Jose Rafael Rodriguez Ureña
Expediente 1655/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1655/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Rafael Rodriguez Ureña
- Melissa del Carmen de Leon Mejia
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este Juzgado Federal, en el auto de radicación. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, procede calificar este expediente, como depurable, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General.
- Principal
Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta, en la cual la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, por la razón que en ella expresa, devuelve los oficios 32360, 32361 y 32362, dirigido a las autoridades responsables 1Agente de Migración encargado de la Partida Militar del Ejército Mexicano, adscrito al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas; 2Agente del Instituto Nacional de Migración, adscrito al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, y 3Comandante de la Policía Federal acantonada en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, todas las autoridades con residencia en esta ciudad. VISTA A LA PARTE QUEJOSA Bajo esa tesitura, y en atención a que los oficios dirigidos a las potestades citadas en el párrafo que precede, fueron devueltos en razón de su inexistencia; dese vista a la parte quejosa por el termino de tres días contado a partir del siguiente al que surta efecto la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, se tendrán por inexistentes a las autoridades apuntadas y se suspenderá toda comunicación oficial con ellas; lo antepuesto, a fin de que la promovente se encuentre en condiciones de subsanar el error en que incurrió en el señalamiento de su denominación.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano de los actos reprochados consistentes en: ? La detención y retención. ? La expulsión, deportación y/o repatriación asistida. ? La negativa de respetarles el derecho de transitar libremente en el territorio nacional. Ahora bien, el numeral 15 de la ley reglamentaria, dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.". De lo anterior se advierte que la finalidad de establecer los actos previstos en el numeral citado, es que la demanda de amparo se promueva por un tercero y lograr la localización del directo agraviado con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor para estar en aptitud de proveer lo correspondiente. En ese sentido, de los autos en consulta se advierte que mediante proveído nueve de diciembre de dos mil veintidós y en estricto cumplimiento al citado numeral 15 de la ley de la materia, se ordenó la ratificación de la demanda presentada por Sandro Jiménez Gallardo, en representación de Melissa del Carmen de León Mejía; José Rafael Rodríguez Ureña, Virgilio de Jesús Núñez Martínez, Patricia Esmeralda Melgar de Guardado, por su propio derecho y como representante de la menor de edad de iniciales M.A.G.M., y en virtud de ello el actuario judicial de la adscripción se constituyó para ello en "las instalaciones de la Estación Migratoria siglo XXl de esta ciudad, a efecto de encontrar a los quejosos y requerirles si ratificaban la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos ordenados, se tendría por no presentada, lo cual aconteció el nueve de diciembre del año que transcurre, sin embargo, no encontró a los citados quejosos, pues le informaron que no tienen registro de que estuvieran en dichas instalaciones. Por auto de trece de diciembre del año que transcurre, se requirió al promovente del amparo información respecto al paradero de la parte quejosa, sin que haya dado respuesta a tal requerimiento. Por tanto, como se apuntó, si el fin último ante los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia, es lograr la localización de los agraviados con el objeto de que ratifiquen la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente; es manifiesto que en el caso resulta innecesario seguir con la búsqueda y localización de los quejosos, a fin de obtener la ratificación de la demanda promovida a su favor, cuando de la razón actuarial de nueve de diciembre del año en curso y del informe de suspensión de plano de la responsable se advierte que no se encuentran alojados en la Estación Migratoria Siglo XXI, con residencia en esta ciudad, sin que se cuente con un domicilio en el que puedan ser localizados para la ratificación de la misma, ni por parte de la responsable, ni por el propio promovente, por lo que se colige, los directos impetrantes ya no se está en los supuestos del artículo 15, de la Ley de Amparo. De ahí que debido a que, por los motivos antes expuestos, se tiene por no presentada la demanda que dio origen a este juicio, en términos del artículo 15 de la ley de la materia. En razón de lo anterior, una vez que cause estado la presente determinación se dejarán sin efectos las providencias dictadas en autos. Hágase del conocimiento el contenido íntegro del presente auto, por única ocasión, al promovente en el domicilio que señaló en la demanda, y a los directos quejosos por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente por Sandro Jiménez Gallardo, a favor de Melissa del Carmen de León Mejía; José Rafael Rodríguez Ureña, Virgilio de Jesús Núñez Martínez, Patricia Esmeralda Melgar de Guardado, por su propio derecho y como representante de la menor de edad de iniciales M.A.G.M., mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1655/2022 II-B y resérvese proveer sobre su admisión hasta en tanto la parte quejosa cumpla con las prevenciones apuntadas en los párrafos siguientes. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 Se reserva acordar lo relativo a las autoridades foráneas que señalan las disconformes en el ocurso de cuenta, hasta en tanto den cumplimiento a las prevenciones que se apuntarán más adelante. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, a fin de proveer respecto a la suspensión de plano, se aduce que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: ? La detención y retención. ? La expulsión, deportación y/o repatriación asistida. ? La negativa de respetarles el derecho de transitar libremente en el territorio nacional. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de mantener incomunicados, detener a los directos quejosos para ser deportados, asegurados, repatriados o expulsados a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, así como de propinar malos tratos, José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 tortura o privación ilegal de la libertad que equivalga a una desaparición forzada. Por cuanto la parte quejosa se duele de posibles actos que en una u otra forma tienden a deportarlos o retornarlos a su país de origen, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos a una protección especial. Ahora, si bien en la Ley de Migración se establece, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia o bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, lo cierto es que el alojamiento, durará en tanto se determine su situación migratoria en territorio nacional. Resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen. Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De la interpretación correlacionada del articulado transcrito y el contenido de la Ley de Migración, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, y como en la especie, se reitera, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en que en una u otra forma los directos quejosos sean deportados o retornados a su país de origen, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la parte quejosa, en el caso de que llegue a ser detenida o asegurada, sea puesta en libertad. En ese sentido, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión decretada no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 5 Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Por lo tanto, las autoridades responsables dictaran las medidas previstas legalmente en Ley de Migración y su Reglamento (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2022, respecto del juicio de amparo 349/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, relativo al tema. De igual forma apoya lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 183/2022, el cual se invoca como hecho notorio pues dicha ejecutoria se encuentra en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017123, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 6 INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la posible detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 7 delito flagrante, caso en el cual deben ser puestos de inmediato a disposición de las autoridades competentes. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. En ese mismo orden, las autoridades responsables brindaran atención médica a los quejosos conforme a los padecimientos que adolezcan y conforme a la nota médica que en su caso se les practique. Asimismo y toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de la probable privación de la libertad, que se traduce en una posible restricción de su libertad de tránsito, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la quejosa por parte de las autoridades administrativas, José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 8 pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. MEDIDAS ESPECIALES PARA MENOR DE EDAD Ahora bien, por cuanto de la demanda se advierte que la parte amparista menciona que entre los directos quejosos se encuentra una menor de iniciales M.A.G.M., es pertinente precisar lo siguiente: Se instruye a las autoridades responsables para que les otorguen todas las medidas y cuidados necesarios atendiendo al interés superior de los menores. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 9 Lo anterior, en razón a que del artículo 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no por familiares, detenidos o no en las estaciones migratorias, que se deben adoptar a la luz de los principios de separación y unidad familiar, respetando en todo momento el interés superior del menor de edad, las cuales el juzgador no puede soslayar. Por tanto, llegado el caso, mientras permanezca en las instalaciones de las autoridades, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria lo ponga en libertad inmediatamente. Además, la autoridad migratoria realizará lo siguiente: 1. Identifique e individualice a la menor migrante; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si han tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud, o quiénes tienen necesidades específicas, en caso de que se trate de lactantes, por ejemplo; 4. Provea la designación de algún tutor o representante legal, o bien, traductor o intérprete para facilitar la comunicación; 5. Canalice a los menores al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México; José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 10 6. Los ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que puedan acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, y; 7. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas necesarias para supervisar y vigilar que quienes no estén acompañados de familiares tengan un espacio específico en la estación migratoria, distinto del de los adultos y que cuenten también con áreas separadas para niños, niñas y adolescentes, e implemente un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad, en caso de menores acompañados, o bien, los planes de alojamiento alternativo para quienes estén solos. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se le impondrá las sanciones José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 11 previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de las autoridades responsables lo siguiente: * Deberá informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite sus manifestaciones al correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. * Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en día hábil. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria, por lo que deberá dar cumplimiento a la suspensión de plano e informar de informar oportunamente lo conducente. También se les informa a las referidas potestades que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 12 PREVENCIÓN Por otra parte, con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en las órdenes de expulsión y/o deportación y/o repatriación. Segundo.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la restricción de transitar por el territorio nacional y deportación. Tercero.- Exprese si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Cuarto.- Indique si contra actos similares a los ahora reclamados ha promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 13 y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Quinto.- Asimismo, deberá precisar qué actos reclama a las autoridades domiciliadas fuera de la jurisdicción de este Juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a las mismas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cual es la razón de incorporarla a la contienda constitucional. Sexto.- Requiérase a Patricia Esmeralda Melgar de Guardado, que compruebe con documento idóneo la representación que dice ostentar respecto de la menor de edad de iniciales M.A.G.M. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 14 EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así también, si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación a los actos reclamados y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que respecta a la menor amparista, este órgano jurisdiccional valorara las condiciones particulares del caso y emitirá el pronunciamiento respectivo, atendiendo a su edad y madurez, en concordancia con el artículo 25 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, así como al interés superior del menor. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012592, de título, subtítulo y texto: INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 15 que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." RATIFICACIÓN DE DEMANDA Se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado para que notifique la presentes determinación a los quejosos Melissa del Carmen de León Mejía; José Rafael Rodríguez Ureña, Virgilio de Jesús Núñez Martínez y Patricia Esmeralda Melgar de Guardado y los requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 16 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Como lo solicita el promovente y toda vez que se encontró registro en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes del usuario "SANDRO75", asociado al nombre del ocursante; por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet, en el entendido que las notificaciones se le realicen por por esa vía, por así haberlo solicitado expresamente. En ese sentido, se ordena dar de alta de inmediato en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre del usuario antes referido para su debida consulta. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa proporciona el correo electrónico lic.gallardosandro@gmail.com, y el número telefónico 962 143 9400, se tienen por señalados para efectos de ser necesario tener comunicación no procesal en el presente juicio de amparo. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 17 del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 18 En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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