José Porfirio Ruíz Hernández
Expediente 1050/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Porfirio Ruíz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra del auto de treinta de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio y concedido la suspensión de plano, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veintiséis de octubre de la presente anualidad, la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, remitió copia del disco de audio y video de la audiencia inicial de control de detención, de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, en la que determinó la inmediata libertad del aquí quejoso Eli Raziel Ruiz Pizaña. En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.] El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. En este contexto, el presupuesto procesal en comento, establece que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En tesitura, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, instituyó en su tesis aislada número 2a. CXI/96, que para que opere el cambio de situación jurídica como causa de improcedencia del juicio de amparo, deben coexistir las siguientes condiciones: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. La tesis citada es la siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, cobra vigor lo sustentado en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que interpreta: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguiente requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Expuesto lo anterior, para encuadrar el caso concreto en la premisa legal precedente, deviene importante señalar lo siguiente: El veintidós de octubre de la presente anualidad, se decretó la retención material y formal del aquí quejoso Eli Raziel Ruiz Pizaña, en los autos de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/FIS-25°/5596/2018, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley califica como el delito de ultrajes a la autoridad, comenzando a computar el término de cuarenta y ocho a las catorce horas con cinco minutos del mismo día. Posteriormente, una vez transcurrido el término constitucional de cuarenta y ocho horas, el Fiscal Vigesimoquinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XI, con sede en esta ciudad, ejercitó acción penal en contra del aquí quejoso Eli Raziel Ruiz Pizaña, por lo que mediante oficio UIPJ/DXI/FIS-25°/2886/2018, dejó a disposición del Juez de Control en turno, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, al citado Ruiz Pizaña, solicitándole al efecto fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de control de detención. Finalmente, la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, radicó el proceso penal 304/2018, de su índice y celebró la audiencia inicial de control de la detención, calificando de ilegal la misma y ordenando su inmediata libertad. Así las cosas, del disco compacto se advierte que a partir de minuto sesenta, del segundo archivo de audio y video, que contiene la audiencia inicial de control de detención, se advierte que la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso Eli Raziel Ruiz Pizaña, al calificar de ilegal su detención; prueba que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, de conformidad con el artículo 2 de éste último ordenamiento. En este contexto, se advierte que ha cambiado la situación jurídica del quejoso Eli Raziel Ruiz Pizaña, respecto al acto reclamado que en esta vía combate, consistente en la privación ilegal de su libertad e incomunicación, en virtud de que en audiencia inicial de control de la detención, de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, dentro del proceso penal 304/2018, la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, se decretó su inmediata libertad, lo que produce un cambio en la situación jurídica, por lo que se consideran consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, en relación a los actos combatidos por el directo agraviado en esta vía. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación la siguiente jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. (Los subrayado es propio)" Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En efecto, es posible concluir que en el caso existe un cambio de situación jurídica, puesto que con la orden de inmediata libertad decretada por la Jue de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, cambió el escenario jurídico en que se encontraba el promovente por virtud del acto que reclamó inicialmente en esta vía; y, con motivo de ello, la situación jurídica del quejoso no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado en esta vía, sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, puesto que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la libertad decretada por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, de modo que este último pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En las relatadas condiciones, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII. En este contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Fiscal Vigesimoquinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XI, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de octubre del año en curso, informa que ejercitó acción penal en contra del aquí quejoso Eli Raziel Ruiz Pizaña, por lo que mediante oficio UIPJ/DXI/FIS-25°/2886/2018, dejó a disposición del Juez de Control en turno, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, al citado Ruiz Pizaña, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo que la ley señala como delito de ultrajes a la autoridad, solicitándole al efecto fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de control de detención; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, mediante el cual, remite copia del disco de audio y video de la audiencia inicial de control de detención, de veinticuatro de octubre de la presente anualidad; al respecto, déjese a vista de las partes el contenido del disco compacto remitido por la autoridad descrita en líneas que anteceden, a fin de que se encuentren debidamente impuestas de su contenido. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, en representación de la Fiscalía Cuarta, Quinta y Segunda adscritas a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional.
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