JOSÉ OSIRIS OLIVARES AYALA y Otros.
Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSÉ OSIRIS OLIVARES AYALA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en el precepto legal en cita, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años a partir del dictado de este proveído- pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Escrito de demanda signado por **. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como ***. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: **** De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Apoya a lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia ***, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Secretario de Seguridad Pública, y otras autoridades: *** En este orden de ideas, en relación a tales actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el aquí inconforme, antes de acudir en demanda de amparo, está obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: *** Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe decir que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquél que está establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. De manera tal que para que opere el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Al respecto, este juzgador estima conveniente traer a colación la Contradicción de Tesis ***, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció lo relativo a los mecanismos de defensa respecto a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad. El Máximo Tribunal definió que una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. Señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar a la autoridad penitenciaria hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Que el mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Que las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros; que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas, y en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Que igualmente, dicho mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Precisó que las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentren recluida la persona; que los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población; que el desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Señaló que en el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; que cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Por otra parte, estableció que las peticiones administrativas no urgentes deberán sustanciarse de la forma siguiente: a) Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. b) En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla; de no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. c) Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. d) Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. e) Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. f) En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. g) Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. h) La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistir de la acción, siempre que ello no implique la renuncia a un derecho fundamental. i) Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. j) Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por otra parte, que cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia, el trámite de la petición se substanciará de la siguiente forma: 1. El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. 2. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. 3. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. 4. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 5. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. De lo expuesto, es dable decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de que se trata, determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame actos, hechos u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entendidas estas como "cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación"; antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos están facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También dicho mecanismo ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda; igualmente, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Así, de las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye actualizada en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Por su lado, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichas resoluciones puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo que se colige que conforme a la Ley de Amparo, se actualiza la hipótesis relativa a resoluciones de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control, por lo que dicho mecanismo debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se estableció, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contiene un mecanismo de control -peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, los hechos, actos, u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Mecanismo que incluso dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo que se colige que previo a acudir al juicio de amparo, a reclamar, hechos, actos u omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, en el caso específico de este asunto la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla Capital a uno diverso. El quejoso privado de su libertad, debió agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Ahora, no se soslaya que el impetrante manifiesta que es procesado bajo los lineamientos del sistema mixto, y que por ello no le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución; sin embargo, de la interpretación conjunta y armónica de los artículos primero y tercero transitorios, 1° y 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los actos suscitados en relación a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la legislación en cita, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Mientras que del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que las disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. De igual forma, que conforme al artículo tercero transitorio del decreto que publicó dicha ley se estableció que a partir de su entrada en vigor quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Como también, que los procedimientos que estén en trámite a la entrada en vigor de la Ley, debían seguir sustanciándose de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, pero que a éstos debían aplicárseles los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. Maxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Comunicado de Prensa 100/2021, informó que la Primera Sala al resolver la Contradicción de Tesis 448/2019, concluyó que contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe promoverse el recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de promover juicio de amparo. En efecto, el comunicado en cita informa que, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Expuesto lo anterior, es dable concluir que si el quejoso privado de su libertad reclama cuestiones inherentes a su condición de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez correspondiente, según corresponda, Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace a los actos reclamados anteriormente descritos, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse aquél. Ahora, con fundamento en el artículo 24 de la ley de la materia, téngase como autorizados de la parte quejosa a las personas que refiere para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así haberse solicitado. ***, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa el correo electrónico que menciona en su escrito de cuenta, el cual servirá para entablar comunicación no procesal. En otro orden de ideas, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. En este orden de ideas, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: **** Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
