José Osvaldo Ayala Domínguez

Expediente 1318/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1318/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Segundo Tribunal de Alzada En Materia Penal de Toluca, En el Estado de México
  • José Osvaldo Ayala Domínguez
  • JOSÉ OSVALDO AYALA DOMÍNGUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Cumplimiento de amparo Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede se advierte que las partes no formularon manifestación con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado de Distrito; por lo que, se realiza el pronunciamiento respectivo. Mediante auto de ocho de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 92/2020 de su índice, relativa a la sesión virtual de veintitrés de febrero de la presente anualidad, en que determinó revocar la resolución recurrida y concedió la protección de la justicia federal a fin de que el Magistrada Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México (autoridad responsable), realizada lo siguiente: ". 1) Deje sin efecto el falló de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 159/2019. 2) En su lugar, emita otro, observando que la incapacidad técnica del defensor privado licenciado Alejandro Wulfrano Méndez Méndez, dejó sin una defensa adecuada a José Oswaldo Ayala Domínguez, durante el juicio oral, y que dicha circunstancia trascendió desde la etapa intermedia, por lo que será a partir de esta última que se debe ordenar la reposición del procedimiento. En el entendido que en la audiencia respectiva, deberá requerir al imputado para que nombre un defensor, distinto al nombrado, con conocimiento en el Sistema Penal Acusatorio, de no hacerlo se le designara uno de oficio; se precisa que en caso de que José Oswaldo Ayala Domínguez, opte por llevar el juicio oral, deberá ser un Tribunal de Enjuiciamiento diferente al que resolvió la primera ocasión. .." Por tanto, en dicho proveído se requirió de a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Derivado de lo anterior, en acuerdo de diez de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, mediante el cual refirió que mediante diverso oficio 631/2021, de su índice, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente. Por lo tanto, previa verificación de la información referida por la autoridad responsable, se apreció que el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se recibió la misiva señalada, a la cual le fue anexada copia certificada diversas constancias que obran en el toca 159/2019, de su estadística. Ahora, de lo expuesto así como de las constancias remitidas por la responsable, se considera que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, pues si los efectos consistieron en que dejara sin efecto el falló de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 159/2019; y, en su lugar, emitiera otro, observando que la incapacidad técnica del defensor privado licenciado Alejandro Wulfrano Méndez Méndez, dejó sin una defensa adecuada a José Oswaldo Ayala Domínguez, durante el juicio oral, y que dicha circunstancia trascendió desde la etapa intermedia. Y del oficio 631/2021 proveniente de la autoridad responsable Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, se advierte que el nueve de marzo de dos mil veintiuno dictó un auto dentro del toca de apelación 159/2019; en que dejó insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Asimismo, se observa que el diecisiete de marzo del año en curso, emitió una resolución diversa en la que valoró la incapacidad del defensor privado licenciado Alejandro Wulfrano Méndez Méndez, asimismo, ordenó la reposición del procedimiento, a partir de la etapa intermedia, y en la audiencia respectiva deberá convocar a las partes, requerir al imputado para que nombre otro defensor distinto al nombrado, con conocimiento en el sistema penal acusatorio, de no hacerlo se le designara uno de oficio; en la inteligencia que en el caso de que José Oswaldo Ayala Domínguez, opte por llevar el juicio oral, deberá ser un Tribunal de Enjuiciamiento diferente al que resolvió la primera ocasión. En ese sentido, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.) con número de registro digital 2023104, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, de título y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que e podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente para efectos de los preceptos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma David Ruedas Moncivais, Secretario de Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en funciones de juez de distrito, de conformidad con lo dispuesto por el oficio CCJ/ST/2985/2021, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; y, además, con apego a lo establecido en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrogada, pero vigente en términos del tercero transitorio de normatividad vigente; asistido de Gabriela Hernández Tinajero, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    en cumplimiento al aviso de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se publica el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno: Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Cumplimiento de amparo Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede se advierte que las partes no formularon manifestación con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado de Distrito; por lo que, se realiza el pronunciamiento respectivo. Mediante auto de ocho de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 92/2020 de su índice, relativa a la sesión virtual de veintitrés de febrero de la presente anualidad, en que determinó revocar la resolución recurrida y concedió la protección de la justicia federal a fin de que el Magistrada Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México (autoridad responsable), realizada lo siguiente: ". 