José Ortíz Gomez
Expediente 579/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Ortíz Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez Estado de México veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Téngase al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, acusando recibo de las constancias que se le devolvieron mediante el oficio 14331/2021. Por otra parte, visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y mediante lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez Estado de México doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiséis de julio del año en curso, en la que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Ortiz Gómez, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Finalmente, se considera innecesaria la retención de las constancias que remitió la Jueza Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, México, en apoyo a su informe justificado integradas en un tomo de pruebas, así como dos discos compactos en formato DVD, por tanto, devuélvasele a dicha autoridad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y mediante lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 579/2021-II; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, *******************, por conducto de su apoderado legal **********************, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en sesión de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia para conocer de la misma y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales Juzgados. III. Mediante proveído del veintidós de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno, tocó conocer de la referida demanda, se avocó al conocimiento de ésta registrándola bajo el número 579/2021-II, admitiéndola a trámite, sin necesidad de requerir informe justificado dado que ya obraba en autos; dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; tuvo por emplazada a la tercero interesada **************************; finalmente, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclaman actos de naturaleza civil atribuidos a una autoridad jurisdiccional en esa materia cuya residencia se encuentra dentro de la demarcación territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: - El indebido desarrollo de la segunda audiencia de avenencia señalada para las trece horas del día diecinueve de octubre de dos mil veinte, llevada a cabo dentro del expediente 503/2020. - La imposición de la Custodia de menores en favor de la madre. - La sentencia dictada en dicha audiencia de avenencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte y su ejecución. TERCERO. La Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan, México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto, lo que se corrobora con las constancias relativas al procedimiento especial de divorció encausado con número 503/2020, juicio que remitió en apoyo a dicho informe; las cuales revisten valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no habiendo causas de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertida de oficio por el suscrito, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En ese sentido, la parte quejosa aduce en los conceptos de violación primero y tercero, que los actos reclamados violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se emitieron conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en tanto que la audiencia de segunda avenencia llevada a cabo el diecinueve de octubre de dos mil veinte, no se llevó conforme a lo que dispone el artículo 2.376 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, pues dicha audiencia no dio inicio o al menos esa parte no fue grabada, dado que la secretaria auxiliar de viva voz expuso al inicio de la grabación que en ese momento eran las catorce horas con dieciocho minutos de esa fecha, de modo que la audiencia inició con posterioridad a la hora fijada (trece horas del diecinueve de octubre de dos mil veinte), lo cual es contrario a lo establecido en el citado numeral, con lo que se vulnera el debido proceso. Tampoco se aprecia que la juez haya tratado de conciliar a las partes para continuar con el matrimonio y no se otorgó el uso de la voz para discutir los términos de los convenios propuestos por cada una de las partes, pues se limitó a preguntar si era posible una reconciliación, pero como las partes manifestaron su negativa, dio por terminada la conciliación, sin que haya tratado de conciliar a las partes, no obstante que la juez de origen haya manifestado que previamente existió una plática con las partes. La juez responsable se limitó a otorgar el uso de la voz al defensor de la aquí tercero interesada, quien detalló las cuestiones referentes a la custodia, los alimentos y su garantía, las convivencias entre las partes y sus menores hijos, dejando a salvo los derechos respecto de la compensación que solicitó la promovente del divorcio encausado, lo que denota que la juez responsable no analizó las propuestas de convenio, que realizaron las partes, especialmente las que propuso el aquí quejoso relativas a la custodia compartida y a la patria potestad; y menos permitió modificar o adicionar las cláusulas del convenio, ya que no pregunto a los divorciantes si querían hacerlo. La juez de origen no solicitó a las partes manifestar si se encontraban de acuerdo con los términos del convenio, con lo que se contraviene el segundo párrafo del artículo 2.376 del Código Procesal Civil para el Estado de México y tampoco pregunto si los divorciantes tenían alguna observación, por lo que en esas circunstancias no se debió aprobar el convenio, sobre todo por la custodia que tiene que ver con sus menores hijos, por lo que debió proceder de conformidad con el artículo 5.56 de citado código, esto es, ordenando oficiosamente el desahogo de las pruebas periciales en materia de psicología familiar y trabajo social, al controvertirse derechos de menores, los cuales deben anteponerse ante cualquier otro interés. La juez responsable incumplió con el deber de ajustar su actuar a los principios de unidad y concentración, ya que no mencionó que respecto a la custodia de los menores