada, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión, todas con sede en esta ciudad; y, Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Centro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas; la ejecución de la orden de aprehensión. La protección constitucional se concedió para que el juez responsable realizara lo siguiente: i. Dejar insubsistente la orden de aprehensión de doce de octubre de dos mil doce, dictado en la causa penal 172/2017, de su índice; y, ii. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado; con plenitud de jurisdicción examine nuevamente si se encuentra comprobada o no la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le atribuye. En el entendido de que, si decide reiterar la determinación de que si está demostrada tal intervención en el hecho delictuoso deberá señalar las pruebas que pongan de manifiesto las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el justiciable intervino o participó en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que demuestre la conducta desplegada por el activo, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se le menciona; y, finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 045/2021/B/DGF de once de febrero de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 172/2017. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efectos y sin valor jurídico el auto de incoación de doce de octubre de dos mil quince, dictado en la causa penal 172/2017. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), resolvió que si bien se encuentra acreditado el cuerpo del delito de despojo, que se dijo cometido en agravio de José Antonio Dahmlow Frank; empero no existe indicio alguno para concluir de manera indiciaria el grado de participación del aquí quejoso José Rafael Gómez Juárez, por lo que resultan insuficientes para justificar su probable responsabilidad, por tanto concluyó procedente negar la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por su parte el Director Jurídico de la Policía Especializada en Ausencia del Director y Subdirector General, y Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, todas con sede en esta ciudad, informaron el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión.

  3. Principal

    Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Jueza del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Acuerdo. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que en autos de tres y cuatro de febrero del año en curso, se reservó proveer respecto de los informes del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo, rendidos por el Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director y Subdirector General, Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, residentes en esta ciudad y Encargado de la Comandancia Regional Zona Centro de la Policía Especializada, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapa, hasta en tanto el Juez responsable hiciera lo propio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el contenido de este proveído, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA.- Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Jueza del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Acuerdo. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que en autos de tres y cuatro de febrero del año en curso, se reservó proveer respecto de los informes del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo, rendidos por el Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director y Subdirector General, Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, residentes en esta ciudad y Encargado de la Comandancia Regional Zona Centro de la Policía Especializada, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapa, hasta en tanto el Juez responsable hiciera lo propio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el contenido de este proveído, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente.

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