José Osorio Jimenez

Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • José Osorio Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    se ordena el archivo

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, glósese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintiséis de mayo del año en curso y remite los autos relativos al expediente J.29/80/2017, del cual deriva el acto reclamado. En razón de lo anterior, se provee: ACTO RECLAMADO La omisión del pronunciamiento por parte de la autoridad al no acordar la promoción de ocho de julio de dos mil veintiuno en el expediente laboral J.29/80/2017. En el caso, de las constancias remitidas esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del gobernado se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La diversa, con número de identificación 196820, tesis 2ª./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, como se dijo de las constancias que adjuntó la responsable al oficio de cuenta, a las que se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, se advierte que en acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, se acordó la promoción presentada en ocho de julio de dos mil veintiuno en el expediente laboral J.29/80/2017, mismo que le fue notificado el diecinueve de mayo siguiente. En ese sentido, debe decirse que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el quince de mayo de dos mil veintitrés, la junta responsable dictó el acuerdo correspondiente respecto a la promoción presentada el ocho de junio de dos mil veintiuno en el expediente laboral J.29/80/2017, mismo que le fue notificado el veintitrés de mayo, lo que pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado; por ello, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitiera la constancia de notificación realizada al aquí quejoso, respecto del acuerdo emitido el quince de mayo del año en curso, en el expediente J.29/80/2017; sin embargo, no ha transcurrido el término concedido en dicho auto; aunado que a la fecha no se cuenta con el acuse con el que se acredite se realizó la notificación de dicho proveído. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. PERITO DE LA PARTE QUEJOSA RINDE DICTAMEN Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el escrito signado por Juan Gabriel Gutiérrez Jiménez, perito oficial en materia de Ingeniería topográfica y fotogramétrica designado por este juzgado, por medio del cual rinde su dictamen correspondiente. RATIFICACIÓN DE DICTAMEN Por tanto, en términos del numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al aludido experto para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, comparezca al local de este Juzgado de Distrito, con identificación oficial, a ratificar su dictamen pericial. APERCIBIMIENTO Se apercibe al profesionista aludido, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 259 de la Ley de Amparo. COTIZACIÓN DE CANDIDATO A PERITO OFICIAL EN MATERIA DE VALUACIÓN DE BIENES Por otra parte, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el escrito signado por Juan Gabriel Gutiérrez Jiménez, perito oficial en materia de Ingeniería topográfica y fotogramétrica, por medio del cual en atención a los requerimientos formulados en proveídos de veintiocho de abril y once de mayo del año en curso, hace del conocimiento la ejecución de estudio de campo y cotización de sus honorarios. En ese orden, este órgano de control constitucional toma conocimiento del monto al cual ascienden sus honorarios; en consecuencia, remítase dicha cotización a la Dirección de Gestión de Viáticos y Peritos de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que en su oportunidad remita la determinación que corresponda respecto a la citada cotización de pago de honorarios exhibida. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

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