José Oracio Ruiz Gastélum

Expediente 214/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
214/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • José Oracio Ruiz Gastélum
  • Gobernador del Estado de Baja California, Con Sede En Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que en dieciséis de enero de dos mil veintitrés entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de dos de junio de dos mil veintidós, por lo que se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias presentadas por las autoridades responsables, a fin de determinar si efectivamente se acató la misma. En atención a lo anterior, tomando en consideración que la verificación del cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de oficio se analizarán las constancias de autos y con base en ellas se determinará si la ejecutoria de mérito se encuentra cumplida, o no. ANTECEDENTES. En ese sentido, por sentencia de dos de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó la sentencia en los siguientes términos: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Oracio Ruíz Gastelum; por propio derecho, respecto de las autoridades y por los actos precisados en el considerando SEGUNDO y por los motivos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO, respectivamente. SEGUNDO. Se niega la protección y Justicia Federal a José Oracio Ruíz Gastelum, en contra de los actos precisados en el SEGUNDO considerando, por las razones expuestas en SEXTO considerando de este fallo. TERCERO. Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a José Oracio Ruíz Gastelum; contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO y para los efectos que se precisan en el considerativo OCTAVO de este fallo. Luego, por sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, se confirmó la sentencia dictada por este juzgado, en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución impugnada.. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Oracio Ruiz Gastelum, en contra de los actos analizados en el considerando sexto del fallo recurrido." En ese sentido, mediante proveído de once de agosto de dos mil veintidós, al confirmarse la sentencia impugnada, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, para los siguientes efectos: OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para el efecto de que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, por tratarse de quien recauda el impuesto declarado inconstitucional, realice lo siguiente: No se aplique al quejoso, en forma presente ni futura, el contenido de los artículos 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. Devuelvan al quejoso las cantidades enteradas por concepto de impuesto para el fomento deportivo y educacional. En el entendido de que, para ello se deberá emitir un acuerdo en el que se establezcan en forma clara las operaciones aritméticas realizadas para tal efecto y se remitirá copia certificada de la constancia respectiva. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO En acatamiento a ello, mediante oficio presentado en este juzgado el dos de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informó a este Juzgado Federal que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Asimismo, en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestaran lo que a su interés legal convenga, lo cual les fue notificado el ocho de febrero, sin que hubieran hecho manifestación alguna del cumplimiento. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad que la autoridad responsable Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California, en el ámbito de su competencia, realizara las gestiones necesarias , a efecto de desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa de la obligación motivo del amparo y, Restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, devolviéndole, en caso de que las hubiese cubierto, las cantidades que se le cobraron por concepto de la contribución de los impuestos contenidos en los preceptos reclamados. Ahora bien, la autoridad responsable manifiesta que no se cuenta con información documental o registro del cual se desprenda que la parte quejosa haya cubierto o enterado pago alguno por concepto de la contribución reclamada, por lo que no existe devolución pendiente por dicha contribución. Por lo anterior, es evidente que quedó acatada totalmente la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; en consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. ORDEN DE ARCHIVO Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cuaderno principal. El expediente en que se actúa es susceptible de depuración, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se concedió el amparo, esto es, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; (...)" Asimismo, a consideración de este juzgado, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexos. Finalmente, en el supuesto de que durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se hubieran formados tomo(s) de prueba(s) por separado -anexo(s) -; mediante oficio devuélvase los mismos a la autoridad que los remitió.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo, no obstante que mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se le tuvo informando sobre las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo,.....

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta, signado por la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. Atento a lo expuesto, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a once de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo ********************; asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo ********************de su índice; acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos analizados en el considerando sexto del fallo recurrido." Consecuentemente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión planteado y para un mejor manejo del expediente, desglósense las originales que obran agregadas en el citado cuaderno En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana para que en el plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es: "[.] OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para el efecto de que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, por tratarse de quien recauda el impuesto declarado inconstitucional, realice lo siguiente: No se aplique al quejoso, en forma presente ni futura, el contenido de los artículos 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. Devuelvan al quejoso las cantidades enteradas por concepto de impuesto para el fomento deportivo y educacional. En el entendido de que, para ello se deberá emitir un acuerdo en el que se establezcan en forma clara las operaciones aritméticas realizadas para tal efecto y se remitirá copia certificada de la constancia respectiva. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Materia Constitucional y Común, página diecinueve, con registro 192846, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Por los motivos apuntados, resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de violación, toda vez que en nada variaría el sentido del fallo constitucional, en tanto que la parte quejosa no puede obtener mayores beneficios que los ya otorgados. Robustece el anterior criterio, la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, página 85, registro 917641, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 3/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, febrero de dos mil cinco, página 5. Registro: 179367 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional." [.]": Exhibiendo al efecto copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la persona física que ocupa el cargo de la autoridad mencionada que aun y cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró el cargo y que por esa razón, también podrá ser consignado en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia. Este proveído se firma de manera electrónica por suscrito juzgador y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Andrés Omar Bernal Velarde, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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