José Rafael Alvarado Ramírez
Expediente 1011/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Rafael Alvarado Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es destruible, y el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, una vez que trascurran cinco años, contados a partir de que se ordena su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el amparo, en el expediente principal; y por lo que hace a la suspensión provisional y definitiva, fue concedida y negada, respectivamente. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido ofrecidos por las partes.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Rafael Alvarado Ramírez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que trascurrió el plazo concedido al quejoso en auto de veintinueve de octubre pasado, para que proporcionara el nombre de un abogado para que lo represente en el juicio de amparo que nos ocupa; por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido y en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede oficiosamente a proveer al respecto. En ese sentido, del estado de autos se evidencia que el peticionario de amparo designó como su autorizado, entre otros, a **************-a quien dijo nombrarlo como representante común- autorización que se realizó en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, ello por no haber proporcionado mayor dato que justificara que el nombrado es profesional en derecho; sin embargo, en virtud de lo acordado en el párrafo que antecede, de forma oficiosa se efectuó una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de la que se obtuvo que el profesionista en comento cuenta con la cédula número 1691263, con nivel de licenciatura en derecho, registrada con el número 45075, de la cual se ordena obtener constancia y glosarla a los autos, para los efectos legales a que haya lugar. Como consecuencia de lo anterior y únicamente por lo que hace a este juicio de amparo, se reconoce a Jesús Martín Medina Rodríguez como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de privilegiar el acceso a la tutela jurisdiccional del directo quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2020495, décima época, registro 2020495, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 23 de agosto de 2019, de contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja."
- Principal
Vistos los informes justificados que respectivamente remiten las agentes del Ministerio Público de las Unidades de Tramitación Común uno y dos, en Celaya, Guanajuato; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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