José Ramon Pérez Romero

Expediente 561/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
561/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • José Ramon Pérez Romero
  • Juez Segundo de lo Civil Y Mercantil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido, que establece: Asimismo, a consideración de este juzgado de distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Finalmente, devuélvase al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, las copias certificadas constantes en un tomo del juicio ejecutivo mercantil 497/2018 de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.  Se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 37 a 49), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos:  La Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente la resolución del veintitrés de agosto del dos mil dieciocho relativa al recurso de reclamación interpuesto por ***************, abogado patrono de Aurelia Silva Salas, dictada dentro de los autos del juicio de alimentos 65/2016.  Enseguida, atento a lo expuesto en esta sentencia, prescinda de considerar improcedente el recurso de reclamación que interpuso ***************, pues el deceso de Aurelia Silva Salas no implica que dejara de surtir efectos la representación que le correspondía, ya que el artículo 2499 del Código Civil del Estado establece que el mandatario continúa en la gestión de su encargo mientras los herederos del mandante provean por sí mismos a la administración de los negocios y siempre que de lo contrario puedan resultar perjuicios para sus intereses. Por lo tanto, con libertad de jurisdicción, se deberá avocar al estudio de los argumentos propuestos en el recurso de reclamación que interpuso Edgar Morales Laguna en su calidad de abogado patrono de Aurelia Silva Salas. Posteriormente, la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Al respecto, la juez responsable informó que mediante resolución del cuatro de marzo de esta anualidad determinó, en lo que interesa, lo siguiente: [1] Que el deceso de Aurelia Silva Salas no implica que dejara de surtir efectos la representación que le correspondía a Edgar Morales Laguna, ya que el artículo 2499 del Código Civil del Estado establece que el mandatario continúa en la gestión de su encargo mientras los herederos del mandante provean por sí mismos a la administración de los negocios y siempre que de lo contrario puedan resultar perjuicios para sus intereses; [2] Por lo tanto, se avocó al estudio de de los argumentos propuestos en el recurso de reclamación que interpuso Edgar Morales Laguna, en su calidad de abogado patrono de Aurelia Silva Salas, y concluyó que lo conducente era revocar el auto dictado el diecisiete de mayo del dos mil dieciocho. En razón de lo anterior este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, dado que prescindió de considerar improcedente el recurso de reclamación que interpuso Edgar Morales Laguna, pues el deceso de Aurelia Silva Salas no implicó que dejara de surtir efectos la representación que le correspondía y, posteriormente, con libertad de jurisdicción se avocó al estudio de los argumentos propuestos en el recurso de reclamación. Por lo tanto, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense a los autos los oficios y anexos del Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y de la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señalan las autoridades responsables en sus oficios de cuenta. De igual forma, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas mencionadas en los informes de mérito. Asimismo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan a sus oficios de cuenta, las cuales se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza, mismas que serán relacionadas en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración el volumen de la documentales remitidas por el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado dos tomos de pruebas debidamente identificados a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. En consecuencia, toda vez que del oficio y anexos remitidos por Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, se advierte que el quince de marzo del año en curso la referida autoridad responsable resolvió el recurso administrativo registral RAR ... de su índice, resolución que fue notificada al quejoso mediante boletín registral por estrados el diecinueve de marzo siguiente; a fin de no dejar en estado de indefensión al solicitante de amparo, con fundamento en el artículo 111, en relación con el diverso numeral 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, en caso de así creerlo conveniente, manifieste:  Si es su deseo señalar como acto reclamado la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, en la que se resolvió el recurso administrativo registral RAR ... del índice de la citada autoridad responsable. Apercibido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá este juicio de amparo únicamente respecto a los actos y autoridades responsables señaladas en la demanda inicial.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja Q-55/2019 de su índice, mediante el cual informa por una parte, que se desechó el recurso en comentó interpuesto por el quejoso ***, en contra del auto de seis de febrero pasado, por el que se desechó la demanda de amparo, y por otra, se admitió a trámite el interpuesto por la quejosa ***. Notifíquese.

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