- Principal
Oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República. Agréguese a los autos el informe con justificación rendido por la autoridad oficiante. Sin embargo, no ha lugar ordenar la vista del aludido informe en razón de lo que se resolverá a continuación. En primer lugar, se asienta que de conformidad con el artículo 48, último párrafo, de la ley de la materia, admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Y dado que (como se advierte de la certificación secretaria de cuenta y del estado procesal de autos) el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva sobre esa medida cautelar, este órgano jurisdiccional está en aptitud de pronunciarse sobre la competencia legal. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los informes con justificación, se advierte que los actos reclamados consisten en: La orden de extradición dictada en el procedimiento ******* por el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, así como el cumplimiento de la misma. La audiencia de conocimiento formal de extradición de veinte de agosto del año en curso y la imposición de la medida cautelar dentro del procedimiento de extradición ***** del índice del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur. Este Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia por razón de territorio para resolver este juicio de amparo. Es así porque la competencia para conocer del juicio de amparo contra los actos que conforman el procedimiento de extradición radica en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez instructor del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 318/2013, concluyó que es preferible concentrar en una sola jurisdicción el conocimiento de los diversos amparos que pudieran presentarse en el procedimiento de extradición -en atención a las diversas etapas que lo configuran- la cual debe coincidir con el lugar donde radique la autoridad judicial que instruye el procedimiento de extradición. En dicha ejecutoria, si bien dilucidó la competencia para resolver los juicios de amparo promovidos dentro de un procedimiento de extradición, cuando se reclama el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición del reclamado y éste se encuentra recluido en una jurisdicción diversa a la del juez instructor de dicho procedimiento, se estableció un criterio de mayor cobertura respecto de los casos que originaron la contradicción de tesis (aplicable al caso concreto). Lo anterior se advierte de la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia ***, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO." Dicho criterio es aplicable a los amparos que se presenten en las diversas etapas del procedimiento de extradición, con el objeto de conservar la unidad del procedimiento de extradición y evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias. Sentado lo anterior, como se adelantó, la materia del presente juicio de amparo está constituida fundamentalmente por la orden de extradición dictada en el procedimiento **** por el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, así como el cumplimiento de la misma. De modo que queda comprendida en el criterio antes invocado. No se deja de mencionar que el auto del juez instructor que manda cumplir la petición formal de extradición y ordena la detención del reclamado necesariamente requiere ejecución material, pues conlleva la restricción de la libertad personal de individuo en algún centro de reclusión. Lo cual si bien ya sucedió, no influye más en el presupuesto procesal en cita, al haber ya constancia de que ese proceso existe y se sigue en la ciudad de México. Luego, los efectos de una orden de detención formal con fines de extradición pueden materializarse en distintos ámbitos territoriales como son: a) el lugar donde puede localizarse a la persona contra la que se dirige la orden; b) el lugar donde se recluya al reclamado; y, c) el lugar donde se instruye el procedimiento de extradición. Sin embargo, atento a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis ***que tuvo el propósito de permitir la emisión la emisión de criterios generales, la competencia para conocer del juicio de amparo contra actos derivados del procedimiento de extradición se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez instructor del procedimiento respectivo. Además, que en las consideraciones finales plasmadas en la ejecutoria de referencia, permiten advertir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un criterio de mayor cobertura que los casos particulares que suscitaron la contradicción de tesis, por lo que dicho criterio (que privilegia concentrar en una sola jurisdicción los diversos amparos que pueden presentarse en el procedimiento de extradición) también es aplicable a otras variables. Lo anterior, es así, pues si bien es cierto que la detención del quejoso podrá ejecutarse en cualquier parte de la República Mexicana, también es cierto que la orden de detención formal con fines de extradición tendrá ejecución en el lugar donde se instruye el procedimiento de extradición. Esto es, aunque su ejecución material ocurra simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, sus efectos se trasladan directamente al procedimiento de extradición y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; es decir, ante el juez de distrito que instruye el procedimiento de extradición. Luego, si en el caso particular, la autoridad judicial instructora del procedimiento de extradición internacional iniciado contra el impetrante del amparo es el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en funciones de Juez Administrador, atento a las consideraciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis invocada, se estima suficiente para establecer que este Juzgado Federal carece de competencia legal para resolver este asunto, al no ejercer jurisdicción en aquel lugar. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, procede remitir este expediente, previa conformación del expedientillo respectivo, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, en quien se considera radica la competencia legal para resolver este juicio, con base en las consideraciones ponderadas, a quien se le solicita amablemente hacer del conocimiento de este Juzgado la determinación que tenga bien adoptar, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las trece horas con diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las responsables.
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