José Pilar Luna Rosales
Expediente 1255/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Pilar Luna Rosales
Actuaciones
- Principal
En cinco de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintinueve de julio al cuatro de agosto del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de veintiuno de julio del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo número 1255/2015. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de veintiuno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por José Pilar Luna Rosales, contra actos del Director General de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veintiuno de julio de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte ya obran glosados todos los informes justificados solicitados a las autoridades responsables; en consecuencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de garantías promovida por José Pilar Luna Rosales, contra el acto que reclama del Director General de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1255/2015 que por su orden le corresponde; en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso concreto, este Juzgador considera que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, como cuestión previa al ejercicio de la acción de amparo, el impetrante de garantías debió de interponer el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. Lo anterior es así, pues, como cuestión previa a la promoción del juicio de amparo, el impetrante de garantías debió de acudir al procedimiento contencioso administrativo para el Estado de Zacatecas, como juicio ordinario, óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. En el caso sometido a examen, el acto reclamado se hace consistir en la boleta de infracción de folio 036315, de veintitrés de mayo de dos mil quince, expedida por la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, por incumplimiento a diversos normativas de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad para el Estado de Zacatecas. Sin embargo, se reitera, tal acto debió ser impugnado de forma previa mediante la promoción del juicio de nulidad, regulado por la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el uno de abril de dos mil, de acuerdo a su numeral 19, fracción III, al tratarse de un acto emitido por un ente de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, como es la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, que causó agravio inmediato y directo al ahora quejoso sobre su esfera jurídica, al imponerle una multa equivalente a $11,000.00 (once mil pesos 00/100), como refiere en el punto cuarto del capítulo de antecedentes del acto reclamado, de su escrito de demanda. Asimismo, cabe significar que si bien es cierto que el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente en consulta, establece que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; en el caso en examen, la determinación que impugnan no se considera violatoria del artículo 16 constitucional por falta de fundamentación y motivación. Así es, pues del examen de la boleta de infracción reclamada, se advierte con claridad que la responsable expuso los motivos por los que procedió a la retención del vehículo, los cuales se hacen consistir en base al manejo negligente del conductor, además de no portar licencia de conducir ni tarjeta de circulación y encontrarse en estado etílico; sin portar el vehículo placas de circulación; aduciendo infracción a los numerales 23, fracción I; 42, 43, fracción X; 47 y 80, todos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, como sustento legal de esa determinación. En esas condiciones, es inconcuso la infracción reclamada no resulta carente de fundamentación, como tampoco se está en presencia de violaciones directas a la Ley Suprema. Por ello, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tienen carácter de definitivos, ya que, se reitera, es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual el peticionario de garantías se encontró en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de determinaciones que se encuentran dirigidas a su persona. En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por José Pilar Luna Rosales, contra el acto del Director General de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. Por otra parte, en términos del numeral 12 de la ley de la materia, se tienen como autorizados de la parte quejosa a los licenciados Beatriz Norato Adame, Rosalba Flores Cruz y Fabiola Cruz Hernández; en tanto que como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle E. Pankhurts número ciento dos, colonia Bancomer, de esta ciudad capital. Finalmente, en términos del artículo 3° de la nueva Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.".
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