Jose Padilla Alegre

Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Padilla Alegre

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de julio del año en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno... Vista la demanda de amparo promovida por ..., por su propio derecho, contra actos de la H. Mesa Directiva del Pleno de la LXXXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-688/2021-1. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La publicación del acuerdo número 656 mismo que contiene la convocatoria pública y todos sus efectos de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dirigida a profesionistas de derecho con aspiraciones a ocupar el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, la cual tilda de inconstitucional, discriminatorio e inconvencional al señalar como edad máxima de sesenta y cinco años, ni menos de treinta y cinco al día de la elección. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro:DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA En el caso concreto, este Juzgador Federal considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de?la Ley de Amparo, que prevén Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.)? XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ? Artículo 107.?El amparo indirecto procede (.)? II.?Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De las disposiciones señaladas, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo. En ese tenor, si la promovente tilda de inconstitucional, discriminatorio e inconvencional, la publicación del acuerdo número 656 mismo que contiene la convocatoria pública y todos sus efectos de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dirigida a profesionistas de derecho con aspiraciones a ocupar el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, al señalar como edad máxima de sesenta y cinco años, ni menos de treinta y cinco al día de la elección, dichos actos son parte de un procedimiento administrativo, entonces el acto que es reclamable en el Juicio de Amparo concluye con ese acto administrativo y/o violaciones dentro del mismo. En efecto, del contenido de la demanda de garantías y anexos que acompaña, se advierte que del apartado Bases en los puntos Tercero, Cuarto, "Quinto" y Séptimo de la Convocatoria para la elección de Magistrado o Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, señala lo siguiente: .TERCERA. La solicitud de registro y la documentación a la que refiere la base segunda se recibirán en la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante los dos días hábiles inmediatos siguientes al día de la publicación del presente Acuerdo en la página de internet del Congreso del Estado, conforme a la Base Sexta de la presente Convocatoria. Dicha oficina está ubicada en ... en el horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas, cumpliendo con las medidas de seguridad que disponga la Presidencia de la Mesa Directiva y que sean requeridas previo acceso al Congreso del Estado. CUARTA. La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado acusará cada solicitud de registro especificando la documentación que se acompañe. No se aceptará documentación fuera del plazo señalado en la base tercera. La Presidencia de la Mesa Directiva se auxiliará de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, para la conformación de los expedientes respectivos. QUINTA. Agotado el plazo para el registro, la Presidencia de la Mesa Directiva remitirá de inmediato los expedientes a las comisiones unidas de Justicia y Gobernación para que verifiquen los documentos recibidos. Concluida la verificación, las comisiones unidas llamarán a comparecer a los aspirantes por emdio de sus correos electrónicos o por teléfono. Las comparecencias se realizarán vía virtual y se transmitirán en vivo a través de la página de internet del Congreso del Estado. .SÉPTIMA. Las Comisiones de Justicia de Gobernación deberán rendir un dictamen ante el Pleno Legislativo con la terna de aspirantes que cumplan con los requisitos y que resulten idóneos para ocupar el cargo de Titular de la Cuarta Sala Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Resultará electo quien obtenga el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. De lo anterior, es claro, que no le causa ningún perjuicio, pues al momento de la presentación de la demanda, la convocatoria se encuentra en la etapa de recepción de documentos lo cual no ha realizado posteriormente, que, de no ser aceptada su solicitud, se realizará la publicación correspondiente de las personas que cubran los requisitos de tal convocatoria, para ocupar el cargo de Titular de la Cuarta Sala Administrativa Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Por tanto, sería que no apareciera en esa lista por no cumplir con los requisitos, el acto jurídico que otorgara legitimidad y sustento al quejoso para generar la titularidad de un derecho en su esfera legal individual. Lo anterior, pues estaría siendo partícipe de una convocatoria organizada por un ente del Estado Mexicano, que la expidió en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, de ahí que la misma debe ajustarse al orden jurídico aplicable y, por ello, es susceptible que el quejoso pueda impugnar ese acto en la vía constitucional al considerar que se violenta un derecho fundamental de su individualidad. De lo contrario, esto es, de no ocurrir la publicación de la lista de los solicitantes que cubren los requisitos de la convocatoria, no se incorpora en la esfera