Jose Omar Hernandez Martinez
Expediente 778/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Jose Omar Hernandez Martinez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Encargado de consignaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Marco Antonio Hernandez Sánchez y otra autoridad, regístrese con el número de juicio 778/2023-IV; y, genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda que se atiende, se advierte que en el apartado de actos reclamados, la parte quejosa, además de éstos, expuso diversas manifestaciones tendentes a atacar la legalidad de los mismos, a saber: "Que mediante el presente escrito y, copias de ley, acudo a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; contra los actos posteriormente precisaré y, que reclamo de las Autoridades que señalo Ordenadora Responsable y Autoridades Ejecutoras respectivamente. Por violación en mi perjuicio; de las garantías establecidas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, y 23 parte dogmática, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Actos emanados según tengo conocimiento de las constancias derivadas de la Carpeta Judicial Numero: ********* misma que fue recibida el veintidós de Agosto de la presente anualidad por la Licenciada ********, quien es la Subdirectora de Causa de la Unidad de Gestión Judicial 15 Tipo 2 del Sistema Penal Acusatorio de la CDMX, en donde se me cita para que se me formule la imputación del delito del cual de manera injusta se me acusa, quién derivado de dichas actuaciones dentro de carpeta judicial ya descrita dictó la RESOLUCIÓN que hoy impugno, fundándome en la fracción I, del numeral 1°, de la Ley de Amparo y, formulando la presente demanda de garantías en el orden establecido en la fracción V por el diverso numeral 116, del mismo ordenamiento, lo que hago en los siguientes términos: [.] De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, le reclamo la CONSIGNACION DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO: 015/1504/2023 SIN QUE HUBIERA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE DECLARAR ante la H. REPRESENTACION SOCIAL, PARA TENER UNA DEFENSA ADECUADA Y SER INFORMADO DE LOS CARGOS EN MI CONTRA y SIN QUE SE ME HUBIERA PERMITIDO OFRECER PRUEBAS PARA DESVIRTUAR LAS ACUSACIONES Y de "Manera Toral Fundamental", le reclamo la "Inexacta Aplicación del artículo 91,92 y demás relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales y, que en esencia determinaron el o los Conceptos de Violaciones Relativas en que se incurre en la RESOLUCIÓN que combato a la Autoridad que señalo como Responsable Ordenadora y, actos de los cuales se deriva la probable perdida de mi libertad y, consecuencia lógico jurídica, SIN que exista mandamiento escrito de Autoridad Competente que Funde y Motive la causa legal del procedimiento, conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho; y desconociendo de donde se derive, el acto o motivación, o Certeza y Legalidad Jurídica, en que se fundó dicha autoridad poder ser privado de mi libertad. De la Autoridad Responsable Ordenadora, reclamo además todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de los actos que le reclamo. De la Autoridad Responsable que señalo como Ejecutora, le reprocho LA PROBABLE VINCULACION A PROCESO. Ello en virtud de que se pueda ver afectada mi libertad. Violando así mi Garantía del DEBIDO PROCESO.". En consecuencia, se fijan como actos reclamados en el presente sumario, los siguientes: De la autoridad señalada como Encargado de consignaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Marco Antonio Hernandez Sánchez: La consignación de la carpeta judicial ********; y, Del Juez de la Unidad de Gestión Administrativa Judicial número 15: Citación a audiencia de formulación de imputación (inicial). En ese tenor, las restantes manifestaciones se tendrán únicamente como conceptos de violación en el presente sumario, toda vez que dichas manifestaciones entrañan calificativos y situaciones tendentes a combatir la legalidad los actos reclamados antes precisados. Desechamiento respecto del acto reclamado señalado como A). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito en cuestión a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En ese sentido, el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada a contrario sensu, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por la quejosa, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa alude como acto reclamado la consignación o judicialización. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.).". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.". Atento a ello, cabe precisar que la consignación o judicialización de la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de hacerle de su conocimiento el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, para posteriormente indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a los que intervinieron en el mismo; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la consignación o judicialización de la carpeta de investigación, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de éste, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aún en el caso que sea la misma quejosa, la persona a quien se dirige la imputación y, por ende, la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser tendente a continuar con la investigación de los delitos de orden público conforme al artículo 21 Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, el consignar o judicializar la indagatoria de conformidad con el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no le irroga a la quejosa perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional del Ministerio Público, mismas que están sujetas a la revisión del juez de control que conozca de la carpeta, el que en todo caso, será quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos del inculpado al determinar si resulta o no procedente la continuación del procedimiento al emitir el auto de vinculación a proceso respectivo, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación para sustentar algún hecho, lo cual está sujeto, en su caso, a la valoración del juzgador. