Jose Pahua Ramirez
Expediente 757/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Pahua Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil dieciocho. Como de autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se negó el amparo y protección de la justicia federal, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de quince de mayo de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a -; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Notifíquese.
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 757/2017; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
- Principal
Como de autos se advierte que no ha sido emplazado a juicio el tercero interesado - en virtud de que transcurre el término de la publicación de los edictos respectivos en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. En apoyo a lo anterior, es de invocar la tesis con número de registro 169889, aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 2364, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL TÉRMINO PARA QUE COMPAREZCA A JUICIO DEBE COMPUTARSE EN DÍAS HÁBILES. Conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, para el caso de que deba emplazarse al tercero perjudicado y se desconozca su domicilio, el Juez Federal debe ordenar la primera notificación por medio de edictos, la que se practicará conforme al precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual determina que el plazo de treinta días que aquél tiene para comparecer a juicio, se contará a partir del día siguiente al de la última publicación. Ahora bien, para determinar si dicho plazo se computa en días naturales o hábiles, debe recurrirse al artículo 24, fracción II, en relación con el diverso numeral 23, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, respectivamente, que en el juicio de amparo los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles (salvo los términos relativos al incidente de suspensión, que se contarán de momento a momento), y que son hábiles para la sustanciación de dicho juicio, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, entre otros que se precisan; consecuentemente, el término para que el tercero perjudicado comparezca al juicio de garantías, debe computarse en días hábiles."
Quedan 4 actuaciones en este expediente
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