José Moisés Tirado Nacif
Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2021
Partes del expediente
- José Moisés Tirado Nacif
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual los funcionarios del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, comunica la determinación de cinco de los corrientes, emitida en los autos del juicio de amparo 1260/2021, de su índice, en la cual ordenó remitir los autos al juzgado Noveno de la materia y sede, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, por considerar que le recae competencia por razón de turno; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 17 de septiembre de 2021 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ************* por derecho propio, contra actos del Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República. Regístrese con el número de juicio 701/2021-II Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis De la lectura del escrito que se atiende se desprende que el promovente de amparo reclama el oficio ******************de diez de agosto de dos mil veintiuno emitido por la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República. Incompetencia En tal virtud, este Jugador Federal determina carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dicho acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el acto combatido no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad de un sujeto, sino de un acto administrativo, atribuido a una autoridad de naturaleza administrativa. Ahora bien, el numeral 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente [.].". Del texto anterior, se advierte que los jueces de distrito en materia administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en dicha materia, así como de actos de autoridad distinta a la judicial. En la especie el oficio reclamado derivó de la petición formulada por el quejoso a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República, en la que solicitó se le informara el número de registro de la carpeta de investigación que refiere se sigue en su contra en cualquier Unidad de esa Fiscalía General. Sobre el tema, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2020, en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, consideró: "(.) 31. En esas condiciones, a efecto de determinar la naturaleza de los actos reclamados, cabe indicar que el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para el ejercicio de ese derecho, la propia Carta Magna previó la existencia de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión; asimismo, mencionó que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, aunado a que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones establecidas en la propia ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias. 32. Para clasificar la información como reservada o confidencial, las unidades de transparencia deben hacer un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño; así, no deberán publicar la información que, bajo su resguardo, encuadre en las clasificaciones de reservada o confidencial, por lo que, si un sujeto obligado considera que los documentos o la información deben clasificarse como reservados o confidenciales, el área correspondiente tiene que remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al comité de transparencia, el cual resolverá si la confirma, la modifica y otorga total o parcialmente el acceso a la información o revoca la clasificación y concede el acceso solicitado. 33. En ese orden de ideas, del estudio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se desprende que, en el Título Quinto, se regula de forma específica el procedimiento de acceso a la información pública; en el que se establece, desde la manera en que se presenta la solicitud de información, el trámite interno de la petición, la forma en que habrá de darse respuesta a lo solicitado y la vía de su notificación al gobernado. 34. Igualmente, dicha normativa Federal, en el Capítulo III, reglamenta la interposición del recurso de revisión ante el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, contra diversas determinaciones de los sujetos obligados, de entre las que destaca, la clasificación de información. 35. En ese sentido, se advierte que las legislaciones invocadas, de manera conjunta, prevén un procedimiento específico en la materia para la sustanciación de la solicitud de cualquier persona de acceso a la información; y que se prevén mecanismos de impugnación ante las autoridades administrativas en la misma materia. 36. Incluso la Ley Federal invocada, en el artículo 7°, consigna que ante la falta de disposición expresa en esa ley, se aplicarán de manera supletoria y en el siguiente orden de prelación, las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 37. En ese orden de ideas, la normativa que regula la forma en la que se dará respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de la unidad de transparencia de los sujetos obligados, no remite a la aplicación u observancia de normas sustantivas de la materia que reglamente el contenido de la información requerida; sino que, para clasificar la información que se le solicite, dichas unidades tienen que atender únicamente a las reglas y principios de transparencia, y en particular, determinar la procedencia de lo requerido a través de la prueba de daño. 38. Con base en ello, se concluye que la naturaleza de la acción es administrativa, toda vez que los alegatos y pruebas que se ofrezcan en el procedimiento de transparencia deben ser tendentes a determinar si la información es reservada, clasificada o pública, a partir de la prueba de daño; en otras palabras, la unidad de transparencia mencionada, deberá encaminar su ejercicio de ponderación a valorar los beneficios y perjuicios que implica la divulgación de la información solicitada y no a la aplicación o interpretación de normas sustantivas en materia penal. 39. No pasa inadvertido que, para proteger el interés público -principio reconocido como el otro límite constitucionalmente válido para restringir el acceso a la información pública-, los artículos 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 110 de la Ley Federal respectiva, establecieron un catálogo genérico, en el que se mencionan algunas hipótesis a tomar en cuenta para calificar la información como reservada; pero siempre, en mayor o menor medida, a la luz de la prueba de daño. 40. De dicho catálogo, destacan las fracciones VII y XII, que disponen que será información reservada aquella que (i) obstruya la prevención o persecución de los delitos o, (ii) se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. 