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues la posible consignación o judicialización de la carpeta de investigación, no transgrede de manera alguna sus derechos sustantivos; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por tanto, se desecha de plano la demanda por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso A), por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Desechamiento respecto del acto reclamado señalado como B). En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el aludido acto, ya que no tiene incorporado a su esfera jurídica el derecho a oponerse a que la autoridad responsable la cite a la audiencia inicial donde se podrá o no formular imputación en su contra, toda vez que se trata de una simple comunicación del Juez, a petición de la autoridad investigadora, en la que se requiere la presencia de la justiciable para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y que no incide directamente en su libertad personal; es decir, se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta su libertad personal. Argumentos que son materia de la siguiente jurisprudencia sobre el tema específico, que resolvió en contradicción de tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO también por el acto precisado como B), por manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Correo electrónico y número telefónico Ahora, en relación a la solicitud de que sea notificado a través del correo electrónico que proporciona o bien mensaje de texto al número que señala, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que la Ley adjetiva no prevé dicho medio y el mismo solo se tendrá como dato de contacto, con la finalidad de que sean utilizados por el personal de este órgano de control constitucional, únicamente en caso de ser necesario. Acceso al expediente electrónico a la parte quejosa Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico de la parte quejosa instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la parte quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Encargado de consignaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Marco Antonio Hernandez Sánchez y otra autoridad, regístrese con el número de juicio 778/2023-IV; y, genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda que se atiende, se advierte que en el apartado de actos reclamados, la parte quejosa, además de éstos, expuso diversas manifestaciones tendentes a atacar la legalidad de los mismos, a saber: "Que mediante el presente escrito y, copias de ley, acudo a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; contra los actos posteriormente precisaré y, que reclamo de las Autoridades que señalo Ordenadora Responsable y Autoridades Ejecutoras respectivamente. Por violación en mi perjuicio; de las garantías establecidas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, y 23 parte dogmática, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Actos emanados según tengo conocimiento de las constancias derivadas de la Carpeta Judicial Numero: ********* misma que fue recibida el veintidós de Agosto de la presente anualidad por la Licenciada ********, quien es la Subdirectora de Causa de la Unidad de Gestión Judicial 15 Tipo 2 del Sistema Penal Acusatorio de la CDMX, en donde se me cita para que se me formule la imputación del delito del cual de manera injusta se me acusa, quién derivado de dichas actuaciones dentro de carpeta judicial ya descrita dictó la RESOLUCIÓN que hoy impugno, fundándome en la fracción I, del numeral 1°, de la Ley de Amparo y, formulando la presente demanda de garantías en el orden establecido en la fracción V por el diverso numeral 116, del mismo ordenamiento, lo que hago en los siguientes términos: [.] De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, le reclamo la CONSIGNACION DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO: 015/1504/2023 SIN QUE HUBIERA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE DECLARAR ante la H. REPRESENTACION SOCIAL, PARA TENER UNA DEFENSA ADECUADA Y SER INFORMADO DE LOS CARGOS EN MI CONTRA y SIN QUE SE ME HUBIERA PERMITIDO OFRECER PRUEBAS PARA DESVIRTUAR LAS ACUSACIONES Y de "Manera Toral Fundamental", le reclamo la "Inexacta Aplicación del artículo 91,92 y demás relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales y, que en esencia determinaron el o los Conceptos de Violaciones Relativas en que se incurre en la RESOLUCIÓN que combato a la Autoridad que señalo como Responsable Ordenadora y, actos de los cuales se deriva la probable perdida de mi libertad y, consecuencia lógico jurídica, SIN que exista mandamiento escrito de Autoridad Competente que Funde y Motive la causa legal del