del peticionario algún derecho o título para cuestionar una convocatoria que fue lanzada de forma general a los ciudadanos del Estado de Michoacán, y que por sí sola no crea, modifica, transforma o extingue una prerrogativa protegida por el orden jurídico constitucional. Es oportuno destacar que en esta acción de amparo se impugna la inconstitucionalidad de la publicación y contenido de la convocatoria y no la negativa de inscripción o rechazo de registro que eventualmente pudo atribuirse a la autoridad responsable. En efecto, como se advierte de la referida convocatoria, existe un procedimiento que se realiza a través de una serie de actos que tienen su inicial orientación en la propuesta de una terna que posteriormente es sometida a la aprobación y designación de manera definitiva y autónoma por parte del Congreso del Estado, cuya decisión constituye la resolución definitiva en dicho procedimiento. Lo cual pone de manifiesto que en tanto no se haga la designación definitiva de ese titular, no puede reputarse que el procedimiento ha concluido -pues se trata de actos intermedios, actos meramente procesales- ya que el Congreso del Estado se encuentra en aptitud de designar a quien deba ocupar el cargo de la titularidad mencionada, puesto que se trata de una decisión soberana y discrecional en la designación de funcionarios o servidores públicos, de ahí que, en efecto, la sola designación de la terna reclamada al Congreso no es un acto definitivo de ese procedimiento, sino intermedio. Máxime, que como el propio quejoso lo refiere, bajo protesta de decir verdad, a la fecha de presentación de su demanda de amparo, no existe designación de quien deba ocupar el cargo por parte del Congreso del Estado, de ahí que, no se ha dictado la resolución con la que culmina el procedimiento de la convocatoria para ocupar la titularidad de la Cuarta Sala Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, por lo que, hasta en tanto no ocurra lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 22/2003, Segunda Sala, visible a foja 196, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, abril de 2003, Pleno y Salas, Novena Época, del rubro siguiente: PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión procedimiento en forma de juicio, comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Máxime, existe criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, en los que se confiere al Congreso de la entidad la facultad para nombrar o elegir la designación de un titular de un órgano técnico, en los cuales ha reiterado que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 18/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época, visible en la página 1168, con número de registro 2003230, de rubro siguiente: AUDITORÍA SUPERIOR ESTATAL. LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE ESE ÓRGANO TÉCNICO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE (ESTADOS DE JALISCO Y OAXACA). La facultad exclusiva que la Constitución, leyes y reglamentos de los Estados de Jalisco y Oaxaca, en concordancia con el artículo 116, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confieren al Congreso de la entidad para nombrar o elegir al auditor superior estatal, debe ejercerla con estricto apego a las reglas del procedimiento establecidas en la normatividad aplicable, que imponen a las Comisiones competentes la obligación de expedir la convocatoria respectiva, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (relacionados con la ciudadanía, residencia, edad, profesión, experiencia profesional, no antecedentes penales, etcétera), evaluar a cada uno de los aspirantes y emitir un dictamen que contenga las ternas de candidatos, de las cuales el Congreso local elegirá al auditor superior del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes decisiones éstas que deben ceñirse a las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación para dar certeza a la sociedad de la legalidad del procedimiento sustanciado y de que la persona designada reúne el mejor perfil y es idóneo para desempeñar la función de fiscalización. Por tanto, al tratarse de una atribución reglada, es inconcuso que el reclamo de dichos actos en el juicio de amparo no actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, incluyendo la de su fracción VIII, esto es, contra resoluciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios con la salvedad de que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución. Ante este panorama, es inconcusa la actualización de la causal de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, y 112, todos de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por notoria e indudable improcedencia. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, se tiene a la promovente por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su líbelo constitucional asimismo, según constancia secretarial de cuenta, se advierte que proporciona el usuario ...- a fin de que tenga acceso al expediente electrónico, de igual manera, el correo electrónico ... en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario citado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que el promovente tenga acceso al expediente electrónico de igual manera, por proporcionando la cuenta de correo electrónico y número telefónico en cita para que este órgano jurisdiccional establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estime necesario. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintiuno. Como según constancia secretarial de cuenta, el auto de veintiocho de julio del año en curso, pronunciado dentro del presente asunto, no se listo y publicó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se ordena realiza en esta data. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por su propio derecho, contra actos de la H. Mesa Directiva del Pleno de la LXXXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-688/2021-1. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La publicación del acuerdo número 656 mismo que contiene la convocatoria pública y todos sus efectos de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dirigida a profesionistas de derecho con aspiraciones a ocupar el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, la cual tilda de inconstitucional, discriminatorio e inconvencional al señalar como edad máxima de sesenta y cinco años, ni menos de treinta y cinco al día de la elección. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro:DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA En el caso concreto, este Juzgador Federal considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de?la Ley de Amparo, que prevén Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.)? XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ? Artículo 107.?El amparo indirecto procede (.)? II.?Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De las disposiciones señaladas, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo. En ese tenor, si la promovente tilda de inconstitucional, discriminatorio e inconvencional, la publicación del acuerdo número 656 mismo que contiene la convocatoria pública y todos sus efectos de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dirigida a profesionistas de derecho con aspiraciones a ocupar el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, al señalar como edad máxima de sesenta y cinco años, ni menos de treinta y cinco al día de la elección, dichos actos son parte de un procedimiento administrativo, entonces el acto que es reclamable en el Juicio de Amparo concluye con ese acto administrativo y/o violaciones dentro del mismo. En efecto, del contenido de la demanda de garantías y anexos que acompaña, se advierte que del apartado Bases en los puntos Tercero, Cuarto, "Quinto" y Séptimo de la Convocatoria para la elección de Magistrado o Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, señala lo siguiente: .TERCERA. La solicitud de registro y la documentación a la que refiere la base segunda se recibirán en la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante los dos días hábiles inmediatos siguientes al día de la publicación del presente Acuerdo en la página de internet del Congreso del Estado, conforme a la Base Sexta de la presente Convocatoria. Dicha oficina está ubicada en ... en el horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas, cumpliendo con las medidas de seguridad que disponga la Presidencia de la Mesa Directiva y que sean requeridas previo acceso al Congreso del Estado. CUARTA. La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado acusará cada solicitud de registro especificando la documentación que se acompañe. No se aceptará documentación fuera del plazo señalado en la base tercera. La Presidencia de la Mesa Directiva se auxiliará de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, para la conformación de los expedientes respectivos. QUINTA. Agotado el plazo para el registro, la Presidencia de la Mesa Directiva remitirá de inmediato los expedientes a las comisiones unidas de Justicia y Gobernación para que verifiquen los documentos recibidos. Concluida la verificación, las comisiones unidas llamarán a comparecer a los aspirantes por emdio de sus correos electrónicos o por teléfono. Las comparecencias se realizarán vía virtual y se transmitirán en vivo a través de la página de internet del Congreso del Estado. .SÉPTIMA. Las Comisiones de Justicia de Gobernación deberán rendir un dictamen ante el Pleno Legislativo con la terna de aspirantes que cumplan con los requisitos y que resulten idóneos para ocupar el cargo de Titular de la Cuarta Sala Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Resultará electo quien obtenga el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. De lo anterior, es claro, que no le causa ningún perjuicio, pues al momento de la presentación de la demanda, la convocatoria se encuentra en la etapa de recepción de documentos lo cual no ha realizado posteriormente, que, de no ser aceptada su solicitud, se realizará la publicación correspondiente de las personas que cubran los requisitos de tal convocatoria, para ocupar el cargo de Titular de la Cuarta Sala Administrativa Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Por tanto, sería que no apareciera en esa lista por no cumplir con los requisitos, el acto jurídico que otorgara legitimidad y sustento al quejoso para generar la titularidad de un derecho en su esfera legal individual. Lo anterior, pues estaría siendo partícipe de una convocatoria organizada por un ente del Estado Mexicano, que la expidió en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, de ahí que la misma debe ajustarse al orden jurídico aplicable y, por ello, es susceptible que el quejoso pueda impugnar ese acto en la vía constitucional al considerar que se violenta un derecho fundamental de su individualidad. De lo contrario, esto es, de no ocurrir la publicación de la lista de los solicitantes que cubren los requisitos de la convocatoria, no se incorpora en la esfera del peticionario