José Quiroz Herrera
Expediente 984/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Quiroz Herrera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por José Quiroz Herrera, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo presentada en línea, con evidencia criptográfica del quejoso *****, en contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 4 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 984/2021-5. Desechamiento de la demanda En principio, debe señalarse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia, la suscrita operadora jurídica determina que en la especie se actualiza una causa de improcedencia y, por ende, desecha la demanda de mérito. La parte quejosa indicó, como acto reclamado, en esencia, lo siguiente: "IV. Norma General, Acto u Omisión que de cada autoridades se reclame: Del Presidente: La política pública denominada Sembrando Vida, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Del Secretario: La ejecución de la política pública señalada en el punto anterior, a través de las denominadas Reglas de Operación del Programa Sembrado Vida, para el Ejercicio Fiscal 2021, Documento que fue pública en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno (.)" En la especie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, de la ley de la materia, así como 107, fracción I, constitucional, es procedente desechar de plano la demanda de derechos fundamentales de que se trata, habida cuenta que la parte quejosa solo cuenta con un interés simple, insuficiente para esta instancia constitucional. Cabe precisar que si bien no resulta viable desechar una demanda de amparo por el hecho de no acreditar el interés jurídico o el legítimo, no debe soslayarse que dicha circunstancia también admite excepciones, consistentes en que el acto reclamado no esté dirigido al quejoso, no le cause perjuicio alguno o no lo agravie de manera directa, en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. De tal manera que sí es factible que el juez de Distrito pueda desechar la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como acontece en el presente caso, pues de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple. Así, el hecho de que el auto inicial no constituya formalmente una resolución, no implica que no pueda contener una decisión atinente al momento procesal en que se ubica, y el hecho de que la evidente ausencia de un interés legítimo requiera de un estudio cuidadoso o minucioso, no implica que no pueda realizarse en ese auto inicial. Apoya lo anterior la jurisprudencia la tesis 2a./J. 57/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, del tomo II, libro 43, junio de 2017, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Así, cabe mencionar que por cuanto hace al interés jurídico, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al individuo de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución del o los actos que estima inconstitucionales, entendiéndose por perjuicio la ofensa que se hace en los derechos o intereses de los que es titular. Sirve de apoyo la tesis de Jurisprudencia I. 1o. A. J/17, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 35, diciembre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." De modo que el auto inicial sí es propicio para examinar las particularidades de la reclamación desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés legítimo, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma resulta ocioso; lo anterior de conformidad con la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 1, libro XXII, julio de dos mil trece, Décima Época, página quinientos cincuenta y nueve, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." En ese contexto, se reitera, en la especie se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, constitucional, que en lo conducente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (sic) La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.; (.)". ARTÍCULO 107. (.) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la propia legislación de la materia. Al respecto, cabe decir que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de Justicia del País, el interés legítimo, distinto al jurídico, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; o sea, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, particularmente, de aquellas elegidas de manera democráticamente, pues la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta. Por tanto, es indudable que a través del juicio de amparo no se puede evaluar cualquier acto de autoridad, pues la existencia del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes, a saber, que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones mayoritarias con legitimidad democrática, sino solo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir, es decir, se traten de actuales, reales y cualificadas, de modo que aquellas que sean mayoritarias, ideológicas y políticas deben corresponder a los órganos políticos. Igualmente, resulta necesario desarrollar diversas precisiones en torno al interés legítimo; en principio, debe decirse que el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello con base en la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, mismos que son de especial relevancia para el presente caso, son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: Individual. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: Simple. Legítimo. Jurídico. En la parte que interesa, relativa a la clasificación por el nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, es necesario puntualizar que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma, en tanto que el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo -mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas- implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclarar que tal parámetro de razonabilidad no se refiere a los estándares argumentativos empleados para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Entonces, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. Debe decirse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Entonces, el interés legítimo implica una afectación en la esfera jurídica en un sentido amplio, lo cual genera un interés cualificado, actual y real -debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico-, en suma, un interés jurídicamente relevante y protegido, lo que forzosamente conllevaría a reconocer, que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica del quejoso. En razón de todo lo expuesto, se tiene que el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, las características que permiten identificarlo son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante; y f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 142/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242 del tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.