José Ramón Lozano Traslosheros
Expediente 2093/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2093/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- José Ramón Lozano Traslosheros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veinte de enero de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/4/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/4/2021, que establece las medidas vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Ampliación de plazos para acordar. Con fundamento en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/4/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informa a las partes que la demanda y/o promoción(es) de este asunto se acuerda(n) dentro de los plazos ampliados; es decir, 10 días para demandas y 48 horas para promociones. Se declara cumplida la sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa desahogó la vista concedida mediante auto de uno de diciembre de dos mil veinte, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia Al respecto, se precisa que mediante sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veinte se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. *** Ejecutoria Mediante proveído de once de agosto de dos mil veinte, se declaró firme la sentencia de amparo y se requirió su inmediato cumplimiento. Cumplimiento Emisión de calificación registral Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veinte se tuvo a las autoridades responsables del Registro Agrario Nacional en la Delegación Puebla informando la emisión de la las calificaciones registrales que recayeron sobre las solicitudes de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve referentes a la expedición de los títulos de propiedad a nombre del quejoso ***. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad satisfizo los efectos de la sentencia conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que ya emitió las calificaciones registrales correspondientes. Sirve de fundamento por su idea jurídica, la tesis aislada: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Respuesta las manifestaciones de la parte quejosa. A continuación, se procede a dar contestación a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." La parte quejosa manifestó, en esencia, que la Dirección de Catastro en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla ha omitido remitir los títulos de propiedad referentes a las parcelas *** del poblado San Pedro Atlixco, Municipio de Tianguismanalco, Puebla a la Delegación del Instituto Catastral del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, a fin de que pueda realizar los trámites correspondientes, por lo que solicita le sea requerida dicha acción. En atención a lo anterior, solicitó le sea requerido a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, cumpla el numeral 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. No obstante, se estima oportuno recordar que los efectos de la ejecutoria son: Emitir y notificar la calificación registral que haya recaído a las solicitudes *** de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, referentes a la expedición de los títulos de propiedad. Lo anterior, evidencia que los efectos de la ejecutoria de amparo no tienen por objeto que las autoridades realicen la remisión de los títulos de propiedad a la Delegación del Instituto Catastral del Distrito Judicial de Atlixco, pues la protección constitucional se otorgó sólo con el fin de que fueran emitidas y notificadas las calificaciones registrales referentes a las solicitudes de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para requerir a las autoridades lo solicitado por el quejoso. Conclusión Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Autoridad informa sobre cumplimiento y sin mayor acuerdo. El encargado de la Dirección General Asuntos Jurídicos, en representación del Director General de Registro y Control Documental y por el Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda e indíqueseles que deberán estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Autoridad(es) foránea(s) Correo(s) Director en Jefe del Registro Agrario Nacional. rodarte@ran.gob.mx jgutierrez@ran.gob.mx blopez@ran.gob.mx eancona@ran.gob.mx aprodriguez@ran.bog.mx cmartinez@ran.gob.mx Director General del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional. rodarte@ran.gob.mx jgutierrez@ran.gob.mx blopez@ran.gob.mx eancona@ran.gob.mx aprodriguez@ran.bog.mx cmartinez@ran.gob.mx Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional. rodarte@ran.gob.mx jgutierrez@ran.gob.mx blopez@ran.gob.mx eancona@ran.gob.mx aprodriguez@ran.bog.mx cmartinez@ran.gob.mx Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional. rodarte@ran.gob.mx jgutierrez@ran.gob.mx blopez@ran.gob.mx eancona@ran.gob.mx aprodriguez@ran.bog.mx cmartinez@ran.gob.mx
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, lo anterior debido a que mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veinte se recibió oficio con similar contenido y se dio vista con el cumplimiento. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito de ..., -autorizado de la parte quejosa-; mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto del uno de diciembre de dos mil veinte y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta, mismo que será tomado en consideración una vez que este órgano jurisdiccional provea lo que corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
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