José Octavio Cobá Sarabia

Expediente 1393/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1393/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • José Octavio Cobá Sarabia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión, agregando al mismo, copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Además, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  2. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en buzón judicial treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, el uno de junio siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************y********************defensores particulares del quejoso ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto emitido por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 1393/2022-VIII-A y se desechó la misma. Inconforme con dicha determinación el quejoso por conducto de sus defensores interpuso el recurso de queja. TERCERO. Por ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, declaró fundada la queja interpuesta por ********************y********************defensores particulares del quejoso ******************** por lo que en proveído de seis de marzo del año en curso, se tuvo por recepcionada la citada ejecutoria y se previno a la parte quejosa para el fin indicado en el citado acuerdo. Una vez desahogada la prevención, por auto de catorce de marzo del año en curso, se admitió la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que el quejoso ******************** por conducto de su defensor reclama: La Resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós y sus consecuencias, en la que se concedió una prorroga al plazo de investigación solicitada por la Fiscalía, dictada en autos de la carpeta administrativa ********************. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Al emitir su informe con justificación la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó que era cierto el acto que por esta vía le reclama el quejoso. Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el expediente electrónico de la carpeta administrativa ********************, las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituyen documentales públicas, además que respecto a la segunda se trata de una videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contiene. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia invocada por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional del auto de diez de mayo de dos mil veintidós. Así, la litis se constriñe en determinar si la determinación reclamada en este asunto, es o no violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo los conceptos de violación hechos valer, pues no se advierte materia para su suplencia. Como cuestión previa, se tiene que el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que el procedimiento penal se compone de tres etapas: la de investigación, la intermedia (o preparación del juicio) y la de juicio. La primera comprende a su vez dos fases: la de investigación inicial y la de investigación complementaria; esta última abarca desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Mientras que la etapa intermedia comprende: desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Y, la de juicio, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio, hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el numeral 213 del Código Nacional dispone que la etapa de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. En tanto que el diverso 131, fracción V, del Código Nacional prevé que es obligación del Misterio Público iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. Concluida la investigación complementaria, el Ministerio Público tiene la obligación de cerrar la misma y, de no hacerlo, el imputado o la víctima podrán solicitarla ante el Juez de Control; esto en términos del artículo 323 del Código Nacional. Ello evidencia, que la fase de investigación complementaria tiene un plazo, el cual puede ser prorrogado, pero una vez concluido, se debe decretar su cierre, quedando con ello agotada la etapa de investigación. Ahora bien, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son infundados. La parte quejosa le reprocha esencialmente a la responsable, en la emisión del auto de diez de mayo de dos mil veintidós, lo siguiente: - Que se violenta el principio de igualdad procesal pues de manera notoria la autoridad responsable suple la omisión de la fiscalía en relación al vencimiento del plazo de investigación complementaria, además de realizar una interpretación errónea de los términos procesales. - Que el término de investigación solicitado por la Fiscalía fenecía el siete de mayo de dos mil veintidós y que esa era la fecha límite que tenía para poder decidir si prorrogaba la investigación o no; lo que no ocurrió porque la audiencia se fijó tres días después de haber fenecido el plazo, por lo que la ahora responsable no debió conceder la prórroga solicitada por la representación social, ya que el plazo de la investigación complementaria a la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de debate, ya había fenecido, por lo cual considera que ya era extemporánea. Que el Ministerio Público no observó sus términos procesales, además de que consintió el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós emitido por la ahora