- De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste." En resumen, el interés legítimo consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto que, si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Por otra parte, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo, y constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Sirve de apoyo la tesis 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690, del tomo II, agosto de 2016, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. - La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el caso, la parte quejosa reclama, en esencia, la falta de supervisión en la aplicación del programa relativo a la política nacional de Desarrollo Nacional, denominada Sembrando Vidas, cuyo propósito fundamental es la reforestación en las áreas que resulta necesario, así como la generación de fuentes de empleo, mediante el otorgamiento de recursos naturales y económicos, lo que, señala, ha ocasionado deterioro en el medio ambiente, al no incluirse una debida planeación de los aludidos recursos; al grado, refiere, que los beneficiarios de tal programa -sujetos agrarios- han ocasionado la quema de parcelas de árboles con el único propósito de recibir el recurso económico establecido en dicho programa. Ahora bien, en el contexto en que se formula la demanda constitucional, esta operadora jurídica advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo del quejoso para acceder a esta instancia extraordinaria, habida cuenta que no atribuye a las omisiones y actos cuestionados una afectación presente, real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. En ese sentido, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar las omisiones y actos materia de reclamo; toda vez que, de la lectura de la demanda, se observa que no aduce una afectación directa ni colateral emanada de los actos reclamados, sino solo alega situaciones hipotéticas que podrían afectar a la sociedad en general, por lo que, de dicha postura impugnativa, no es factible determinar que el peticionario de amparo, en lo particular, puede sufrir o resentir una transgresión directa o indirecta por su especial situación frente al orden jurídico, en su esfera jurídica con motivo de los actos de autoridad que reclama. Incluso, aun cuando se considere su esfera jurídica en sentido amplio, en el caso, no se advierte que tales actos sean lesivos a sus derechos humanos pues, si bien acude a la presente vía en su carácter de gobernado, aduciendo que su derecho fundamental a un medio ambiente sano se ve afectado por las omisiones o actos reclamados, lo cierto es que no se ubica por sí, ni en relación a terceras personas, en el ámbito de afectación primaria de los actos que tilda de inconstitucionales, pues no refiere una actividad que cotidiana, reiterada o permanentemente se vea afectada; por el contrario, como el propio inconforme lo señala, con la impugnación de tales actos pretende obtener el mismo beneficio que irroga a cualquier otro gobernado, de modo que nada lo separa de la sociedad en general. En ese sentido, de acuerdo a los argumentos que plantea, resulta patente que el interés informado en la demanda, es el de cualquier otro ciudadano y, por tanto, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional, donde se respeten los derechos fundamentales tales como el relativo a un medio ambiente sano. Mientras que tampoco podría considerarse que forma parte de un derecho colectivo que le legitime para controvertir la posible restricción de derechos de primer orden como lo sería el derecho a la salud, puesto que no aduce tener una relación jurídica que lo coloque en una situación especial respecto de los actos que controvierte, en relación con los demás habitantes del territorio nacional. Por tanto, al aducir afectaciones meramente hipotéticas y generales y al no involucrar un derecho colectivo resulta inconcuso que no es posible identificar un agravio cualificado que le otorgue interés legítimo para sujetar el control constitucional del acto impugnado. En ese contexto, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional; ya que, los actos objeto de reclamo, no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual solamente en los derechos del promovente; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante. En resumen, la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. Suponer que el quejoso cuenta con interés legítimo, es admitir que todos los habitantes estarían legitimados para impugnar de manera genérica cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. Bajo los anteriores razonamientos, el accionante de la tutela federal únicamente cuenta con un interés simple, como con el que contamos todos los ciudadanos que pertenecemos a una comunidad, en la que si bien, se tiene derecho a un ambiente sano; ello por sí solo no faculta a los gobernados, ni les brinda la oportunidad de acudir al juicio de amparo, alegando de manera genérica tener un interés legítimo como lo pretende en su demanda de amparo. Aunado a que se estima que el promovente no acredita ni podrá acreditar durante la secuela del juicio, su interés legítimo que le permita combatir los actos reclamados en los términos expuestos; ello por el simple hecho de que los actos reclamados no demuestran que se ubique en una situación especial o cualificada relacionada con una lesión o principio de afectación a su esfera jurídica, y sí aún y cuando, tiene un interés, este resulta ser un interés simple, como el de todo miembro de una sociedad, sin nada que lo diferencie del interés que podría tener cualquier otro ciudadano que viva en el estado de Guanajuato y estados circunvecinos. Lo anterior, encuentra asidero jurídico en las razones que informan las tesis 1a. CCXCI/2018 (10a.) y 1a. CCXC/2018 (10a.), visibles en la página 335, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado." "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS. El análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente, los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, lo cual no significa que sea ilimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado." A mayor abundamiento, cabe agregar como una razón adicional, que por sí sola soporta también la determinación de desechamiento, que ese tipo de acción que pretende el solicitante de amparo, es de tipo general (cuestionar actos para cuidar el medio ambiente sus efectos y consecuencias), es decir, alcanzaría a todas las personas del país. Orienta la anterior determinación la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), visible en la página 448, libro 18, mayo de 2015, tomo I, Materia Común, Décima Época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia en examen, lo procedente es, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda constitucional. Domicilio y consulta electrónica del expediente Toda vez que el promovente del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones de índole personal los estrados de este juzgado federal, es decir, no precisa domicilio para tal efecto, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria y 306 del supletorio Código de Procedimientos Civiles. Así también, se le tiene proporcionando el correo electrónico y línea telefónica que refiere, para, de estimarlo necesario este juzgado federal, se tenga como contacto con esa parte. Finalmente, con base en lo expresamente señalado por el quejoso, se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, habida cuenta que proporciona datos de la FIREL del usuario ******** toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que está matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación; por lo que, se insta a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado para que habilite al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En el entendido, que si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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