José Pérez Correa

Expediente 790/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
790/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • José Pérez Correa
  • Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    La licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del veinticuatro de octubre al nueve de noviembre de dos mil dieciséis, sin contar los días veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, así como y uno, dos, cinco y seis de noviembre del propio año, por haber sido declarados inhábiles los mencionados en tercero, cuarto y quinto lugar y los restantes por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 790/2016-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; Que la parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, once de noviembre de dos mil dieciséis. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    En veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la tercero interesada Caja Real del Potosí, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se hace efectivo en su contra al apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de junio del propio año, y se ordena turnar los autos al diligenciario adscrito a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del fallo de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para la citada tercero interesada, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. EN ATENCION A LO ANTERIOR SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA ALREFERIDO TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA PRECISADA, LA CUAL DICE EN SU PUNTO RESOLUTIVO LO SIGUIENTE: "se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JOSÉ PÉREZ CORREA contra los actos que reclamó de las autoridades responsables; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 790/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. En escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JOSÉ PÉREZ CORREA formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales siguientes: Autoridades responsables: a).- JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL. b).- JEFE DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS DE LOS JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y MERCANTILES, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL, ZACATECAS. Actos reclamados: . A la autoridad señalada como ordenadora, le reclamo: LA ILEGAL ORDEN DE EMBARGO decretada en mi contra; y a la autoridad señalada como ejecutora, le reclamo el dar cabal cumplimiento a través de personal a su mando a la ilegal orden de embargo decretada en mi contra por la autoridad señalada como ordenadora. SEGUNDO. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 790/2016-1; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar a la tercero interesada; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 53, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Y ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Del Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital: El auto de veintidós de octubre del dos mil quince, que contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; y, la diligencia respectiva, ordenada en el domicilio del quejoso. Del Jefe de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de la Capital, del Poder Judicial del Estado: La ejecución de la orden contenida en el mencionado auto de veintidós de octubre del dos mil quince. Una vez determinado cuales son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. El Jefe de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de la Capital, del Poder Judicial del Estado, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento contenida en el auto de veintidós de octubre del dos mil quince, pues refirió, que en diversas ocasiones se ha programado en la Central de Actuarios a su cargo, la práctica de la diligencia respectiva, dentro de los autos del expediente 824/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, promovido en contra del aquí quejoso y otros demandados, por lo que personal de esa central ha intentado dar cumplimiento al auto de exequendo, pero ante la oposición del demandado, no se ha concretado. Por tanto, el acto relativo a la ejecución del auto de exequendo debe declararse inexistente, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para acreditar la mencionada circunstancia, ya que sólo se limitó a manifestar en su escrito inicial de demanda y bajo protesta de decir verdad que el seis de junio de dos mil dieciséis, se presentaron en su domicilio personas que dijeron ir de un Juzgado Mercantil de la capital, quienes le informaron que iban a embargarle y ejecutar el mandato ordenado, acompañando copia simple del citatorio que al efecto se le dejó. Sin embargo, de autos se advierte que el veintidós de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda presentada por MARÍA DE JESÚS CRISTINA DEL RÍO MENDOZA, endosataria en procuración de Caja Real del Potosí, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovida en la vía ejecutiva mercantil, contra MARÍA DEL RASARIO SALAZAR RAMIREZ, JOSÉ PEREZ CORREA Y JOSEFINA TEJADA ALCALA; por lo que la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento (diligencia que el peticionario de amparo señala como acto reclamado) no pudo llevarse a cabo en esa fecha, por no encontrarse presente. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del citado acto reclamado del Jefe de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de la Capital, del Poder Judicial del Estado, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, por lo que a dicha responsable se refiere, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;. Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa. De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Además, su existencia se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al expediente 824/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por María de Jesús Cristina del Río Mendoza, endosataria en procuración de Caja Real del Potosí, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en donde consta dichos actos; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. a) María de Jesús Cristina del Río Mendoza, endosataria en procuración de Caja Real del Potosí, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió, en la vía ejecutiva mercantil, demanda contra MARÍA DEL ROSARIO SALAZAR RAMÍREZ, JOSÉ PÉREZ CORREA Y JOSEFINA TEJADA ALCALÁ, de quienes requirió el pago de quince mil pesos, como importe de la suerte principal y demás anexidades legales (fojas 27-28). b) A la citada demanda recayó acuerdo de veintidós de octubre de dos mil quince, por el que se ordenó requerir a la deudora principal, así como al peticionario del amparo, en su calidad de aval, por el pago de las prestaciones