José Ramón Torres Pérez
Expediente 767/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 06/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Ramón Torres Pérez
- Secretaría del Tribunal Superior de Justicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Téngase por recibido el oficio C-416, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 11/2019, de su índice, y el juicio de amparo 767/2018, constante de un tomo, así como, un tomo de pruebas, misma que se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por José Ramón Torres Pérez, contra la resolución dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez Decimoquinto de Distrito con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 767/2018." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en atención a lo resuelto por la superioridad, al resultar irrevocable su determinación, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias con que se formó, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Ahora, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido el amparo y protección constitucional contra el acto reclamado, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración y destrucción de los mismos, con posterioridad al SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable denominada Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas de diversas constancias de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas, y toda vez que resulta innecesaria su conservación en el presente expediente, devuélvase el mismo a su lugar de origen, haciéndose la precisión al Actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique la entrega del citado anexo, con lo cual la autoridad no está obligada a remitir el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 13966, derivado del auto de tres de junio de dos mil diecinueve, para los efectos conducentes.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 767/2018, promovido por José Ramón Torres Pérez, respecto a la Denuncia de Repetición del Acto Reclamado, contra actos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Juzgado, Rubén Hernández Vásquez, en su carácter de abogado patrono del quejoso José Ramón Torres Pérez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa." ACTOS RECLAMADOS "1. LA OMISIÓN de forma DOLOSA Y DE MALA FE, de parte de la C. Juez y secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia especializado en materia de familia, de esta ciudad de Xalapa Veracruz, para acordar la promoción de fecha 30 de mayo de 2018, recibida en la oficialía de partes, a las 12.39 horas, de esa misma fecha. Que sin que a la misma le recayera acuerdo, fue agregada al expediente del Juicio Ordinario Civil 980/2015/II del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Ver. 2. EL ABUSO DE AUTORIDAD, de la C. Juez y secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, consistente en la negativa y desechamiento para admitir mi recurso de queja presentado en fecha 19 de junio de 2018, ya que de acuerdo con los artículos 525 y 526 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, las omisiones y negligencias de los secretarios y jueces se pueden recurrir ante ellos mismos a través del recurso de queja. 3. LA VIOLACIÓN DE INTERÉS SUPERIOR DE MI MENOR HIJO, y de mis derechos humanos, en que incurre la C. Juez del juzgado sexto de primera instancia, AL NEGAR AL SUSCRITO, la solicitud de convivencia con mi menor hijo y que se realicen en el CENTRO DE CONVIVENVIA FAMILIAR." SEGUNDO.- Mediante sentencia terminada de engrosar el quince de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, por un parte sobreseyó y por otra, concedió el amparo solicitado por la parte quejosa. En proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, causo ejecutoria la sentencia amparadora y se requirió al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, el cumplimiento que debía otorgar a la misma. Mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito declaró cumplida la ejecutoria de mérito. TERCERO.- Mediante escrito de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la parte quejosa denunció la repetición del acto reclamado, por lo que en acuerdo de veintisiete de marzo del mismo año, este Juzgado Federal ordenó el trámite de la denuncia de repetición de acto reclamado y requirió al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, para que rindieran su informe en relación a la denuncia presentada. En auto de quince de abril del año en curso, se recibió del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, el informe requerido sobre la denuncia de la repetición del acto reclamado. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para substanciar y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 199 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una denuncia de repetición del acto reclamado respecto de la sentencia protectora dictada por este órgano de control constitucional en el expediente 767/2018. SEGUNDO.- La denuncia del repetición del acto reclamado fue interpuesta en tiempo, al haberse presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, es decir, dentro del término de quince días precisado en el artículo 199 de la Ley de Amparo. TERCERO.