José Ramón Gutiérrez Contreras

Expediente 734/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
734/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2017

Partes del expediente

  • José Ramón Gutiérrez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa ***, no impugnó el proveído de dieciocho del presente mes y año (fojas 10 a 18), por el que se desechó su demanda de amparo; dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. Se ordena el archivo del expediente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el expediente como asunto concluido. III. Valoración. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente. I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, y Actuarios de su adscripción. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 734/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, el acto que hace consistir en: ".El acto consistente en el Auto de fecha uno de Septiembre del año en curso dictado dentro del Procedimiento de Guarda y custodia tramitado en la vía de Juicio Oral promovido por la señora ***expediente número DRGR10´2017-923 en el que se me otorga el plazo de 3 días para la exclusión del domicilio conyugal. .el cumplimiento y ejecución del auto de fecha uno de Septiembre del 2017 dictado dentro del Procedimiento de guarda y custodia tramitado en la vía del juicio oral promovido por la señora ***expediente número 923/2017 en el que se me otorga el plazo de 3 días para la exclusión del domicilio conyugal, en caso de incumplimiento y/o desobediencia se aplicará en contra del quejoso, el cateo." Al respecto, el promovente anexó a su escrito de demanda, la cédula de notificación que contiene inserto el proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio oral de guarda y custodia número EXP-DRGR10-2017-923, promovido por ***en contra de ***, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, que le fue entregada al quejoso el siete de septiembre de dos mil diecisiete. Documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fuer expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: *** De dicha probanza, se desprende que el uno de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, dio trámite al juicio oral sobre pérdida o suspensión de la patria potestad número EXP-DRGR10-2017-923, promovido por ***en contra de ***, ordenando emplazar al demandado; asimismo, en lo conducente, decretó como medida cautelar, la separación legal de los cónyuges, señalándose como domicilio para el depósito de la actora el ubicado en la calle Mina El Cedral, número seis, colonia 2 de Agosto, en Nava, Coahuila de Zaragoza, y requirió al demandado para que dentro del plazo de tres días, saliera del domicilio conyugal, previniéndose para que se abstuviera de impedir dicha exclusión, así como de causar molestias a ***, bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento y/o desobediencia a ello, se aplicaría en su contra la medida de apremio consistente en el cateo con el auxilio de la fuerza pública, autorizándole para que retirara del domicilio conyugal su ropa, objetos personales y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio a que se dedique; lo que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: *** Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: **** IV. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: *** Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Antes que nada, es primordial destacar que el artículo 107 de la Constitución Federal establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b) , el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada, consistiendo su principal objetivo el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. De modo que aquellas resoluciones o determinaciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios ordinarios de defensa. La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. Así lo estableció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página dos mil seiscientos setenta y cinco, de la Quinta Época, Materia Común, Civil, Registro número 345720, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no agotar los procedentes contra el acto que se requiere en el amparo, hace improcedente éste". En el asunto particular, la razón por la que se actualiza la causal de improcedencia en comento, radica en que en contra del acto reclamado procede como medio de impugnación, el recurso de inconformidad contemplado en el artículo 129 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, el cual no agotó el promovente a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, con anterioridad a solicitar la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, el acto reclamado (medida que decreta la separación de los cónyuges y exclusión del quejoso del domicilio conyugal), deriva del juicio oral sobre pérdida o suspensión de la patria potestad EXP-DRGR10-2017-923, que se lleva acabo ante el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, el cual fue ordenado con base en lo dispuesto en los artículos 109 y 173 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado , de los cuales se desprende que dentro de dichos litigios, en cualquier etapa el juez podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales y cautelares que juzgue adecuadas para salvaguardar el interés superior de la niñez, de las cuales se encuentra la separación de los cónyuges y exclusión del quejoso del domicilio conyugal. En efecto, dicha figura jurídico-procesal es una medida cautelar, en tanto que éstas se definen como los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daños a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. Asimismo, dichas medidas generalmente se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, pues el afectado puede, como aquí acontece, combatirlas en forma posterior. Entonces, para sustentar que en el caso antes de incoar el juicio de amparo, debió agotar el recurso de inconformidad, se considera necesario traer a colación lo dispuesto en el capítulo sexto, sección segunda, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, específicamente los artículos 122, 123, 124, 128 y 129, en el cual se contempla lo relacionado a la separación de personas. SECCIÓN SEGUNDA Separación de personas (.) Artículo 122. Solicitud y medidas urgentes La solicitud podrá ser escrita o verbal, y en ella se señalarán las causas en que se funde, el domicilio que habiten los interesados, la existencia de niños o niñas y las demás circunstancias del caso. Cuando la urgencia lo amerite, la o el juzgador deberá con toda premura decretar y hacer ejecutar las