Jose Pedro Kinavuide
Expediente 1486/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1486/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Pedro Kinavuide
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado, a pesar de que fue debidamente notificada de su requerimiento el dieciocho de octubre del año en curso, según se advierte de la constancia de notificación agregada en autos; lo que conforme al artículo 117 de la ley de Amparo, se valorará al momento de resolver el presente asunto. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS No obstante, conforme al artículo 75 de la Ley de la materia, se requiere al Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 2 sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita copias certificadas relacionadas con el acto que le reclama la parte quejosa, cuidando que las mismas sean visibles, se encuentren debidamente selladas y foliadas. SE APERCIBE A DICHA AUTORIDAD, QUE EN CASO DE SER OMISA Lo anterior bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo precisado en dicho término, se hará acreedora a una multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, tomando en consideración que la Unidad de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el país a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés. Esto, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 254 de la Ley de Amparo [específicamente a la persona física que ostente el cargo público correspondiente]. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurre el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, toda vez que recibió el oficio correspondiente el dieciocho de octubre del año en curso. DIFERIMIENTO En mérito de lo anterior, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se señalan las once horas con cuarenta y cuatro minutos del ocho de enero del dos mil veinticuatro. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. Además, que conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 16 Decies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los juzgados de distrito, con fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó el aviso del calendario de vacaciones correspondiente a este juzgado de distrito, mismo que comprende la segunda quincena de diciembre del año en curso. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Rosemberg Mauricio Cruz Ocampo, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 1486/2023, promovido por José Pedro Kinavuide, Liliana Ngangula Kinzi y Pricila Alegria Tonda Kinavuide, por si y en representación de sus menores hijos de iniciales M.C.N.K., y M.L.N.K., contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad; sin la presencia de alguna de las partes o representante legal de ellas. Abierta que fue la audiencia, el Secretario hace relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJA 1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 1-11 2 SUSPENSIÓN PROVISIONAL 18-26 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 33 4 ALEGATOS DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 10, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD 38-44 Asimismo, el secretario hace constar que obra en autos el informe de la autoridad responsable: NO. CONSTANCIAS FOJAS SENTIDO 1 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 10, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO NIEGA 34 Y 35 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA REPRESENTATIVA EN CHIAPAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. A continuación, se abre la etapa de pruebas, en la cual el Secretario hace constar que obran en autos las siguientes documentales: NO. PARTE PRUEBAS 1 QUEJOSA 12-17 En atención a ello, la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, admítanse las referidas probanzas y desahóguense sin más trámite, con base en su propia y especial naturaleza. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el cual el secretario hace constar que obran los siguientes: NO. PARTE FOJAS 1 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 10, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN ESTA CIUDADJEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 10, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD 34 Y 35 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con apoyo en el precepto antes invocado, ténganse por formuladas las alegaciones de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Desahogadas las etapas correspondientes a la 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 3 Incidente 1486/2023 presente audiencia, la Jueza da por concluido este acto procesal y, con fundamento en citado normativo, se dicta la siguiente interlocutoria. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1486/2023. R E S U L T A N D O PRIMERO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, la quejosa José Pedro Kinavuide, Liliana Ngangula Kinzi y Pricila Alegria Tonda Kinavuide, por si y en representación de sus menores hijos de iniciales M.C.N.K., y M.L.N.K., reclama de las autoridades responsables: * La falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de refugiado a favor del quejoso. * La omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a la quejosa y su menor hija, para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, trayendo como consecuencia la falta de expedición de dicha clave (CURP). * La omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de la entrega de la constancia. * La omisión de preveer al respecto de la devolución de la quejosa y su menor hija, el ser solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado y no tener por formalizada la solicitud. Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión a los impetrantes y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Por lo que esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de octubre dos mil veintitrés, se formó el presente cuaderno incidental, se solicitó informe previo a la autoridad señalada como responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 107, fracciones X y XI de la Constitución General de la República, y el diverso numeral 144 de la Ley de Amparo, en virtud de que este órgano de control constitucional conoce del juicio de amparo del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas que prevé la ley de la materia citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, registrada con el número 242 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 198, que determina: INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. La 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 5 Incidente 1486/2023 Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, en su informe previo, negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Por consiguiente, se estima que lo procedente es desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y tener por cierta la existencia de los citados actos reclamados, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. Máxime que en la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable es de naturaleza omisiva, de tal manera que si la potestad aduce su inexistencia, se encuentra obligada a acreditar la actuación que en concreto haya realizado. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado [CUR] y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de las autoridades responsables, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población [CURP], es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 7 Incidente 1486/2023 documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 9 Incidente 1486/2023 ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que los quejosos exhiben copia de los documentos generados en atención a las solicitudes realizadas, así como copias de los Documentos Nacionales de Identificación y certificados de nacimientos de cada uno de los menores de identidad reservada, todo los documentos, expedidos por la Republica de Honduras, Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 11 Incidente 1486/2023 Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión provisional para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 13 Incidente 1486/2023 actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, sobre todo porque dos quejosos son menores de edad, por lo que requiere la máxima tutela de la función de su interés superior, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con datos de localización Registro digital: 2020401, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. TERCERO. Con fundamento en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad administrativa responsable expida a los quejosos, de forma provisional, la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como la Clave Única de Registro de Población [CURP], hasta en tanto se le comunique que ha quedado firme la resolución que se dicte en cuanto al fondo del asunto. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable, que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. Se concede a José Pedro Kinavuide, Liliana Ngangula Kinzi y Pricila Alegria Tonda 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 15 Incidente 1486/2023 Kinavuide, por si y en representación de sus menores hijos de iniciales M.C.N.K., y M.L.N.K., la suspensión definitiva contra los actos que atribuye al Titular de la Oficina de representación en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula, Chiapas, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios rendidos por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular (Encargado) y Jefe de Departamento de la Oficina de Representación en Tapachula de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con los cuales con el primero de ellos da cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciséis de octubre del año en curso y con el diverso rinde informe justificado. Ahora bien, de las constancias certificadas que remitió la potestad de cuenta en su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales expedidas por servidor público autorizado en 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 2 ejercicio de sus funciones, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2; se desprende que la referida autoridad responsable en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, admitió el trámite a la solicitud de la parte quejosa, y la previno en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Asimismo, mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de este año, admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, y se le asignó Clave Única de Refugiados (CUR); además expidió la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros (CURP), expedidas a favor del aquí quejoso Rigoberto Josué Leiva Dubon. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, y en contexto del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos aquí reclamados los constituyen: La omisión de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La omisión de otorgarnos la clave única de registro de población (CURP). El citatorio con número 214115 de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 3 En ese sentido, es claro que del contenido del oficio de cuenta y constancias que anexa, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, como ya se dijo, del contexto 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 4 de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la potestad admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, y asignó clave única de refugiados; además expidió a favor del impetrante la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros. En consecuencia, con la expedición de la constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, el quejoso podrá acceder a los servicios de salud (atención médica, psicológica o dental) y, entre otros, adquiere el derecho a la no devolución, mismo que establece que ningún refugiado o solicitante de la condición de refugiado podrá ser expulsado de México, en tanto su solicitud de la condición de refugiado se encuentre en análisis. Atento a lo anterior, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo que, sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin esperar a la celebración de la audiencia constitucional relativa, ya que de hacerlo, se contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 5 que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Registro digital: 193758, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Y la diversa 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Registro digital: 196820, Instancia: 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 6 Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 9/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Tipo: Jurisprudencia, que dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, cuyos datos de localización son: Registro digital: 184572, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SIN EFECTOS Atento a lo expuesto en párrafos que anteceden, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas treinta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
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