algún derecho o título para cuestionar una convocatoria que fue lanzada de forma general a los ciudadanos del Estado de Michoacán, y que por sí sola no crea, modifica, transforma o extingue una prerrogativa protegida por el orden jurídico constitucional. Es oportuno destacar que en esta acción de amparo se impugna la inconstitucionalidad de la publicación y contenido de la convocatoria y no la negativa de inscripción o rechazo de registro que eventualmente pudo atribuirse a la autoridad responsable. En efecto, como se advierte de la referida convocatoria, existe un procedimiento que se realiza a través de una serie de actos que tienen su inicial orientación en la propuesta de una terna que posteriormente es sometida a la aprobación y designación de manera definitiva y autónoma por parte del Congreso del Estado, cuya decisión constituye la resolución definitiva en dicho procedimiento. Lo cual pone de manifiesto que en tanto no se haga la designación definitiva de ese titular, no puede reputarse que el procedimiento ha concluido -pues se trata de actos intermedios, actos meramente procesales- ya que el Congreso del Estado se encuentra en aptitud de designar a quien deba ocupar el cargo de la titularidad mencionada, puesto que se trata de una decisión soberana y discrecional en la designación de funcionarios o servidores públicos, de ahí que, en efecto, la sola designación de la terna reclamada al Congreso no es un acto definitivo de ese procedimiento, sino intermedio. Máxime, que como el propio quejoso lo refiere, bajo protesta de decir verdad, a la fecha de presentación de su demanda de amparo, no existe designación de quien deba ocupar el cargo por parte del Congreso del Estado, de ahí que, no se ha dictado la resolución con la que culmina el procedimiento de la convocatoria para ocupar la titularidad de la Cuarta Sala Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, por lo que, hasta en tanto no ocurra lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 22/2003, Segunda Sala, visible a foja 196, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, abril de 2003, Pleno y Salas, Novena Época, del rubro siguiente: PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión procedimiento en forma de juicio, comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Máxime, existe criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, en los que se confiere al Congreso de la entidad la facultad para nombrar o elegir la designación de un titular de un órgano técnico, en los cuales ha reiterado que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 18/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época, visible en la página 1168, con número de registro 2003230, de rubro siguiente: AUDITORÍA SUPERIOR ESTATAL. LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE ESE ÓRGANO TÉCNICO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE (ESTADOS DE JALISCO Y OAXACA). La facultad exclusiva que la Constitución, leyes y reglamentos de los Estados de Jalisco y Oaxaca, en concordancia con el artículo 116, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confieren al Congreso de la entidad para nombrar o elegir al auditor superior estatal, debe ejercerla con estricto apego a las reglas del procedimiento establecidas en la normatividad aplicable, que imponen a las Comisiones competentes la obligación de expedir la convocatoria respectiva, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (relacionados con la ciudadanía, residencia, edad, profesión, experiencia profesional, no antecedentes penales, etcétera), evaluar a cada uno de los aspirantes y emitir un dictamen que contenga las ternas de candidatos, de las cuales el Congreso local elegirá al auditor superior del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes decisiones éstas que deben ceñirse a las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación para dar certeza a la sociedad de la legalidad del procedimiento sustanciado y de que la persona designada reúne el mejor perfil y es idóneo para desempeñar la función de fiscalización. Por tanto, al tratarse de una atribución reglada, es inconcuso que el reclamo de dichos actos en el juicio de amparo no actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, incluyendo la de su fracción VIII, esto es, contra resoluciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios con la salvedad de que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución. Ante este panorama, es inconcusa la actualización de la causal de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, y 112, todos de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por notoria e indudable improcedencia. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, se tiene a la promovente por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su líbelo constitucional asimismo, según constancia secretarial de cuenta, se advierte que proporciona el usuario ...- a fin de que tenga acceso al expediente electrónico, de igual manera, el correo electrónico ... en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario citado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que el promovente tenga acceso al expediente electrónico de igual manera, por proporcionando la cuenta de correo electrónico y número telefónico en cita para que este órgano jurisdiccional establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estime necesario. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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