José Pablo Paredes Padilla
Expediente 416/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Pablo Paredes Padilla
Actuaciones
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger las documentales que exhibió con su escrito de demanda, apercibido que de no hacerlo, en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el términ , procédase a la destrucción del presente expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En efecto, en el caso opera la hipótesis prevista, que establece la improcedencia del juicio de constitucional tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. En ese contexto, en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, que declara improcedente y desecha el recurso de queja presentado por el quejoso en contra de la interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, que recayó al incidente penal en negocios civiles promovido en el expediente de origen ***, procede el recurso de revocación. Luego, si el acto reclamado en el presente juicio, lo es, la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, que declara improcedente y desecha el recurso de queja presentado por el quejoso en contra de la interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, que recayó al incidente penal en negocios civiles promovido en el expediente de origen ***; es evidente que, en su contra procede el recurso de revocación. En consecuencia, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, primero debió promover el recurso de revocación contra el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, que declara improcedente y desecha el recurso de queja presentado en contra de la interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, que recayó al incidente penal en negocios civiles promovido en el expediente de origen *** del índice de la autoridad ejecutora responsable. En las relatadas condiciones, al no haber agotado tal medio de defensa previamente y no colmar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo procedente es desechar la demanda de derechos fundamentales. Ahora bien, es dable mencionar que en el supuesto caso de que el quejoso hubiera agotado el recurso de revocación que se ha tratado en párrafos que anteceden, la materia de la queja proviene de una resolución dictada dentro de un incidente penal en negocios civiles; caso en el cual, el juicio de amparo es improcedente, pues dicha resolución no es de imposible reparación, lo anterior es así, pues un acto de imposible reparación es aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos que tutela la Constitución Federal. Por lo que este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia, la cual se analizará de oficio. En consecuencia, en el presente asunto se actualiza de igual forma la causa de improcedencia, por lo que es procedente, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Ahora bien, toda vez que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, realícense las notificaciones personales al tercero interesado, por lista de acuerdos. Se tiene como autorizados, en términos al profesionista que refiere, por así solicitarlo expresamente.
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