41. No obstante, ello tampoco implica la interpretación de normas penales sustantivas o adjetivas, ya que en el primero de los supuestos, será a través de la evaluación del caso concreto y la ponderación de los valores ya descritos, dentro del procedimiento de transparencia, que la unidad respectiva deberá analizar las implicaciones fácticas que tendría la divulgación de la información requerida. En tanto que, en el segundo caso, la labor de ponderación es mínima, pues prácticamente, la unidad clasificadora, tiene que realizar una actividad de subsunción para saber si la información respectiva es relativa a una investigación en trámite o no. 42. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que el conocimiento técnico que debe poseer el personal operativo adscrito a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Fiscalía General de la República, no necesariamente tiene que ser especializado en materia penal, sino debe serlo en materia de transparencia y acceso a la información pública. 43. Aunado a lo anterior, se advierte que la solicitud de acceso a la información que atiende la unidad de transparencia en cuestión, puede ser realizada por cualquier persona, de lo que se entiende que no está reservada a las partes procedimentales dentro de un conflicto penal, sino al público en general. 44. Tal aspecto evidencia que la acción en materia de transparencia, es distinta a la que usualmente se da por quien se ostenta como parte dentro de una indagatoria penal, en la que se solicita el acceso a las constancias o registros de una investigación, pues en tales casos, dicha petición es atendida por el Ministerio Público con base en las reglas que para tal efecto dispone el ordenamiento penal adjetivo aplicable. 45. En cambio, en el presente caso, la acción al haber sido atendida por la unidad de transparencia respectiva, se entiende ejercida en el contexto del artículo 6° de la Constitución Federal, relativo al derecho fundamental de acceso a la información. 46. Así, por los motivos expuestos, se estima que los actos reclamados al Fiscal General de la República y Director de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República, son de naturaleza administrativa, pues no derivan de una acción que se relacione con la facultad sancionadora del Estado, sino del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6° constitucional. 47. Aunado a lo anterior, la naturaleza de las autoridades responsables que rindieron su informe con justificación también es de índole administrativo, dado que, así se desprende de los artículos 102 apartado A, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 48. Lo anterior es así, pues la Fiscalía General de la República es una entidad con estructura jurídica, competencia determinada, autónoma y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la persecución de los delitos del orden Federal ante los tribunales correspondientes. Esto la convierte en una persona jurídica de derecho público, con potestad normativa o reglamentaria. 49. Asimismo, del artículo 9° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se observa que las actividades de naturaleza eminentemente penal, dentro de dicha entidad, se encuentran reservadas a los "órganos fiscales" o Ministerios Públicos, quienes tienen a su cargo, esencialmente, la investigación y persecución de delitos, el seguimiento de asuntos ante los tribunales jurisdiccionales correspondientes, la protección de víctimas, así como la solicitud de aplicación de penas. 50. En otras palabras, las funciones relativas al ius puniendi del Estado a cargo de la Fiscalía General de la República, están reservadas orgánicamente a los fiscales. 51. En cambio, las atribuciones de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública señalada, se encuentran contenidas en las leyes, tanto Federal como General, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales contemplan ciertas obligaciones que deben atender las entidades estatales -entre otros sujetos-; de las cuales destaca la creación de unidades técnicas en materia de transparencia, dedicadas, esencialmente, a recibir y dar trámite interno a las solicitudes de acceso a la información, es decir fungir como vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante de la acción intentada; clasificar la información requerida a través del "test o prueba de daño"; llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; así como fomentar la transparencia al interior de la entidad obligada, entre otras atribuciones. 52. Así, al analizar las facultades de dichas unidades de transparencia, se puede establecer con claridad que son materialmente administrativas, independientemente de la naturaleza de la entidad obligada a la que pertenezcan, ya que implican la regulación de una determinación jurídico vinculante, entre el Estado y un particular; es decir, la exteriorización de declaración de la voluntad estatal, destinada a producir una consecuencia jurídica en la esfera de derechos del gobernado, sin un conflicto preexistente; la cual consistirá en el acceso, o negativa del mismo, a determinada información al resguardo de entidades estatales. 53. En esas condiciones, se estima que los actos son evidentemente administrativos, reclamados a autoridades de la misma naturaleza, por tanto, de conformidad con el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en atención a todo lo narrado debe concluirse que el conocimiento de la demanda de amparo y su ampliación, debe corresponder, como se indicó, a un juzgado de Distrito en materia administrativa. De ahí que proceda declarar competente al órgano contendiente especializado en esa materia. (.)" (lo resaltado es de origen). En ese sentido, atento a lo considerado por el citado Tribunal Colegiado, dado que el acto reclamado es de evidentemente administrativa y se atribuye a una autoridad de la misma naturaleza, se estima que el conocimiento del presente asunto corresponde a un juzgado de Distrito especializado en esa materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador estima que por razón de la especialidad compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad de México, en turno, conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata. En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, junto con seis copias de la demanda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. ".