- Previo a realizar el análisis de fondo, es pertinente señalar las condiciones para que se configure la repetición del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, el incidente de repetición del acto reclamado tiene por objeto determinar si el nuevo acto realizado por la autoridad responsable, con posterioridad a la emisión de la ejecutoria por la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, reitera o no las mismas violaciones por las cuales se otorgó el amparo y, por ende, si produce la misma afectación en la esfera jurídica del quejoso. El citado dispositivo legal, prevé: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal". El numeral transcrito establece la figura y el procedimiento que ha de seguirse para determinar la existencia de la repetición del acto reclamado que consiste en que la autoridad responsable reitere el acto que fue reclamado en el juicio de amparo -respecto del cual existe una resolución protectora-, emitiendo otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional. Para que esta denuncia prospere es indispensable que el acto denunciado repita las mismas violaciones de derechos fundamentales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo, es decir, que sea emitido en los mismos términos y con los mismos vicios, no obstante que dicho acto ya había sido destruido por la concesión de un amparo otorgado con anterioridad. Por tanto, para determinar si existe repetición de acto reclamado es menester efectuar un análisis comparativo entre el nuevo acto denunciado como reiterativo y aquél que fue materia del fallo protector, reclamado generalmente por la parte quejosa dentro del respectivo juicio de amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencial 2ª./J. 68/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 412, con número de registro digital en el sistema de búsqueda electrónico 195588, de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." En ese entendido, la denuncia se analizará a la luz del acto que se reclamó en este juicio de amparo, pues la repetición del acto reclamado se produce cuando la propia autoridad que emitió el acto anulado por la ejecutoria constitucional, dicta otro que se apoya, esencialmente, en los mismos elementos que tuvo en consideración para dictar el primero. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se dé esta figura se deben reunir los requisitos siguientes: a).- Primeramente se debe hacer una comparación de los dos actos; considerar sus causas, motivos, fundamentos, efectos, así como otros elementos que los constituyen. b).- El análisis del segundo acto debe limitarse a verificar sí se produjo el mismo efecto del anterior, en relación con los motivos de concesión. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 4ª./j.5/95, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre de 1994, página 17, la que no se opone a la Ley de Amparo vigente, del tenor siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en "repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales". CUARTO.- Estudio de la denuncia de la repetición del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa alega que por escrito de siete de agosto de dos mil dieciocho, promovió juicio de amparo contra el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de esta ciudad, por un acto omisivo, como lo fue la falta de acuerdo a una promoción y agregarla al expediente sin que recayera un acuerdo, en la que solicitó que se fijara convivencia con el menor con iniciales J.R.T.G., en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, y ante dicha omisión y en cumplimiento al principio de definitividad interpuso el recurso de queja por omisión, el cual fue indebidamente desechado. Considera que con el cumplimiento dado por la autoridad anteriormente señalada, se configura la repetición del acto reclamado, porque que si bien se tuvo por presentada la queja y se ordenó su envío al Tribunal de alzada, también es cierto que el derecho humano violado no ha sido resarcido, ya que no se ha realizado el acuerdo de la promoción y la autoridad responsable nuevamente de forma dolosa realiza otra omisión tendiente a evitar que se realice una convivencia entre el quejoso y su menor hijo y que la misma sea realizada en el Centro de Convivencia. Por su parte, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, al rendir su informe relativo a la denuncia respectiva, niega la repetición del acto reclamado dentro del expediente 980/2015/I, de su índice, al considerar que por oficio 101 de once de enero del año en curso, se emitió resolución en la que se admitió la queja planteada por el representante del quejoso, y con ello se agotaron los requisitos que establece para esos casos los artículos 525 al 527 del Código Procesal Civil, a efecto de no incurrir en violaciones al procedimiento, como lo es, admitir el recurso de queja, dejarlo a vista de la parte contraria por el término de dos días, ordenar notificar en forma personal a las partes la remisión de las constancias procesales al tribunal de alzada para su calificación, el cual fue turnado a