José Ramón Casillas Aripez

Expediente 548/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 41 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
548/2015
Año
2015
Actuaciones
41
Última actuación
24/01/2017

Partes del expediente

  • José Ramón Casillas Aripez
  • Juez Tercero Civil de la Ciudad de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas de lunes a jueves. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del QUEJOSO, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO, publicada el treinta de enero de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas de lunes a jueves. Notifíquese y personalmente a la

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil, de esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis (foja 198 a la 206), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a José Ramón Castillo Aripez, la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito confirmó (foja 308 a la 325); en esa misma fecha se requirió al Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, se dictó para los efectos siguientes: "[.] Deje insubsistente la sentencia interlocutoria de diez de julio de dos mil quince, y en su lugar emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, pero siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, resuelva el incidente de liquidación de intereses que le fue planteado. [.]" En proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 1334), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, al cual anexó sentencia interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la plantilla de liquidación de intereses y se condenó a Rosa María Huerta García y Rodolfo Green Gudillo, a pagar al quejoso los intereses moratorios generados en el juicio ejecutivo mercantil 553/2010. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la sentencia interlocutoria de diez de julio de dos mil quince, y en su lugar emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, resuelva el incidente de liquidación de intereses que le fue planteado, lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable, ya que dejó sin efectos la resolución combatida y emitió una nueva resolución de manera fundada y motivada, en la que con plenitud de jurisdicción condenó a Rosa María Huerta García y Rodolfo Green Gudillo, a pagar al quejoso los intereses moratorios generados en el juicio ejecutivo mercantil 553/2010, en los términos que refiere en la misma; por tanto, es evidente que quedó cumplida la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil, de esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis (foja 198 a la 206), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a José Ramón Castillo Aripez, la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito confirmó (foja 308 a la 325); en esa misma fecha se requirió al Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, se dictó para los efectos siguientes: "[.] Deje insubsistente la sentencia interlocutoria de diez de julio de dos mil quince, y en su lugar emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, pero siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, resuelva el incidente de liquidación de intereses que le fue planteado. [.]" En proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 1334), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, al cual anexó sentencia interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la plantilla de liquidación de intereses y se condenó a Rosa María Huerta García y Rodolfo Green Gudillo, a pagar al quejoso los intereses moratorios generados en el juicio ejecutivo mercantil 553/2010. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la sentencia interlocutoria de diez de julio de dos mil quince, y en su lugar emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, resuelva el incidente de liquidación de intereses que le fue planteado, lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable, ya que dejó sin efectos la resolución combatida y emitió una nueva resolución de manera fundada y motivada, en la que con plenitud de jurisdicción condenó a Rosa María Huerta García y Rodolfo Green Gudillo, a pagar al quejoso los intereses moratorios generados en el juicio ejecutivo mercantil 553/2010, en los términos que refiere en la misma; por tanto, es evidente que quedó cumplida la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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