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ************* por derecho propio, contra actos del Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República. Regístrese con el número de juicio 701/2021-II Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis De la lectura del escrito que se atiende se desprende que el promovente de amparo reclama el oficio ******************de diez de agosto de dos mil veintiuno emitido por la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República. Incompetencia En tal virtud, este Jugador Federal determina carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dicho acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el acto combatido no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad de un sujeto, sino de un acto administrativo, atribuido a una autoridad de naturaleza administrativa. Ahora bien, el numeral 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente [.].". Del texto anterior, se advierte que los jueces de distrito en materia administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en dicha materia, así como de actos de autoridad distinta a la judicial. En la especie el oficio reclamado derivó de la petición formulada por el quejoso a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República, en la que solicitó se le informara el número de registro de la carpeta de investigación que refiere se sigue en su contra en cualquier Unidad de esa Fiscalía General. Sobre el tema, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2020, en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, consideró: "(.) 31. En esas condiciones, a efecto de determinar la naturaleza de los actos reclamados, cabe indicar que el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para el ejercicio de ese derecho, la propia Carta Magna previó la existencia de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión; asimismo, mencionó que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, aunado a que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones establecidas en la propia ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias. 32. Para clasificar la información como reservada o confidencial, las unidades de transparencia deben hacer un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño; así, no deberán publicar la información que, bajo su resguardo, encuadre en las clasificaciones de reservada o confidencial, por lo que, si un sujeto obligado considera que los documentos o la información deben clasificarse como reservados o confidenciales, el área correspondiente tiene que remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al comité de transparencia, el cual resolverá si la confirma, la modifica y otorga total o parcialmente el acceso a la información o revoca la clasificación y concede el acceso solicitado. 33. En ese orden de ideas, del estudio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se desprende que, en el Título Quinto, se regula de forma específica el procedimiento de acceso a la información pública; en el que se establece, desde la manera en que se presenta la solicitud de información, el trámite interno de la petición, la forma en que habrá de darse respuesta a lo solicitado y la vía de su notificación al gobernado. 34. Igualmente, dicha normativa Federal, en el Capítulo III, reglamenta la interposición del recurso de revisión ante el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, contra diversas determinaciones de los sujetos obligados, de entre las que destaca, la clasificación de información. 35. En ese sentido, se advierte que las legislaciones invocadas, de manera conjunta, prevén un procedimiento específico en la materia para la sustanciación de la solicitud de cualquier persona de acceso a la información; y que se prevén mecanismos de impugnación ante las autoridades administrativas en la misma materia. 36. Incluso la Ley Federal invocada, en el artículo 7°, consigna que ante la falta de disposición expresa en esa ley, se aplicarán de manera supletoria y en el siguiente orden de prelación, las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 37. En ese orden de ideas, la normativa que regula la forma en la que se dará respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de la unidad de transparencia de los sujetos obligados, no remite a la aplicación u observancia de normas sustantivas de la materia que reglamente el contenido de la información requerida; sino que, para clasificar la información que se le solicite, dichas unidades tienen que atender únicamente a las reglas y principios de transparencia, y en particular, determinar la procedencia de lo requerido a través de la prueba de daño. 38. Con base en ello, se concluye que la naturaleza de la acción es administrativa, toda vez que los alegatos y pruebas que se ofrezcan en el procedimiento de transparencia deben ser tendentes a determinar si la información es reservada, clasificada o pública, a partir de la prueba de daño; en otras palabras, la unidad de transparencia mencionada, deberá encaminar su ejercicio de ponderación a valorar los beneficios y perjuicios que implica la divulgación de la información solicitada y no a la aplicación o interpretación de normas sustantivas en materia penal. 39. No pasa inadvertido que, para proteger el interés público -principio reconocido como el otro límite constitucionalmente válido para restringir el acceso a la información pública-, los artículos 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 110 de la Ley Federal respectiva, establecieron un catálogo genérico, en el que se mencionan algunas hipótesis a tomar en cuenta para calificar la información como reservada; pero siempre, en mayor o menor medida, a la luz de la prueba de daño. 40. De dicho catálogo, destacan las fracciones VII y XII, que disponen que será información reservada aquella que (i) obstruya la prevención o persecución de los delitos o, (ii) se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. 