existían dos propuestas, pues la tercero interesada quería obtenerla al cien por ciento, mientras que el quejoso planteó que fuera compartida, sin que se advierta como es que las partes llegaron a un acuerdo en ese tópico. En el segundo concepto de violación, el quejoso aduce que la sentencia reclamada contraviene el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ya que en el convenio propuesto por el quejoso al contestar la instancia de divorcio incausado se planteó que la patria potestad fuere ejercida por ambos, aspecto sobre el cual no se ocupó la juzgadora responsable tal como se advierte del audio y video relativo a la segunda audiencia de avenencia ni al emitir la sentencia. Son infundados los conceptos de violación. En efecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En ese sentido, el capítulo IX, del Título Sexto, denominado "Procedimientos Especiales", del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, estatuye el trámite del Divorcio Incausado, como se advierte a continuación: "Artículo 2.373. La solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo motive, debiendo acompañar: I. Acta de matrimonio en copia certificada; II. Acta de nacimiento de los hijos, en copia certificada; y III. Propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener: a) La designación sobre la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre y el domicilio donde vivirán. b) El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no ejercerá la guarda y custodia de los menores; c) La designación del cónyuge que seguirá habitando, en su caso, el domicilio donde se haga vida en común; d) La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al Juez fijar la pensión propuesta, así como la garantía para asegurar su cumplimiento. La cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la cónyuge, el cónyuge deberá proporcionarlos de por vida. La cónyuge que no tenga hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. El cónyuge que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario. e) La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, después de decretado el divorcio; y f) Tratándose del régimen de separación de bienes, la forma de repartir los bienes adquiridos durante el matrimonio, en los términos previstos por el artículo 4.46 del Código Civil del Estado. En la solicitud, se podrá pedir la aplicación de medidas precautorias, acompañando en su caso, la documentación que se estime necesaria. Se exhibirá copia de la solicitud y documentos exhibidos para traslado." "Artículo 2.374.- Presentada la solicitud, de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces. Además, se señalará día y hora para una audiencia de avenencia que tendrá verificativo después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la notificación del propio auto." "Artículo 2.376.- En la audiencia de avenencia el juez tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio, no habiéndose obtenido la conciliación, citará a una segunda audiencia con el mismo propósito, en un término de tres días, y si en esta segunda audiencia de conciliación no se logra avenir a las partes, continuará la misma y el juez las escuchará sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados. De manifestar su conformidad con los términos del convenio y, de no haber observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará a la categoría de cosa juzgada, decretando la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal. La aprobación del convenio podrá ser sólo sobre los puntos en que haya consenso, respecto de los restantes se procederá conforme al precepto legal siguiente." "Artículo 2.377.- De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se resuelva en definitiva. En la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. Se otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes. Con los escritos que presenten las partes, se les dará vista para que manifiesten lo que a su interés convenga, opongan defensas y excepciones y ofrezca los medios de prueba respectivos, por un plazo de cinco días." "Artículo 2.378.- De no formularse pretensión alguna, o transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el juez citará a las partes a la audiencia inicial a que se refiere el artículo 5.50 de este Código, que tendrá verificativo dentro de los cinco días siguientes. El procedimiento continuará conforme a las reglas del Libro Quinto de este Código." De dichos preceptos legales, se obtienen las siguientes premisas: - En la solicitud de divorcio (escrito inicial del procedimiento especial), el cónyuge promovente debe acompañar -como requisito de su petición-, propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, entendiéndose como una de tales consecuencias, lo respectivo al tema de alimentos, en el caso, del cónyuge a quien deban proporcionarse. - En dicha solicitud inicial, el cónyuge promovente puede pedir la aplicación de medidas precautorias (ejemplo: pensión alimenticia provisional), respecto de las cuales el juez debe pronunciarse en el auto inicial. - En la resolución de disolución del vínculo matrimonial, las partes tienen la potestad de aprobar los puntos del convenio propuesto en que haya consenso. - En la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre ellas -se entiende- las referentes a alimentos; y, se otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que -conforme a los requisitos de una demanda-, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes. - De no formularse pretensión alguna, o transcurrido el plazo de cinco días concedido a ambas partes, el juez citará a la audiencia inicial y, el procedimiento continuará conforme a las reglas del Libro Quinto del Código de procedimientos Civiles del Estado de México. En ese orden de ideas, del análisis de la segunda audiencia de avenencia tanto escrita como la que obra en el disco compacto que envió la autoridad responsable en apoyo a su informe se advierte que formalmente se inició a las catorce horas con diecisiete minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte (00:00:05 a 00:10 segundos, del CD); se hizo saber a las partes