reclamadas y de no hacerlo en el momento de la diligencia, se les embargaran bienes de su propiedad, suficientes para garantizar dichas prestaciones, poniéndose lo embargado en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designara el actor; y, se les emplazara al juicio, corriéndoles traslado con las copias de ley, haciéndoles saber que contaban con el término de ocho días para hacer pago de lo reclamado, o bien, oponerse a la ejecución si para ello tuvieren excepciones legales que hacer valer (f.31). El proveído antes referido constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. c) En cumplimiento al mencionado auto, el tres de noviembre de dos mil quince, el ministro ejecutor adscrito a la central de actuarios de los juzgados civiles, familiares y mercantiles del distrito judicial de la capital, en compañía de la autorizada de la parte actora, se constituyó en el domicilio proporcionado en la demanda como de los demandados, habiéndolos tenido ante su presencia, quienes le manifestaron que no podían dejarlos pasar, ni permitan embargar, por lo que no fue posible realizar la diligencia encomendada (f.34). d) Posteriormente en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil quince, se ordenó de nueva cuenta la ejecución del auto de exequendo, autorizándose la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras, sin que se llevara a cabo la diligencia respectiva, porque luego de tocar repetidas veces a la puerta del domicilio de los demandados, no obtuvieron respuesta (f.36-38). e) Luego, el siete de abril de dos mil dieciséis se practicó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto de la demandada Josefina Tejada Alcalá (f.47). f) El seis de junio de dos mil dieciséis, de nueva cuenta se pretendió llevar a cabo la diligencia de referencia con el impetrante del amparo, habiéndole dejado citatorio, sin que se presentara para su desahogo (f.54 y 55). SEXTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en la página 533, del tomo VI, parte TCC, de la Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este juzgado de Distrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que en contra del acto reclamado no se agotó el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Éste establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; 2. cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, 4. cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el Código de Comercio aplicable al procedimiento en su artículo 1334 dispone: Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Del numeral anterior, se infiere que, por regla general, los autos dictados en los juicios mercantiles son revocables, salvo que contra ellos proceda el recurso de apelación. Por su parte, en el capítulo XXV denominado "De la apelación", el artículo 1339 del código en análisis, en lo conducente, establece: Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (...) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo..." El precepto normativo anterior dispone que los autos dictados en los procedimientos mercantiles sólo podrán ser apelables cuando lo disponga expresamente el código y contra la sentencia definitiva también proceda dicho recurso. Asimismo, el artículo en estudio establece la improcedencia del recurso de apelación en los juicios mercantiles cuya cuantía sea menor a quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y tres centavos, por concepto de suerte principal. Por tanto, la sentencia definitiva en ese tipo de juicios (de cuantía menor al numerario citado) no es apelable; en consecuencia, los autos que se dicten durante el procedimiento tampoco pueden ser impugnados a través de ese medio de impugnación. De lo anterior, se sigue que para la impugnación de los autos intraprocesales que se dicten en los juicios mercantiles de cuantía menor a la señalada en el numeral 1339 citado es aplicable la regla general de impugnación establecida en el artículo 1334 del Código de Comercio; es decir, es procedente el recurso de revocación, en virtud de que dichos autos no son apelables. Lo anterior, pues a pesar de que el numeral en análisis establece que son irrecurribles las resoluciones dictadas durante la substanciación del procedimiento, tal expresión debe entenderse en lo concerniente al recurso de apelación, ya que dicha disposición se limita a describir las condiciones en las que este recurso opera, al versar sobre las modalidades de la apelación y encontrarse en el capítulo XXV, llamado: "De la apelación". Además, el numeral en análisis al señalar que: "Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal.", es claro que se refiere únicamente al recurso de apelación, pues con posterioridad el mismo artículo indica que: "las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos..."; de lo que se sigue que la palabra irrecurrible equivale a la de inapelable. Sostener lo contrario implicaría la derogación del recurso de revocación contra autos que recaigan en asuntos que por su cuantía sean inapelables; sin embargo, de ser esa la intención del legislador, hubiera sido necesaria la derogación expresa del artículo 1334 del Código de Comercio. Por tanto, todos los autos dictados en un juicio mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. Es sustento de lo considerado, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, página ciento cincuenta y siete, que dispone: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión recurribles fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012).De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto De los Juicios Mercantiles, título primero Disposiciones Generales, capítulo XXV, denominado "De la Apelación, del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Sin que sea obstáculo para lo anterior que la jurisprudencia citada en primer término haya interpretado el texto anterior del artículo 1339 en estudio que disponía que: sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento...; mientras que el texto vigente establece que: "Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento...". Es así, porque las construcciones gramaticales utilizadas son equivalentes (al tener como significado la improcedencia de un recurso), sin que se modificara el capítulo que regula el recurso de revocación, por lo que los razonamientos sustento del criterio citado no pueden estimarse superados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.C.16 C (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, tomo 2, febrero de dos mil trece, página mil quinientos doce, de rubro y texto: REVOCACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PESE A LA REFORMA AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE 9 DE ENERO DE 2012, NO ESTÁ SUPERADO EL CRITERIO DE LA PRIMERA SALA CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 