José Pablo Vargas Caballero
Expediente 666/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Pablo Vargas Caballero
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del ocho de octubre del año que transcurre, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos), Estado de México; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 666/2020-I. El acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de realizar los trámites administrativos para gestionar el pago de la multa por el equivalente a seiscientas cincuenta jornadas no remuneradas a favor de la comunidad; como lo ordenó la juez de ejecución en el oficio del veintiséis de abril de dos mil dieciséis. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad, pues ese acto es susceptible de resolverse mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a las situaciones vinculadas con sus condiciones de internamiento. En efecto del contenido de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, los derechos atinentes a las condiciones de internamiento. Ahora, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar los derechos atinentes a las condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Lo anterior, pues si bien el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, lo cierto es que deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 constitucional. Es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que conforme a los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Entonces, queda en evidencia que el acto combatido en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no pueden ser combatidos en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede resolver las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa, mediante solicitud al director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable -como acontece en la especie-, acudir ante el Juez de Ejecución o de Control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1701, del Libro 61, página 230, diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, cuyo rubro es el siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista electrónica que se publica por este juzgado. Respecto a las persona que refiere, se les tiene por autorizadas para los efectos que indica. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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