José Ramírez Ovalle

Expediente 695/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
695/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
19/02/2015

Partes del expediente

  • José Ramírez Ovalle

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil quince (fojas 366 a 370), en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 44/2015, signado por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y el Presidente de su adscripción, y anexo que se acompaña, consistente en copia certificada del auto de veintidós de enero de dos mil quince, de la que se desprende que la Junta responsable dejó sin efecto el oficio número 563/2014, a través del cual ordenó dejar sin efecto la multa que le impuso al quejoso José Ramírez Ovalle, por la cantidad de $3,188.50 (tres mil ciento ochenta y ocho pesos 50/2100 moneda nacional). Ahora bien, mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el quejoso José Ramírez Ovalle, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades, y otra por el acto siguiente: Lo constituyen la falta de notificación del auto mediante el cual la responsable decreta las ilegales medidas de apremio de arresto, y multa; así como las ilegales medidas de apremio decretadas en mi contra por la responsable; violando en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la constitución federal. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las constancias que las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y el Presidente de su adscripción, allegaron con los oficios 10/2015, 11/2015 y 44/2015, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil trece, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, es así dado que del informe justificado que rindieron las autoridades responsables (fojas 32 a 321), se advierte que el once de septiembre de dos mil catorce (foja 196), dejaron sin efecto el oficio 562/2014; mediante el cual se ordenó al Segundo Comandante de la Policía Preventiva del Estado, Región Carbonífera de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dejar sin efectos la medida de apremio consistente en el arresto contra el aquí quejoso, dictada mediante proveído de dos de septiembre del citado año (fojas 188, 192 y 192). Asimismo, del anexo que se acompañó al oficio de cuenta 44/2015, se advierte que las responsables mediante proveído de veintidós de enero de dos mil quince, ordenaron dejar sin efecto el oficio número 563/2014; esto es, dejaron sin efecto la medida de apremio consistente en la multa que le fue impuesta al aquí quejoso por la cantidad de $3,188.50 (tres mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 moneda nacional). Por otra parte, las aludidas responsables mediante oficios 10/2015 y 11/2015, remitieron copia del acuerdo de doce de enero de dos mil quince, y de la diligencia de comparecencia de la que se advierte que las partes en el juicio laboral 376/2013, dieron cumplimiento al laudo de fecha trece de octubre de dos mil catorce, dando por concluido el juicio natural del que deriva el acto reclamado (fojas 339 a 350). Documentales que por tener el carácter de pública se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza causal analizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para once horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil quince (foja 337). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguense para que obren como correspondan los oficios 10/2015 y 11/2015, signados por el Presidente e Integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexos que se acompañan; en su atención, se provee: Téngase a las autoridades oficiantes, remitiendo copia del acuerdo de doce de enero de dos mil quince, y de la diligencia de comparecencia de la que se advierte que las partes en el juicio laboral 376/2013, dieron cumplimiento al laudo de fecha trece de octubre de dos mil catorce, dando por concluido el juicio natural del que deriva el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables acompañaron a su informe justificado, se advierte que el once de septiembre de dos mil catorce (foja 196), dejaron sin efecto el oficio 562/2014, en el que se ordenaba al Segundo Comandante de la Policía Preventiva del Estado, Región Carbonífera de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dejar sin efectos la medida de apremio consistente en el arresto contra el aquí quejoso, dictada mediante proveído de dos de septiembre del citado año (fojas 188, 192 y 193), no así la diversa medida de apremio correspondiente a la multa; por tal motivo, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades oficiantes, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informen a este Tribunal si a la fecha no han dejado insubsistente la multa impuesta al aquí quejoso José Ramírez Ovalle, por la cantidad de $3,188.50 (tres mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la región. Lo anterior, toda vez que dicha información es esencial para resolver debidamente el presente asunto; apercibidas que de no hacerlo, o de no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese.

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