JOSÉ PABLO ORTEGA VICTORIA y Otros.
Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 55 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 55
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Pablo Ortega Victoria
- JOSÉ PABLO ORTEGA VICTORIA y Otros.
- LUIS ÁNGEL ORTEGA VICTORIA y Otros.
- Adriana de Lourdes Martínez Jiménez Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Region Judicial Centro, Con Sede En Puebla.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 55.
- Incidental
De conformidad con lo ordenado en esta fecha en el expediente principal del que deriva el presente incidente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente incidente de suspensión es depurable dado que fue concedida la medida cautelar definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción.
- Principal
Se advierte que ha trascurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad contra el auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, por lo que será resguardado por este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente proveído. Toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original, y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes. Una vez concluido el plazo en cita, este juzgado de Distrito depurará el presente expediente, conservando las constancias correspondientes, y en su oportunidad lo remitirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el acuerdo y manual invocado.
- Principal
Se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes mediante proveídos de cuatro y siete de enero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia en el presente juicio de amparo, dictándose sentencia constitucional el veinticinco de octubre siguiente, en cuyos puntos resolutivos se estableció: "PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos indicados y autoridades precisadas en los considerandos tercero respecto a los dos primeros quejosos y quinto de esta sentencia constitucional en relación al último quejoso, por los motivos y razones expuestos en dichos considerandos. - - - SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridades precisados en el considerando séptimo de esta sentencia, en términos y para los efectos indicados en el mismo". Mediante proveído de veinticuatro de diciembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia por la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, requiriéndose el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla Capital. Es importante precisar que la protección constitucional en el presente asunto, se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial administrativa ********************, única y exclusivamente respecto de los quejosos ******************** y ********************. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que analice si los hechos expuestos por la Fiscalía demuestran que los quejosos ejecutaron o participaron en la ejecución del hecho atribuido -probable intervención-. Por tal razón, la Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Capital -********************-, mediante oficio ******************** de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, comunicó que dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veinticinco de octubre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal ********************, única y exclusivamente respecto de los quejosos ******************** y ********************, y que una vez que el Juez de Control -nrique López Criollo- se reincorporara a sus labores, por estar gozando de su periodo vacacional, procedería a dictar la resolución correspondiente. Fue así, que por oficio ******************** de tres de enero de este año, el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Capital -********************-, remitió copia cotejada de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, constancias a las que por ser documento público se le concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Ahora, del análisis de la determinación de tres de enero de dos mil veintidós, se desprende que, el juez responsable, al verificar la materialidad del hecho con apariencia del delito que el agente del Ministerio Público citó como homicidio calificado, existen datos suficientes que permiten considerar justificados los extremos del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales para acceder a la petición de la Representación Social; sin embargo, de los actos de investigación que el agente del Ministerio Público citó como sustento de su pretensión, no halla certeza en que las personas sujetas a investigación -******************** y ********************- cometieran o participaran en su comisión; por ello, con libertad de jurisdicción, negó la orden de aprehensión en contra de ******************** y ********************, por el hecho que la ley señala como homicidio calificado, cometido en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de ********************. Por las razones en comento, este órgano de control constitucional considera que se ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, al haber restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos vulnerados, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal.
- Principal
Se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes mediante proveídos de cuatro y siete de enero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia en el presente juicio de amparo, dictándose sentencia constitucional el veinticinco de octubre siguiente, en cuyos puntos resolutivos se estableció: "PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos indicados y autoridades precisadas en los considerandos tercero respecto a los dos primeros quejosos y quinto de esta sentencia constitucional en relación al último quejoso, por los motivos y razones expuestos en dichos considerandos. - - - SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridades precisados en el considerando séptimo de esta sentencia, en términos y para los efectos indicados en el mismo". Mediante proveído de veinticuatro de diciembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia por la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, requiriéndose el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla Capital. Es importante precisar que la protección constitucional en el presente asunto, se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial administrativa ********************, única y exclusivamente respecto de los quejosos ******************** y ********************. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que analice si los hechos expuestos por la Fiscalía demuestran que los quejosos ejecutaron o participaron en la ejecución del hecho atribuido -probable intervención-. Por tal razón, la Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Capital -********************-, mediante oficio ******************** de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, comunicó que dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veinticinco de octubre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal ********************, única y exclusivamente respecto de los quejosos ******************** y ********************, y que una vez que el Juez de Control -nrique López Criollo- se reincorporara a sus labores, por estar gozando de su periodo vacacional, procedería a dictar la resolución correspondiente. Fue así, que por oficio ******************** de tres de enero de este año, el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Capital -********************-, remitió copia cotejada de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, constancias a las que por ser documento público se le concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Ahora, del análisis de la determinación de tres de enero de dos mil veintidós, se desprende que, el juez responsable, al verificar la materialidad del hecho con apariencia del delito que el agente del Ministerio Público citó como homicidio calificado, existen datos suficientes que permiten considerar justificados los extremos del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales para acceder a la petición de la Representación Social; sin embargo, de los actos de investigación que el agente del Ministerio Público citó como sustento de su pretensión, no halla certeza en que las personas sujetas a investigación -******************** y ********************- cometieran o participaran en su comisión; por ello, con libertad de jurisdicción, negó la orden de aprehensión en contra de ******************** y ********************, por el hecho que la ley señala como homicidio calificado, cometido en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de ********************. Por las razones en comento, este órgano de control constitucional considera que se ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, al haber restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos vulnerados, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal.
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