41. No obstante, ello tampoco implica la interpretación de normas penales sustantivas o adjetivas, ya que en el primero de los supuestos, será a través de la evaluación del caso concreto y la ponderación de los valores ya descritos, dentro del procedimiento de transparencia, que la unidad respectiva deberá analizar las implicaciones fácticas que tendría la divulgación de la información requerida. En tanto que, en el segundo caso, la labor de ponderación es mínima, pues prácticamente, la unidad clasificadora, tiene que realizar una actividad de subsunción para saber si la información respectiva es relativa a una investigación en trámite o no. 42. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que el conocimiento técnico que debe poseer el personal operativo adscrito a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Fiscalía General de la República, no necesariamente tiene que ser especializado en materia penal, sino debe serlo en materia de transparencia y acceso a la información pública. 43. Aunado a lo anterior, se advierte que la solicitud de acceso a la información que atiende la unidad de transparencia en cuestión, puede ser realizada por cualquier persona, de lo que se entiende que no está reservada a las partes procedimentales dentro de un conflicto penal, sino al público en general. 44. Tal aspecto evidencia que la acción en materia de transparencia, es distinta a la que usualmente se da por quien se ostenta como parte dentro de una indagatoria penal, en la que se solicita el acceso a las constancias o registros de una investigación, pues en tales casos, dicha petición es atendida por el Ministerio Público con base en las reglas que para tal efecto dispone el ordenamiento penal adjetivo aplicable. 45. En cambio, en el presente caso, la acción al haber sido atendida por la unidad de transparencia respectiva, se entiende ejercida en el contexto del artículo 6° de la Constitución Federal, relativo al derecho fundamental de acceso a la información. 46. Así, por los motivos expuestos, se estima que los actos reclamados al Fiscal General de la República y Director de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República, son de naturaleza administrativa, pues no derivan de una acción que se relacione con la facultad sancionadora del Estado, sino del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6° constitucional. 47. Aunado a lo anterior, la naturaleza de las autoridades responsables que rindieron su informe con justificación también es de índole administrativo, dado que, así se desprende de los artículos 102 apartado A, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 48. Lo anterior es así, pues la Fiscalía General de la República es una entidad con estructura jurídica, competencia determinada, autónoma y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la persecución de los delitos del orden Federal ante los tribunales correspondientes. Esto la convierte en una persona jurídica de derecho público, con potestad normativa o reglamentaria. 49. Asimismo, del artículo 9° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se observa que las actividades de naturaleza eminentemente penal, dentro de dicha entidad, se encuentran reservadas a los "órganos fiscales" o Ministerios Públicos, quienes tienen a su cargo, esencialmente, la investigación y persecución de delitos, el seguimiento de asuntos ante los tribunales jurisdiccionales correspondientes, la protección de víctimas, así como la solicitud de aplicación de penas. 50. En otras palabras, las funciones relativas al ius puniendi del Estado a cargo de la Fiscalía General de la República, están reservadas orgánicamente a los fiscales. 51. En cambio, las atribuciones de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública señalada, se encuentran contenidas en las leyes, tanto Federal como General, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales contemplan ciertas obligaciones que deben atender las entidades estatales -entre otros sujetos-; de las cuales destaca la creación de unidades técnicas en materia de transparencia, dedicadas, esencialmente, a recibir y dar trámite interno a las solicitudes de acceso a la información, es decir fungir como vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante de la acción intentada; clasificar la información requerida a través del "test o prueba de daño"; llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; así como fomentar la transparencia al interior de la entidad obligada, entre otras atribuciones. 52. Así, al analizar las facultades de dichas unidades de transparencia, se puede establecer con claridad que son materialmente administrativas, independientemente de la naturaleza de la entidad obligada a la que pertenezcan, ya que implican la regulación de una determinación jurídico vinculante, entre el Estado y un particular; es decir, la exteriorización de declaración de la voluntad estatal, destinada a producir una consecuencia jurídica en la esfera de derechos del gobernado, sin un conflicto preexistente; la cual consistirá en el acceso, o negativa del mismo, a determinada información al resguardo de entidades estatales. 53. En esas condiciones, se estima que los actos son evidentemente administrativos, reclamados a autoridades de la misma naturaleza, por tanto, de conformidad con el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en atención a todo lo narrado debe concluirse que el conocimiento de la demanda de amparo y su ampliación, debe corresponder, como se indicó, a un juzgado de Distrito en materia administrativa. De ahí que proceda declarar competente al órgano contendiente especializado en esa materia. (.)" (lo resaltado es de origen). En ese sentido, atento a lo considerado por el citado Tribunal Colegiado, dado que el acto reclamado es de evidentemente administrativa y se atribuye a una autoridad de la misma naturaleza, se estima que el conocimiento del presente asunto corresponde a un juzgado de Distrito especializado en esa materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador estima que por razón de la especialidad compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad de México, en turno, conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata. En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, junto con seis copias de la demanda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente.
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