medidas de depósito o separación. Artículo 123. Substanciación y resolución Presentada la solicitud, la o el juzgador ordenará la práctica de las diligencias que a su juicio sean necesarias, resolverá sobre su procedencia y si concediere la separación, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular. En la misma resolución se ordenará su notificación al cónyuge, concubino o compañero civil, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causar molestias al otro, bajo apercibimiento de imponerle el medio de apremio que corresponda. Artículo 124. Efectos de la permanencia en el domicilio común Cuando quien solicita la separación permanezca en el domicilio común, se conminará al otro para que se abstenga de concurrir al mismo mientras la medida subsista, sin perjuicio de que se le permita retirar su ropa, objetos personales y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio a que está dedicado. Artículo 128. Medidas emergentes La o el juzgador podrá citar a las partes en cualquier tiempo, ya sea conjunta o separadamente y, sin substanciación especial, tomar y variar sus determinaciones, de oficio o a petición de parte, si las circunstancias lo ameritan. De igual manera, resolverá con carácter provisional lo que proceda respecto a la entrega de ropa y otros objetos, y la subsistencia de cualquiera de los interesados y de los hijos o hijas y lo demás que juzgue conveniente. Podrá también dictar las medidas de apremio que se requieran para que los interesados no se causen molestias entre sí. Artículo 129. Inconformidad sobre las medidas decretadas Si se presenta inconformidad por alguno de los interesados sobre las disposiciones decretadas, la o el juez citará a una audiencia que deberá celebrarse dentro del plazo de cinco días, en la que los oirá y dictará de inmediato la resolución que corresponda, sin ulterior recurso. De los anteriores preceptos se advierte que al presentarse una solicitud escrita o verbal, como medida urgente el juzgador deberá decretar y hacer ejecutar las medidas de depósito o separación, y en caso de concederse la separación, dictara las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular. En la misma resolución se ordenará su notificación al su notificación al cónyuge, concubino o compañero civil, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causar molestias al otro, bajo apercibimiento de imponerle el medio de apremio que corresponda Cuando quien solicita la separación permanezca en el domicilio común, se conminará al otro para que se abstenga de concurrir al mismo mientras la medida subsista, sin perjuicio de que se le permita retirar su ropa, objetos personales y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio a que está dedicado. Asimismo, el juzgado podrá citar a las partes en cualquier tiempo, ya sea conjunta o separadamente y, sin substanciación especial, tomar y variar sus determinaciones, de oficio o a petición de parte, si las circunstancias lo ameritan, en la que de manera provisional resolverá lo que proceda respecto a la entrega de ropa y otros objetos, y la subsistencia de cualquiera de los interesados y de los hijos o hijas y lo demás que juzgue conveniente; asimismo, podrá dictar las medidas de apremio que se requieran para que los interesados no se causen molestias entre sí. En caso de que uno de los interesados no se encuentre satisfecho con alguna disposición decretada, presentara inconformidad, y el juzgador citará en una audiencia que deberá celebrarse dentro del plazo de cinco días, en la que los oirá y dictará de inmediato la resolución que corresponda, la cual no admitirá recurso. Por tanto, ya que el acto reclamado es el proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio oral de guarda y custodia número EXP-DRGR10-2017-923, promovido por ***en contra de ***, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, en el cual en lo sustancial se ordenó emplazar al demandado, decretando como medida emergente, la separación legal de los cónyuges, señalándose como domicilio para el depósito de la actora el ubicado en la calle Mina El Cedral, número seis, colonia 2 de Agosto, en Nava, Coahuila de Zaragoza, y requirió al demandado para que dentro del plazo de tres días, saliera del domicilio conyugal, previniéndose para que se abstuviera de impedir dicha exclusión, así como de causar molestias a ***-tercera interesada-, bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento y/o desobediencia a ello, se aplicaría en su contra la medida de apremio consistente en el cateo con el auxilio de la fuerza pública, autorizándole para que retire del domicilio conyugal su ropa, objetos personales y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio a que se dedique. Es inconcuso que la parte quejosa recaía la obligación de respetar el principio de definitividad de que se ha venido hablando, antes de acudir a la presente vía constitucional. Puesto que para la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa, es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que, si bien es cierto que el principio apuntado admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y sustanciarlos antes de acudir al juicio de amparo, por lo que no es a discreción del afectado cumplir o no con el mismo para la procedencia de dicha contienda, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino de carácter obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los diversos numerales 103 y 107 de la Carta Magna, es terminante en que se agoten los medios de defensa legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, con el propósito manifiesto de que no se soslaye el citado postulado; de ahí que, al haberse inobservado lo anterior por parte del promovente, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Máxime que en la especie no se actualiza otros de los casos de excepción establecidos en la ley, a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo, pues no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el acto reclamado carece de fundamentación, por lo cual, se insiste, el promovente está obligado a instar el recurso correspondiente antes de intentar la vía constitucional. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta las causales de improcedencia invocadas, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. V. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Galeana, número 15 norte, Zona Centro, en esta ciudad y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados **** y ****. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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