59/2010, AL PROCEDER DICHO RECURSO CONTRA LAS DETERMINACIONES O RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Entre las modificaciones que realizó el legislador al Código de Comercio el nueve de enero del dos mil doce, aparece la relativa al artículo 1339, donde se establece, entre otras prevenciones, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos, y de la exposición de motivos se advierte que esto se hizo para facilitar la tramitación de las controversias; sin embargo, no se realizó cambio alguno a los artículos 1334 y 1335 ubicados en el capítulo XXIV, denominado "De la revocación y reposición", que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y de reposición, sino sólo en el capítulo siguiente que regula la procedencia y trámite de la apelación, de cuyo análisis no se advierte la limitación para promover la revocación contra las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, como pudiera ser el proveído que califica las posiciones o el que declara desierta la prueba pericial o el que ordena el desahogo de la confesional. Consecuentemente, con las citadas reformas, no está superado el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, de rubro: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. En el caso, el juicio ejecutivo mercantil de origen no supera la cuantía requerida para que en el procedimiento sea procedente el recurso de apelación, pues la suerte principal es de quince mil pesos, lo que es menor de la cuantía que establece el artículo 1339 del Código de Comercio -quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y tres centavos, por concepto de suerte principal-. Como se indicó, el acto reclamado consiste en el auto de veintidós de octubre del dos mil quince, pronunciado por la Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, que contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; es decir, el que corresponde al auto de exequendo. Ahora, tomando en consideración que contra la sentencia definitiva del juicio de origen no es procedente el recurso de apelación, el acto reclamado tampoco puede ser apelable. Esto, porque los autos intraprocesales, como se expuso, únicamente pueden ser apelables cuando lo sea la sentencia definitiva; además, se reitera, por la cuantía del negocio dicho recurso es improcedente. Entonces, al no ser apelable el acto reclamado, es procedente contra él el recurso de revocación en el juicio de origen, pues como se consideró, constituye el medio de impugnación genérico en los juicios mercantiles. Por tanto, el quejoso, al ser parte en el juicio natural (codemandado), debió agotar el recurso citado previamente a la presentación demanda el amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 12/2016 (10a.), resultado de la contradicción de tesis 146/2015, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 979, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, resolvió lo siguiente: JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente. Esto es, la procedencia del recurso de apelación contra el auto de exequendo dictado en juicio ejecutivo mercantil cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, por lo cual, conforme a las razones expuestas, en el caso, era necesario que previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso agotara el recurso de revocación, procedente en razón de la cuantía. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintidós de octubre de dos mil quince, pronunciado por la Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, que contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JOSÉ PÉREZ CORREA contra los actos que reclamó de las autoridades responsables; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LICENCIADA MARÍA DE JESÚS CRISTINA DEL RÍO MENDOZA, ENDOSATARIA EN PROCURACIÓN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA CAJA REAL DEL POTOSÍ, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL JORGE ANTONIO JASSO NÚÑEZ, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y DE IGUAL FORMA, SE LE TIENE POR DEBIDAMENTE EMPLAZADA AL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: En veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con dos oficios registrados con los números 11951, 11960, 11975 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguense a los autos los oficios de cuenta para que obren como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital y Jefe de la Central de Actuarios del distrito judicial de la capital; con su contenido dese vista al quejoso para que se imponga de los mismos y manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la autoridad citada en primer término las constancias que adjunta, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 824/2015 y cuadernillo relativo a la excepción procesal de falta de personalidad de la parte actora, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Por otra parte, toda vez que en el auto admisorio se reservó ordenar el emplazamiento de la persona a quien pudiera resultarle el carácter de tercero interesado, para cuando obrara el informe justificado del juez responsable, y como esto ya aconteció se acuerda: Atendiendo a que el juicio ejecutivo mercantil 824/2015 fue promovido por la licenciada María de Jesús Cristina del Río Mendoza, como endosataria en procuración de la persona moral denominada Caja Real del Potosí, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su Director General Jorge Antonio Jasso Núñez, contra el aquí quejoso y codemandadas; conforme a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, a la citada empresa le resulta el carácter de tercero interesada; por lo cual, se ordena su emplazamiento. Consecuentemente, atendiendo a que la mencionada como endosataria en procuración en su escrito de demanda con que se formó el referido expediente, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Ignacio Rayón número 903, interior 6, Colonia Centro de esta ciudad; se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a fin de que se constituya en el indicado domicilio, y con una copia de la demanda proceda a realizar su emplazamiento, haciéndole saber que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintidós de julio del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo la requiera para que dentro del término de tres días señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las posteriores, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. De igual forma, en la respectiva diligencia le dará vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital y Jefe de la Central de Actuarios del distrito judicial de la capital, para que se imponga de los mismos y manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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