la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca 756/2019, de ahí que en ningún momento se repite el acto que se reclama a esa autoridad. En tales condiciones, resulta improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado que promovió Rubén Hernández Vásquez, en su carácter de abogado patrono del quejoso José Ramón Torres Pérez, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se desprende que: Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, Rubén Hernández Vásquez, en su carácter de abogado patrono del quejoso José Ramón Torres Pérez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, por los actos reclamados que a continuación se precisan: "1. LA OMISIÓN de forma DOLOSA Y DE MALA FE, de parte de la C. Juez y secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia especializado en materia de familia, de esta ciudad de Xalapa Veracruz, para acordar la promoción de fecha 30 de mayo de 2018, recibida en la oficialía de partes, a las 12.39 horas, de esa misma fecha. Que sin que a la misma le recayera acuerdo, fue agregada al expediente del Juicio Ordinario Civil 980/2015/II del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Ver., 2. EL ABUSO DE AUTORIDAD, de la C. Juez y secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, consistente en la negativa y desechamiento para admitir mi recurso de queja presentado en fecha 19 de junio de 2018, ya que de acuerdo con los artículos 525 y 526 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, las omisiones y negligencias de los secretarios y jueces se pueden recurrir ante ellos mismos a través del recurso de queja. 3. LA VIOLACIÓN DE INTERÉS SUPERIOR DE MI MENOR HIJO, y de mis derechos humanos, en que incurre la C. Juez del juzgado sexto de primera instancia, AL NEGAR AL SUSCRITO, la solicitud de convivencia con mi menor hijo y que se realicen en el CENTRO DE CONVIVENVIA FAMILIAR." Luego, mediante sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, por este Juzgado de Distrito, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos la determinación de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 980/2015, de su índice; y 2. En su lugar dicte otra, con libertad de jurisdicción y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 525 a 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en la que provea lo que en derecho corresponda respecto al recurso de queja de diecinueve de junio de dos mil dieciocho que interpuso Rubén Hernández Vásquez, en su carácter de abogado patrono del quejoso José Ramón Torres Pérez. En el entendido, que deberá de abstenerse de resolver partiendo de que no existe proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en este considerando." Por su parte, la autoridad responsable al cumplir con la sentencia amparadora emitió el proveído de once de enero de dos mil diecinueve, por medio del cual dejó sin efectos el acto reclamado consistente en la resolución de diez de julio de dos mil dieciocho. En esa misma fecha, la autoridad responsable dictó una nueva determinación en la cual, tuvo al ocursante en tiempo y forma interponiendo recurso de queja en contra de la omisión por parte del Tribunal responsable de no acordar su promoción de treinta de mayo de dos mil dieciocho, y con apoyo en el artículo 525, fracción II, y 527 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, le dio curso a dicho recurso, lo dejó a vista de la parte contraria por el término de dos días, ordenó notificar en forma personal a las partes la remisión de las constancias procesales al tribunal de alzada para su calificación, el cual, incluso, fue turnado a la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien lo radicó bajo el toca 756/2019, de su índice. Esto es, la autoridad responsable proveyó con libertad de jurisdicción y conforme a lo dispuesto en los artículos 525 a 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo que en derecho correspondió respecto al recurso de queja de diecinueve de junio de dos mil dieciocho que interpuso Rubén Hernández Vásquez, en su carácter de abogado patrono del quejoso José Ramón Torres Pérez. En las condiciones apuntadas, es evidente que en el caso no se reúnen los requisitos de procedencia de la repetición del acto reclamado, debido a que la autoridad responsable no desechó el recurso de queja, como lo había hecho en la resolución que constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sino que contrario a ello, lo admitió y le dio el trámite correspondiente siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 525 a 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tal y como le fue ordenado en la sentencia amparadora. No es óbice a dicha determinación, las manifestaciones que realiza la parte quejosa en las que aduce que el derecho humano violado no ha sido resarcido, ya que no se ha realizado el acuerdo de la promoción y la autoridad responsable nuevamente de forma dolosa realiza otra omisión tendiente a evitar que se realice una convivencia entre el quejoso y su menor hijo y que la misma sea realizada en el Centro de Convivencia. Al respecto, cabe precisar que en la sentencia amparadora no se estableció que la