procedimiento, conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho; y desconociendo de donde se derive, el acto o motivación, o Certeza y Legalidad Jurídica, en que se fundó dicha autoridad poder ser privado de mi libertad. De la Autoridad Responsable Ordenadora, reclamo además todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de los actos que le reclamo. De la Autoridad Responsable que señalo como Ejecutora, le reprocho LA PROBABLE VINCULACION A PROCESO. Ello en virtud de que se pueda ver afectada mi libertad. Violando así mi Garantía del DEBIDO PROCESO.". En consecuencia, se fijan como actos reclamados en el presente sumario, los siguientes: De la autoridad señalada como Encargado de consignaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Marco Antonio Hernandez Sánchez: La consignación de la carpeta judicial ********; y, Del Juez de la Unidad de Gestión Administrativa Judicial número 15: Citación a audiencia de formulación de imputación (inicial). En ese tenor, las restantes manifestaciones se tendrán únicamente como conceptos de violación en el presente sumario, toda vez que dichas manifestaciones entrañan calificativos y situaciones tendentes a combatir la legalidad los actos reclamados antes precisados. Desechamiento respecto del acto reclamado señalado como A). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito en cuestión a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En ese sentido, el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada a contrario sensu, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por la quejosa, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa alude como acto reclamado la consignación o judicialización. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.).". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.". Atento a ello, cabe precisar que la consignación o judicialización de la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de hacerle de su conocimiento el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, para posteriormente indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a los que intervinieron en el mismo; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la consignación o judicialización de la carpeta de investigación, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de éste, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aún en el caso que sea la misma quejosa, la persona a quien se dirige la imputación y, por ende, la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser tendente a continuar con la investigación de los delitos de orden público conforme al artículo 21 Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, el consignar o judicializar la indagatoria de conformidad con el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no le irroga a la quejosa perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional del Ministerio Público, mismas que están sujetas a la revisión del juez de control que conozca de la carpeta, el que en todo caso, será quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos del inculpado al determinar si resulta o no procedente la continuación del procedimiento al emitir el auto de vinculación a proceso respectivo, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación para sustentar algún hecho, lo cual está sujeto, en su caso, a la valoración del juzgador. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues la posible consignación o judicialización de la carpeta de investigación, no transgrede de manera alguna sus derechos sustantivos; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por tanto, se desecha de plano la demanda por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso A), por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Desechamiento respecto del acto reclamado señalado como B). En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el aludido acto, ya que no tiene incorporado a su esfera jurídica el derecho a oponerse a que la autoridad responsable la cite a la audiencia inicial donde se podrá o no formular imputación en su contra, toda vez que se trata de una simple comunicación del Juez, a petición de la autoridad investigadora, en la que se requiere la presencia de la justiciable para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y que no incide directamente en su libertad personal; es decir, se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta su libertad personal. Argumentos que son materia de la siguiente jurisprudencia sobre el tema específico, que resolvió en contradicción de tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO también por el acto precisado como B), por manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Correo electrónico y número telefónico Ahora, en relación a la solicitud de que sea notificado a través del correo electrónico que proporciona o bien mensaje de texto al número que señala, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que la Ley adjetiva no prevé dicho medio y el mismo solo se tendrá como dato de contacto, con la finalidad de que sean utilizados por el personal de este órgano de control constitucional, únicamente en caso de ser necesario. Acceso al expediente electrónico a la parte quejosa Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico de la parte quejosa instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la parte quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa ".
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