el motivo de la audiencia, cuya finalidad era conminarlos a una reconciliación, manifestando las partes que no era su deseo conciliar (00:02:05 a 00:02:11 minutos del cd). Acto seguido, la juez mencionó a las partes, que previo al inicio de la audiencia se tuvo una plática con los divorciantes a fin de conminarlos a que llegaran a un acuerdo, lo cual resultó satisfactorio, por lo que concedió el uso de la voz a uno de los abogados de las partes tomando la palabra el defensor de la actora, manifestando que su clienta y su contraparte llegaron a convenio en relación con la guardia y custodia de los menores hijos y el régimen de visitas o convivencias, pensión alimenticia, a lo que la actora y el aquí quejoso manifestaron su conformidad (minuto 04:13 del cd), por lo que al haberse sometido las partes a dicho convenio, la juez mencionó que al cumplir con los requisitos de ley y no contener clausulas contrarias a derecho, a la moral y apegadas las buenas costumbres y al estar garantizados los derechos de los menores, se aprobó el convenio y se hizo saber a los divorciantes que debían estar y pasar por él como se si se tratase de sentencia ejecutoriada (minutos 11:50 a 11:57 del cd) y acto seguido se dictó sentencia en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial. En ese orden de ideas, debe negarse el amparo solicitado por el quejoso, pues el hecho de que se haya iniciado la segunda audiencia de avenencia a las (catorce horas con diecisiete minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte) y no a la hora fijada (trece horas de esa fecha), resulta intrascendente, pues está acreditado que el ahora quejoso estuvo presente durante todo el desarrollo de la mencionada audiencia, asimismo, no se advierte que se hayan llevado actuaciones o emitido determinaciones sin su presencia, pues del análisis de la audiencia cuestionada se advierte que estuvo presente durante su desarrollo y asesorado por su defensor en todo momento, tampoco se observa que se le haya coartado su derecho de manifestarse en su defensa, por lo que no quedó en estado de indefensión y, por ende, no se transgredió el artículo 14 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el numeral 2.376 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en tanto que la audiencia se llevó conforme a lo que establece este último dispositivo. En ese contexto, no asiste razón a la parte quejosa en cuanto aduce que la juez no conminó a las partes a una posible conciliación y que no analizó las propuestas que las partes plantearon en su convenio respectivamente, pues como se mencionó, de la audiencia se advierte que ésta se llevó conforme a lo establecido en el citado numeral del mencionado código procesal; y al margen de las propuestas contenidas en los convenios que presentaron las partes, lo cierto es que existe un conceso elevado a categoría de cosa juzgada en el que las partes pactaron las condiciones en que habrían de quedar las cuestiones relativas a la guardia y custodia y alimentos, entre otras cosas, por lo que contrario a lo que adecue el quejoso, la juez si preguntó a las partes si estaban de acuerdo con el convenio, manifestando ambos en sentido afirmativo, de ahí lo infundado de los argumentos del peticionario de amparo; y en todo caso, el ahora quejoso tenía su derecho para manifestar alguna inconformidad con el convenio, lo cual no hizo, lo que se presupone que en todo caso estuvo conforme. Luego, resultaba innecesario que la juez hiciera algún pronunciamiento en términos del artículo 5.56 del Código Procesal Civil para el Estado de México, esto es, ordenar oficiosamente la práctica de pruebas periciales en psicología familiar y trabajo social, o bien, analizar las propuestas expresadas por ambos en su respectivo convenio, cuenta habida que la forma en que se debía ejercer la guarda y custodia por ambas partes y el régimen de convivencia no derivó de una decisión emitida de manera unilateral por la juez responsable, sino que fue motivada por el consenso de las partes. Por otra parte, también es infundado el segundo concepto de violación, pues se reitera al margen de las propuestas que presentaron las partes en el procedimiento especial de divorció incausado, lo cierto es que estas se sometieron a un convenió en el que pactaron derechos y obligaciones que no forzosamente fueron aquellas propuestas planteadas en sus respectivos convenios, sino que fue aquel que fue sometido a potestad de la juzgadora responsable para que lo elevara a categoría de cosa juzgada, dentro del cual se encuentra lo relativo a la guardia y custodia; sin que fuera objeto y materia de controversia lo relativo a la patria potestad, de ese modo si en cuanto al primer tema existió consenso (guardia y custodia) y respecto del segundo tópico (patria potestad) no existió controversia, entonces no existía obligación por parte de la juez responsable de pronunciarse al respecto en la sentencia que determinó la disolución del vinculo matrimonial, pues debe entenderse que al haber consensó en la guardia y custodia, las partes quedaron conformes y respecto de la patria potestad al no existir controversia debe asumirse que ambos padres conservan ese derecho. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por el quejoso ****************, por los motivos expuestos. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L VE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************* por los motivos expuesto en último considerando de la ésta resolución. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y mediante lista electrónica a la tercero interesada. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el día de hoy veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por emplazada a juicio a la tercero interesada ***********************, una vez que transcurra el término concedido en auto del veintidós de junio del año en curso, provéase lo conducente respecto del domicilio procesal de la citada tercero. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y mediante lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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