autoridad responsable debía ordenar que se realizara una convivencia entre el quejoso y su menor hijo y, menos aún, que la misma fuera realizada en el Centro de Convivencia, sino únicamente se determinó que se dictara una nueva determinación en la que se resolviera lo conducente respecto al recurso de queja promovido en contra de la omisión por parte de la responsable de no acordar la promoción de treinta de mayo de dos mil dieciocho, conforme a los lineamientos de los artículo 525, fracción II, y 527 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Es decir, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no tenía el alcance de ordenar al juez de instancia que dictara un acuerdo determinado sobre la petición formulada por el aquí quejoso en su escrito de treinta de mayo de dos mil dieciocho, sino únicamente que se dictara una nueva determinación en la que se resolviera lo conducente respecto al recurso de queja promovido en contra de la omisión por parte de la responsable de no acordar dicha promoción, pues incluso se le dejó libertad de jurisdicción para ello. Lo anterior, obedece a que la violación procesal cometida con el acto reclamado, lo fue el desechamiento del recurso de queja, no así dar respuesta en algún sentido a la petición formulada por el aquí quejoso en su escrito de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en virtud de que la omisión de dar respuesta al referido escrito del quejoso, constituye la materia de estudio que la autoridad de alzada deberá analizar al momento de resolver el recurso de queja planteado; por tanto, si en la resolución que constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo, la autoridad responsable había desechado el recurso de queja, y en la nueva determinación que emitió en cumplimiento a la sentencia amparadora, admitió dicho recurso de queja, es evidente que no se reiteraron las lesiones que se habían efectuado en la resolución que se declaró ilegal. Se adopta la anterior determinación porque la figura jurídica de repetición del acto reclamado se estableció para impedir que se desconozca el principio de cosa juzgada, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que lo hizo en la resolución que se declaró contraria a las garantías individuales. Lo anterior, porque el juicio de amparo tiene por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de los derechos vulnerados con el acto de autoridad que se ha declarado inconstitucional, bien sea restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo y, si es de carácter negativo, obligando a la autoridad a actuar en el sentido de respetar lo que el derecho constitucional tutelado exija; por lo que, cuando se concede la protección constitucional, el tribunal de amparo se encuentra constreñido a vigilar el debido cumplimiento que las responsables deben dar al fallo protector. Sin embargo, para la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado, es requisito indispensable que tanto el acto declarado inconstitucional, como el que se estima reiterativo de éste, sean de la misma naturaleza, en el mismo sentido del que se declaró inconstitucional y produzcan los mismos efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a./J.23/93, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada." En ese orden de ideas, se advierte que la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por la parte quejosa es improcedente, pues el acto declarado inconstitucional y el que se denuncia como reiterativo de éste, no guardan relación alguna, es decir, no se reiteraron las lesiones que se habían efectuado en la resolución que se declaró ilegal, razón por la cual no se puede considerar que se repite el vicio en que incurrió la autoridad responsable señalada en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, debe considerarse que en este asunto no se actualiza la procedencia de la hipótesis prevista por el artículo 199 de la Ley de Amparo, para acreditar la existencia de repetición del acto reclamado denunciada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se declara improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado interpuesta por Rubén Hernández Vásquez, en su carácter de abogado patrono del quejoso José Ramón Torres Pérez, conforme a lo señalado en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente a todas las partes.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se declara improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado interpuesta por Rubén Hernández Vásquez, en su carácter de abogado patrono del quejoso José Ramón Torres Pérez, conforme a lo señalado en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente a todas las partes.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- José Porfirio Ruíz Hernández1050/2018
- José Rafael Flores Códova749/2022
- José Rafael Marroquin López314/2019
- José Ramiro Velázquez Navarro504/2022
- José Ramón Cárdenas Ramírez545/2018
- José Ramón Pérez Soca258/2022
- José Ramón Torres Pérez467/2019
- José Ramón Torres Pérez349/2022
- Jose Raúl Martínez Martínez1653/2014
- José Reyes Romero1090/2018
- José Ricardo Zea Grayeb113/2020
- José Roberto Alba Castillo769/2019