José Othón Ramiro Hernández Lima

Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • José Othón Ramiro Hernández Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario y el Titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto ***, orden ***, del índice de este juzgado, por el que se solicitó notificar al quejoso ***, el auto de catorce de abril del año en curso. Atento a lo cual, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya lugar a ordenar el acuse respectivo, en virtud de que el referido sistema lo genera automáticamente. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la comunicación que en esta fecha se provee, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el referido auto de catorce de abril de la presente anualidad; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. El presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Se establece que este expediente es susceptible de depuración, ya que si bien es cierto, se desechó la demanda de amparo y no se entró al fondo del asunto, también lo es que en el auto de radicación del juicio de amparo que dio origen al sumario en que se actúa, se acordó lo relativo a la concesión de la suspensión de plano, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la comunicación de cuenta remitida electrónicamente por el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa de recibo el exhorto 102/2021/AP-J, orden 102/2021, del índice de este juzgado, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el catorce del mes que transcurre, se tuvo por devuelto el referido exhorto debidamente diligenciado.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte TERCERO INTERESADO, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  4. Principal

    Agréguese a los autos los oficios de cuenta, remitido electrónicamente por el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto 102/2021-AP-J, orden 102/2021, del índice de este juzgado, el cual fue librado a fin de notificar a ***, el auto de nueve del mes actual. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya lugar a realizar el acuse de recibo correspondiente, en virtud de que el mismo es generado por el referido sistema. Ahora bien, de las constancias que se tienen por recibidas, se aprecia que el directo quejoso ratificó el escrito de demanda presentado a su favor, atento a lo cual se provee lo siguiente: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo, promovida a favor de ***, contra actos de la Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, consistentes en: 1) El traslado fuera de procedimiento, de la penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión; 2) Reubicación del quejoso del dormitorio en el que se encuentra a uno diverso. En consecuencia de lo anterior, 3) Ataques a la libertad personal del quejoso, que ponen en riesgo grave su salud, vida e integridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 4) Discriminación por condición y; 5) Violación al principio pro hominem. En ese contexto, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. Ello en atención a que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda constitucional para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo que, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 203196 y rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa guisa, este órgano de control constitucional de oficio advierte que, por cuanto hace a los actos reclamados con los incisos 1) y 2), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional, en atención a que al reclamar una orden de traslado y el cambio de dormitorio, la ley vigente y aplicable es la referida, por tanto, la inaplicación de la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que además se refiere a la temporalidad en la promoción de la demanda de amparo y no a la excepción en la observancia del principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Como se puede ver, previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, debido a que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora, con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 18 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2001988 del rubro "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.". Ahora bien, los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 52, 107, 114, 115, 116, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: (.) II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; (.) Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (.)" "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De la transcripción de dichos artículos, en primer término, en lo que interesa, se advierte, que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si estas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. En caso de que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, como en el caso acontece. Ahora, el promovente en el presente sumario constitucional reclama la orden de traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión, así como la reubicación del dormitorio en el que se encuentra a uno diverso. Por tanto, toda vez que los diversos artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian y en particular respecto de los actos atribuidos a las autoridades administrativas, en caso, de no existir autorización judicial, deberán promover una controversia judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo acudir a esta instancia constitucional, debieron haber impugnado dicha resolución y al no haber agotado los medios ordinarios de defensa, el juicio de amparo es improcedente, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo biinstancial. Por lo que al no tener el carácter de definitivo los actos que por esta vía constitucional se combaten, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es incuestionable que éste resulta improcedente, pues los actos son impugnables en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través de la controversia judicial por tratarse de determinación administrativa, como en el caso acontece, la cual tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución en la que se ordenó el traslado o reubicación de los quejosos. Se cita en apoyo a lo antes expuesto, la tesis XXII.P.A.35 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2580, Libro 57, Tomo III, Agosto de 2018, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017652, de rubro "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". Por analogía, se invoca la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018548, de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Asimismo, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Página 258, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.". Igualmente, es de invocarse la tesis XXII.P.A.33 P (10a.), Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2582, Libro 57, agosto 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017651 de rubro "ACTOS O DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE EL SENTENCIADO COMPURGA SU PENA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IX, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SON IMPUGNABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO ANTE EL DIRECTOR DE DICHO CENTRO Y, EN CASOS URGENTES, POR CUALQUIER MEDIO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.". Sin que pase desapercibido para el suscrito, que el quejoso también reclama en el presente juicio, actos de discriminación por condición y violación al principio pro hominem. No obstante, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados destacados, toda vez que estos por sí solos no tienen tal naturaleza, sino que, en todo caso, constituyen motivos de disenso que el quejoso hace valer como resultado de la orden de traslado y del cambio de celda que reclama. Por otra parte, por cuanto hace a los actos reclamados marcados con el inciso 3, relativos a que con motivo de dicha orden de traslado y de cambio de celda, se ataca a la libertad personal del quejoso, y se pone en riesgo grave su salud, vida e integridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º de dicha ley, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". De la interpretación literal del artículo 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo solo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de derechos humanos. Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así, por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral; luego, cuando se aduce que este debe de ser "personal" se refiere a que el agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en esta, no ser abstracto ni genérico; mientras que cuando se dice que el agravio debe ser "directo" lo que se intenta es reconocer la afectación real y no de carácter simplemente subjetivo, es decir, debe ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. " Lo anterior significa, que el juicio de amparo solo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues en el caso concreto, el quejoso se duele de la posible violación a sus derechos previstos en el artículo 22 constitucional, dado que con motivo de la orden de traslado y reubicación que reclama, podrían ponerse en peligro su derecho a la salud, la vida y a la integridad; sin embargo, dichos actos, no causan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, tomando en consideración que si bien el promovente del amparo refiere que con motivo de la orden de traslado y de cambio de celda que reclama, se pondrá en riesgo grave su salud, vida e integridad, lo cierto es que tales circunstancias constituyen afectaciones futuras e inciertas, toda vez que en el caso aún no se ha llevado a cabo ningún acto en el cual se concretice las aludidas violaciones a la que se hacen referencia. Máxime que en el caso, de las constancias de autos se aprecia que la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien conoció inicialmente de la demanda constitucional, concedió al quejoso la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables, de inmediato, se abstuvieran de realizar en contra de ***, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Determinación que adquiere mayor relevancia, tomando en consideración que constituye un hecho notorio para el suscrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que el directo quejoso ***, ha promovido diversos juicios de amparo indirecto, tales como los radicados bajos los números ***, del índice del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, así como los diversos *** -este último, del cual derivó la incompetencia aceptada en el presente sumario-, todos del registro del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México. Sumarios constitucionales de los cuales se advierte que el quejoso de igual forma reclamó, entre otros, la orden de traslado fuera de la penitenciaría donde se encuentra recluido así como sus consecuencias; y que los titulares de dichos órganos jurisdiccionales, concedieron al nombrado promovente la suspensión de oficio y de plano de dichos actos. Por ende, dichos actos no podrían tener materialización alguna al encontrarse suspendidos y en virtud de que no se tiene certeza de que se lleve a cabo la orden de traslado o el cambio de celda, lo que implica que no son actuales, inminentes ni de realización cierta. En consecuencia, los aludidos actos de los cuales se duele el quejoso, en este momento no le generan una afectación de manera real y efectiva en algún derecho sustantivo. En ese tenor, resulta evidente que lo que se pretende es prevenir un acto futuro de realización incierta; siendo que, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar al juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento, ya que no afecta de manera inminente la esfera jurídica en contra de quien se dicta, pues no implica un perjuicio material, real y efectivo. Dicho de otro modo, aún es incierto que se hayan afectado los derechos referidos del quejoso, puesto que del contenido de su demanda así como de los informes rendidos por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano dictada por el homólogo federal, no se advierte que el quejoso haya sido trasladado a otro centro penitenciario, ni cambiado de celda, y mucho menos, que se hubiesen afectado de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa. Por tanto, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable las aludidas causales de improcedencia, atento a lo cual lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, en favor de ***, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; (.)" En este sentido, atento al contenido del numeral antes transcrito, las notificaciones a los quejosos privados de su libertad deben hacerse en forma personal y en cualquiera de los siguientes lugares: En el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio. En el lugar de su reclusión. En el domicilio designado para oír notificaciones. En ese contexto, dado que el quejoso ***, se encuentra interno en la Penitenciaría de la Ciudad de México, sita en Calzada Ermita Iztapalapa, sin número, Colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO le notifique personalmente al nombrado quejoso el contenido del presente proveído.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano