José Ramón Casillas Aripez
Expediente 225/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2018
Partes del expediente
- José Ramón Casillas Aripez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, dejado junto con copia simple de la resolución mencionada, en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, que a la letra dice: "Agréguese a los autos la comparecencia que antecede, por medio del cual la parte quejosa José Ramón Casillas Aripez, cumple con la prevención decretada en el proveído de veinticuatro de abril del presente año, en la que exhibió trece copias del escrito aclaratorio. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, visible en el escrito aclaratorio recibido en este juzgado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, consistente en: "Se Reclama de la autoridad Juez Tercero Civil el auto de fecha 12 de abril de 2018, donde indebidamente en dicho auto da por No tener fincado y aprobado un Remate de un bien inmueble, y de la mala interpretación a los artículos 1410, 1411 y 1412 del código de comercio en vigor, y como consecuencia de ello, todas las consecuencias LEGALES Y NATURALES que puedan derivarse de los actos reclamados." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la cita que antecede se aprecia que la definitividad se refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que el promovente se duele, es del auto de doce de abril de dos mil dieciocho, en el que el Juez Tercero de Primera Instancia Civil en esta ciudad, desaprobó el remate de nueve de febrero del mismo año, recaído sobre el bien inmueble embargado en el juicio ordinario mercantil 488/2013 de su índice. En este sentido, las hipótesis -actos reclamados- sujetos a estudio en el presente juicio, no cumplen con la definitividad exigida, en razón de que los actos impugnados pueden ser modificados, revocados o anulados; a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, la revocación del proveído en que la autoridad responsable desaprobó el remate realizado sobre el inmueble embargado. En este sentido, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 670 y 671, prevén la existencia del recurso de revocación en los siguientes términos: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "Artículo 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes". De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que la procedencia del recurso de revocación cobra vigencia cuando existan autos que no sean apelables, esto es, que contra ellos está prevista su impugnación mediante recurso de revocación. Por tanto, de la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que la promovente es parte en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, pues al efecto refiere que tiene el carácter de actora dentro del juicio ordinario mercantil 488/2013, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada; por ende, está en posibilidad de agotar los medios de defensa ordinarios que la ley de la materia le otorga. Lo anterior es así, ya que igualmente de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que el aquí quejoso haya agotado previamente a la promoción del juicio de amparo el recurso de revocación en contra del proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, en el que refiere que el Juez de origen desaprobó el remate de nueve de febrero del mismo año, a pesar de que se encontraba obligado a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento. Siendo indudable lo antes expuesto, ya que si bien la resolución que desaprueba el remate pone término, indiscutiblemente, al procedimiento concreto en el que se dicta, y no tiene como efecto la mera reposición de actuaciones, porque da lugar al comienzo de uno nuevo, con la instancia del ejecutante, nueva convocatoria a postores, la publicación de ésta en otros edictos, la certificación actual de gravámenes, posibles nuevos avalúos, y finalmente distinta audiencia de remate, y en su caso, su aprobación o desaprobación, por lo que causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; sin embargo, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso que proceda en términos del Código de Comercio, con el objeto de acatar el principio de definitividad, pues este recurso es susceptible de ser modificado, revocado o anulado. En ese contexto, es de reiterarse que si la parte quejosa es parte del juicio de origen, cuenta con facultades para interponer los recursos que establece la ley de la materia, y si no hizo valer el mencionado recurso de revocación previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad rector en esta materia; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J.113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario de la federación y su Gaceta, Tomo I, Diciembre de 2013, Libro 1, visible a página 350, cuyo texto y rubro a la letra se cita: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En el mismo sentido, son aplicables al caso las jurisprudencias 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenidos siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el mismo sentido, es aplicable al caso, por identidad de criterio, la jurisprudencia por reiteración Tesis: VI.2o.C. J/190, de la Novena Época, registro 191356, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1019, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad". Por tanto, la omisión de la promovente de interponer el recurso de revocación ante la responsable, tiene como resultado que el juicio de amparo ahora promovido resulte improcedente. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente. COPIA CERTIFICADA Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada del presente proveído autorizando para recibirla a los profesionistas que indica en el ocurso de cuenta."
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- José Pérez Cháirez1391/2014
- José Ponce Chávez524/2014
- José Puente Sarmiento108/2021
- José Rafael De la Riva Navarro338/2019
- José Rafael Rodríguez Meza1369/2014
- José Ramón Casillas Aripez548/2015
- Jose Ramon Gerardo Pazos Hernandez10/2014
- Jose Ramon Gonzalez Villa539/2023
- Jose Ramon Molina Regalado380/2018
- José Ramón Valencia Hernández252/2019
- José Ramón Valencia Hernández172/2016
- José Raúl Delgado Hernández35/2015