José Pablo Mercado Armenta
Expediente 387/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
Partes del expediente
- José Pablo Mercado Armenta
- Jorge Luis Martínez Solís
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que feneció el plazo otorgado a los promoventes en proveído de veintisiete de julio de dos mil veinte, sin que hubiese dado cumplimiento a lo requerido; en consecuencia, se tiene por precluido el derecho para hacerlo con posterioridad. En ese orden de ideas, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto de referencia, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 15 de la misma Ley, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Realícense las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el siguiente acuerdo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a trece de julio de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación con Detenido, mediante el cual rinde informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo; lo anterior con fundamento en el artículo 126 de la Ley de amparo. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que el diez de junio del año en curso, aproximadamente a las veintiún horas con veinticinco minutos fueron puestos en libertad los directamente agraviados, José Pablo Mercado Armenta y Jorge Luis Martínez Solís, por lo que no fue posible localizarlos con la finalidad de que ratificaran la demanda de amparo presentada a su favor por Ana Gloria Marín González. Consecuentemente, y toda vez el presente asunto se trata de un juicio en el que el acto reclamado es la Incomunicación y malos tratos, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, con la finalidad de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Benito Juárez, 2000-A-4 del Fraccionamiento José Sandoval en esta ciudad; con la finalidad de que notifique de manera personal a los referidos agraviados José Pablo Mercado Armenta y Jorge Luis Martínez Solís, el contenido del proveído de diez de junio de dos mil vente, mediante el cual, se decretó la suspensión de plano dentro del presente juicio de amparo, y los requerirá para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor. Asimismo, de no encontrar a los multicitados agraviados, requiera a la promovente Ana Gloria Marín González y a los autorizados Fabián López Velázquez, José Ramón Martínez Ramírez y Juan Carlos Tirado Fausto, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del actual proveído, presenten ante este juzgado a los directamente agraviados José Pablo Mercado Armenta y Jorge Luis Martínez Solís, para notificarles personalmente el referido proveído mediante el cual se decretó la suspensión de plano dentro del presente juicio de amparo, y requerirlos para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor. Apercibiendo a la promovente Ana Gloria Marín González y a los autorizados Fabián López Velázquez, José Ramón Martínez Ramírez y Juan Carlos Tirado Fausto, que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo indicado, se les aplicará una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por treinta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 238 de la ley de la materia. Por otra parte, vista la constancia actuarial inserta en los oficios 8142/2020 y 8143/2020 de diez de julio del año en curso, de donde se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado para notificar a las autoridades que la parte quejosa denominó como: "Comandante de la Policía Ministerial del Estado, Alamar, Tijuana, Baja California y Agentes de la Policía Ministerial del Estado, Alamar, Tijuana, Baja California", toda vez que son inexistentes con tal denominación; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado la denominación correcta de las citadas autoridades, apercibida que en caso de no hacerlo, se le tendrá por precluído el derecho para hacerlo con posterioridad, y se tendrán por inexistentes; lo anterior, con fundamento en los artículos 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de la materia. Tiene apoyo lo anterior la tesis XIII.P.A.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con registro 2016667, Décima Época, bajo el rubro y texto: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea la denominación o acreditar la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lineamientos de higiene y prevención. En términos de lo dispuesto por la fracción XIV, del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales frente a la pandemia del virus denominado COVID-19, la diligencia ordenada deberá realizarse acatando el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencias Sanitarias por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el siguiente acuerdo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a diez de julio de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda firmado por Noemí Cecilia Armenta Najar en representación de José Pable Mercado Armenta y Jorge Luis Martínez Solís, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido, y de otras autoridades; al efecto, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente legalmente para conocer y resolver de la presente demanda de amparo, con base en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 15, 33, 35, 37, 107, 108, 112 y 126 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto. Regístrese y numérese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 387/2020-II. Ahora, del contexto integral de la demanda de amparo, se advierte que se señala como acto reclamado la incomunicación y malos tratos de la cual son objeto los directamente agraviados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de la suspensión de plano para que las autoridades señaladas como responsables, dentro de sus atribuciones legales, provean lo conducente a fin de que, en su caso, cesen de inmediato los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de la Materia, que se dicen infligidos en perjuicio de los directamente agraviados José Pable Mercado Armenta y Jorge Luis Martínez Solís es decir, la suspensión se concede para que cese la incomunicación y malos tratos de los cuales dicen son objeto. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada; en la inteligencia de que el desacato a lo ordenado con antelación equivale a la comisión de un delito, atento a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las responsables que para el caso de no acatar en los términos la presente suspensión, se dará vista con esos hechos a la Agente del Ministerio Público de la Federación. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados Se faculta a cualquiera de los Actuarios de este Juzgado para que se traslade a las instalaciones de las autoridades responsables, en esta ciudad; a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a los directamente agraviados Jesús Cristhofer Pérez y Alexis Trinidad y los requiera para que en el momento de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor, asimismo, los aperciba que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada esta demanda, y quedarán sin efecto las providencias que se hubiesen dictado; de igual forma, para que mediante oficio notifique a las autoridades responsables, se cerciore del cumplimiento inmediato a la suspensión de plano, levante el acta correspondiente y de cuenta de lo acontecido en la diligencia que se le encomienda, con la misma prontitud; en el entendido de que también deberá dar fe del estado físico de los directamente agraviados, y asentará lo conducente en el acta respectiva. En términos de lo dispuesto por la fracción XIV, del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales frente a la pandemia del virus denominado COVID-19, la diligencia ordenada deberá realizarse acatando el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencias Sanitarias por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Asimismo, al tratarse de personas privadas de la libertad la notificación ordenada podrá llevarse por videoconferencia si el Centro de reclusión cuenta con el equipo necesario. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en la oficina, en el domicilio o en el lugar en que se encuentre. La notificación surtirá efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en la oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga, el actuario deberá hacer constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en el caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, estén en posibilidad de Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576. notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)." En términos del precepto 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio procesal de La parte quejosa, el que se señala en el escrito de demanda. Se autoriza en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala, dado que tienen inscrita la cédula profesional en el registro correspondiente que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia una copia certificada de las que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos; en la inteligencia de que quién se presente a recibirla(s), deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual previo cotejo que con su original se realice, será glosada en autos para constancia. Con fundamento en el artículo 2, del citado Acuerdo General 8/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Home/Ayuda. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, y el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado.
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