José Ramírez Servín

Expediente 572/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
572/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • José Ramírez Servín
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 133 a 135), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad (fojas 138 a 141), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 49 a 66), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 24, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XXIII de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el veinticinco de febrero de dos mil veinte (fojas 105), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante la cual confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a la parte quejosa; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 133 a 135), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veintitrés de marzo del mencionado año, se había entregado el cheque a favor de la parte justiciable y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $10,821.27 (diez mil ochocientos veintiún pesos 27/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $10,493.48 (diez mil cuatrocientos noventa y tres pesos 48/100 moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil diecinueve y el veintitrés de marzo del año que transcurre, se realizó la entrega del cheque al multicitado quejoso. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de marzo del año próximo pasado al mes de febrero de esta anualidad. Lo anterior es así, toda vez que la entrega del cheque a favor del promovente de amparo aconteció hasta el veintitrés de marzo del año en curso. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del año próximo pasado fue de 103.476; y para el mes de febrero de este año de 106.889. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03298349375700. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $10,493.48 (diez mil cuatrocientos noventa y tres pesos 48/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $10,839.59 (diez mil ochocientos treinta y nueve pesos 59/100 moneda nacional); se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $346.11 (trescientos cuarenta y seis pesos 11/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $10,821.27 (diez mil ochocientos veintiún pesos 27/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $10,839.59 (diez mil ochocientos treinta y nueve pesos 59/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $10,821.27 (diez mil ochocientos veintiún pesos 27/100 moneda nacional), es decir, tiene un faltante de $18.32 (dieciocho pesos 32/100 moneda nacional), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable, así como los que efectúe la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que dicho Tribunal, admitió el recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por conducto del Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, en contra de la sentencia emitida en autos, mismo que quedó registrado con el número 442/2019, de su estadística; entonces, agréguese a los presentes autos para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUVE. Agréguese a sus autos el escrito presentado por *********, en su carácter de apoderado legal de los quejosos, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones respecto a que se hagan efectivas las medidas de apremio a que fueron conminadas las autoridades responsables, al no acatar en sus términos la sentencia de amparo. Al respecto, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte el promovente en su ocurso que se provee, las que será tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, pues es a este órgano de control constitucional a quien le corresponde vigilar el correcto cumplimiento a la sentencia de amparo; máxime, que las responsables en cita, se encuentran realizando las gestiones correspondientes para acatar el fallo protector concedido, como se observa de actuaciones. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en autos; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. No obstante lo anterior, con sustento en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las autoridades en cita, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, se sirvan acatar en sus términos la sentencia concesoria de amparo, o bien, informen las gestiones que se encuentran realizando a fin de acatarla. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una por el equivalente a doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a las mencionadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada.

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