José Ramón Álvarez Arreola

Expediente 48/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
48/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • José Ramón Álvarez Arreola
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil En Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio y anexos fojas 133 y 134 enviado por el Juez y Secretario de Acuerdos en funciones de Ejecutor, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Nayarit, informaron que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo. En ese sentido, mediante proveído de dieciocho de junio de la presente anualidad foja 135 se dio vista al promovente del amparo y al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El auto en comento se notificó al aludido accionante de amparo el veintidós de junio del año actual foja 139 y al tercero interesado el diecinueve del mismo mes y año foja 136, notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dichas partes, para que expresaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector, transcurrió como se indica en la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, por sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 98 a 110), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Ramón Álvarez Arreola para los efectos siguientes: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal y, de conformidad con los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se precisan la forma en que deberá proceder el Ramo Civil con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a saber: Deberá dejar insubsistente el emplazamiento efectuado en diligencias de ocho de junio de dos mil diecisiete, practicado a José Ramón Álvarez Arreola y todo lo actuado con posterioridad, inclusive la sentencia definitiva y sus actos de ejecución, derivados del juicio ejecutivo mercantil 472/2017; en el entendido de que podrá practicarse nuevamente el emplazamiento en el domicilio que para tal efecto se señaló, siempre y cuando se satisfagan las formalidades del procedimiento. Lo anterior no impide que el juzgador responsable acatando las formalidades esenciales de procedimiento continúe el trámite del juicio y en su oportunidad, resuelva lo que en derecho proceda.". Sentencia que causó ejecutoria el uno de junio de dos mil dieciocho (foja 130). Luego, mediante oficio y anexos, recibidos en este juzgado federal el quince de junio del presente año (fojas 133 y 134), las autoridades responsables dejaron insubsistente el emplazamiento efectuado en diligencias de ocho de junio de dos mil dieciocho, practicado a José Ramón Álvarez Arreola y todo lo actuado con posterioridad, así como también la sentencia definitiva y autos de ejecución, derivados del juicio ejecutivo mercantil 472/2017 del índice de las responsables, ordenando practicar de nuevo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado José Ramón Álvarez Arreola, en los términos indicados en el auto de radicación de seis de junio de dos mil diecisiete. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de sus derechos y garantías violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar por una parte se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 50 a 56), del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio y anexos fojas 133 y 134 enviado por el Juez y Secretario de Acuerdos en funciones de Ejecutor, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Nayarit, informaron que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo. En ese sentido, mediante proveído de dieciocho de junio de la presente anualidad foja 135 se dio vista al promovente del amparo y al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El auto en comento se notificó al aludido accionante de amparo el veintidós de junio del año actual foja 139 y al tercero interesado el diecinueve del mismo mes y año foja 136, notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dichas partes, para que expresaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector, transcurrió como se indica en la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, por sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 98 a 110), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Ramón Álvarez Arreola para los efectos siguientes: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal y, de conformidad con los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se precisan la forma en que deberá proceder el Ramo Civil con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a saber: Deberá dejar insubsistente el emplazamiento efectuado en diligencias de ocho de junio de dos mil diecisiete, practicado a José Ramón Álvarez Arreola y todo lo actuado con posterioridad, inclusive la sentencia definitiva y sus actos de ejecución, derivados del juicio ejecutivo mercantil 472/2017; en el entendido de que podrá practicarse nuevamente el emplazamiento en el domicilio que para tal efecto se señaló, siempre y cuando se satisfagan las formalidades del procedimiento. Lo anterior no impide que el juzgador responsable acatando las formalidades esenciales de procedimiento continúe el trámite del juicio y en su oportunidad, resuelva lo que en derecho proceda.". Sentencia que causó ejecutoria el uno de junio de dos mil dieciocho (foja 130). Luego, mediante oficio y anexos, recibidos en este juzgado federal el quince de junio del presente año (fojas 133 y 134), las autoridades responsables dejaron insubsistente el emplazamiento efectuado en diligencias de ocho de junio de dos mil dieciocho, practicado a José Ramón Álvarez Arreola y todo lo actuado con posterioridad, así como también la sentencia definitiva y autos de ejecución, derivados del juicio ejecutivo mercantil 472/2017 del índice de las responsables, ordenando practicar de nuevo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado José Ramón Álvarez Arreola, en los términos indicados en el auto de radicación de seis de junio de dos mil diecisiete. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de sus derechos y garantías violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar por una parte se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 50 a 56), del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Juez y Secretario de Acuerdos en funciones de Ejecutor, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Nayarit y anexo que acompañan, mediante el cual informan el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acreditan con la documental que adjuntan; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Juez y Secretario de Acuerdos en funciones de Ejecutor, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Nayarit y anexo que acompañan, mediante el cual informan el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acreditan con la documental que adjuntan; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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