1) Deje sin efecto el falló de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 159/2019. 2) En su lugar, emita otro, observando que la incapacidad técnica del defensor privado licenciado Alejandro Wulfrano Méndez Méndez, dejó sin una defensa adecuada a José Oswaldo Ayala Domínguez, durante el juicio oral, y que dicha circunstancia trascendió desde la etapa intermedia, por lo que será a partir de esta última que se debe ordenar la reposición del procedimiento. En el entendido que en la audiencia respectiva, deberá requerir al imputado para que nombre un defensor, distinto al nombrado, con conocimiento en el Sistema Penal Acusatorio, de no hacerlo se le designara uno de oficio; se precisa que en caso de que José Oswaldo Ayala Domínguez, opte por llevar el juicio oral, deberá ser un Tribunal de Enjuiciamiento diferente al que resolvió la primera ocasión. .." Por tanto, en dicho proveído se requirió de a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Derivado de lo anterior, en acuerdo de diez de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, mediante el cual refirió que mediante diverso oficio 631/2021, de su índice, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente. Por lo tanto, previa verificación de la información referida por la autoridad responsable, se apreció que el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se recibió la misiva señalada, a la cual le fue anexada copia certificada diversas constancias que obran en el toca 159/2019, de su estadística. Ahora, de lo expuesto así como de las constancias remitidas por la responsable, se considera que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, pues si los efectos consistieron en que dejara sin efecto el falló de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 159/2019; y, en su lugar, emitiera otro, observando que la incapacidad técnica del defensor privado licenciado Alejandro Wulfrano Méndez Méndez, dejó sin una defensa adecuada a José Oswaldo Ayala Domínguez, durante el juicio oral, y que dicha circunstancia trascendió desde la etapa intermedia. Y del oficio 631/2021 proveniente de la autoridad responsable Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, se advierte que el nueve de marzo de dos mil veintiuno dictó un auto dentro del toca de apelación 159/2019; en que dejó insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Asimismo, se observa que el diecisiete de marzo del año en curso, emitió una resolución diversa en la que valoró la incapacidad del defensor privado licenciado Alejandro Wulfrano Méndez Méndez, asimismo, ordenó la reposición del procedimiento, a partir de la etapa intermedia, y en la audiencia respectiva deberá convocar a las partes, requerir al imputado para que nombre otro defensor distinto al nombrado, con conocimiento en el sistema penal acusatorio, de no hacerlo se le designara uno de oficio; en la inteligencia que en el caso de que José Oswaldo Ayala Domínguez, opte por llevar el juicio oral, deberá ser un Tribunal de Enjuiciamiento diferente al que resolvió la primera ocasión. En ese sentido, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.) con número de registro digital 2023104, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, de título y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que e podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente para efectos de los preceptos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma David Ruedas Moncivais, Secretario de Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en funciones de juez de distrito, de conformidad con lo dispuesto por el oficio CCJ/ST/2985/2021, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; y, además, con apego a lo establecido en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrogada, pero vigente en términos del tercero transitorio de normatividad vigente; asistido de Gabriela Hernández Tinajero, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    II.- Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, mediante el cual refiere que mediante oficio 631/2021, de su índice, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente. Ahora, en atención a lo señalado por la autoridad responsable, se aprecia que el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se recibió dicha misiva, a la cual le fue anexada copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, emitida en el toca 159/2019, de su estadística. En ese orden, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de las constancias citadas en supralíneas por la autoridad responsable en comento, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días siguientes al de su legal notificación, indiquen lo que a su interés legal convenga, en el entendido de que, una vez trascurrido, con el desahogo de la vista o sin ella, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.

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