responsable, en la que se fijó hasta el diez de mayo de dos mil veintidós, aun cuando la Fiscalía tenía conocimiento de que su término fenecía el siete de mayo del citado año; por lo cual consintió el acuerdo en el que se fijaba una fecha posterior al vencimiento, ya que no interpuso el recurso de revocación. De igual manera recalca que por cuestión de estrategia la defensa dejó actuar al Ministerio Público y que el hecho de que no impugnara el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós no se debe tomar como una ventaja de la defensa. Continua refiriendo que son los propios jueces de control que señalan que si desean pedir una prórroga al plazo de investigación complementaria, lo hagan con tres días de anticipación cuando menos, para poder fijar audiencia dentro del término concedido para la investigación, por lo que a su parecer la Fiscalía tuvo la oportunidad de revocar ese acuerdo por la fecha fijada y no lo hizo, con lo que la investigación quedó cerrada desde el día siete de mayo de dos mil veintidós; ya que tampoco es argumento válido lo señalado por la Fiscalía en el sentido de que la defensa no solicitó el cierre de investigación, argumento que no hace más que reconocer que fue omisa en el conteo de sus términos. Que causa extrañeza y asombro que la autoridad judicial en franca violación a los derechos del ahora quejoso, señale en su resolución que se ordenó no cerrar la investigación al haber actuaciones pendientes, ya que en el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, no existe dicha orden, además que dicha orden no es facultad del Juez de control, resultando un grave perjuicio a los derechos del quejoso, que la autoridad judicial intente sostener una prorroga señalando que se ordenó no cerrar la investigación, reiterando que no existe tal determinación en dicho acuerdo. Que la resolución de la autoridad judicial, resulta contraria a derecho, ilegal y desproporcional, pues prorrogar algo que ya ha fenecido, es decir, que se ha extinguido, es a simple lógica inverosímil, máxime que lo que está en decisión son las libertades y derechos de una persona, pero resulta más violatorio de derechos cuando señala que no se fijó la audiencia porque eran días inhábiles que dicho juzgado estaba de guardia, siendo esta una manifestación subjetiva violatoria de los derechos constitucionales y procesales del quejoso, toda vez que el acceso a una justicia pronta y expedita soslaya rotundamente que los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. Máxime que los actos procedimentales deben cumplirse en los plazos establecidos, en los términos de la legislación aplicable, conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes, por lo que no se puede concebir que se pongan por encima de los derechos humanos de una persona, que además se encuentra sujeta a una medida cautelar corporal como lo prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso, cuestiones administrativas y sobre todo decisiones sin fundamento jurídico, pues son actos violatorios de derechos máxime que es un hecho notorio que se tuvo conocimiento con mucha anterioridad cuales eran los días festivos, por lo que el argumento de la autoridad judicial para intentar sostener su prorroga es ilegal y contrario a derecho. De igual manera manifiesta que, se violan los derechos del quejoso ya que, al otorgarse prórroga del plazo de investigación complementaria, se llevaron a cabo actos de investigación pendientes, que al ser ilegal la prórroga de investigación concedida, resultarían nulo pleno derecho, como lo es la audiencia de control por toma de muestras corporales, así como las consecuencias que de él derivan. De las constancias remitidas por la responsable y de la reproducción de la audiencia de diez de mayo de dos mil veintidós, se advierte que al emitir el acto reclamado la autoridad responsable consideró en lo medular lo dispuesto en el artículo 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo siguiente: - Que la petición de la audiencia instada por el Ministerio Público de la prórroga fue hecha en tiempo y forma, y si se acordó de esa manera fue porqué se atravesaron días inhábiles, además de que el Juzgado estaba de guardia y la agenda está muy cargada. - Que cualquiera de las partes puede interponer el recurso de revocación si consideraba que se agravian sus intereses o la ley, que argumentar que estaba fuera de tiempo cuando ya ha transcurrido ventajosamente el término para interponer algún recurso evidentemente no es atendible. - Que además se hizo ese acuerdo con la idea precisamente de que no transcurrieran los plazos en el momento de tomar la determinación de decirle al fiscal que no cerrara la investigación hasta en tanto se resolviera respecto de su solicitud de prórroga lo cual sería tanto como decir que no operaría esa exigencia para el cierre. - Que la defensa refirió que no impugnó el acuerdo por una cuestión de estrategia, puede ser, pero también que todas las partes se deben de conducir con lealtad y buena fe; que al dejar de observar la ley para luego exigir su observancia, se está entonces fuera de los citados principios. - Que fue determinación de la autoridad y no de la fiscalía celebrar la audiencia hasta ese día y por las razones que ya se han explicado. - Que se previó esa situación diciéndole al fiscal que no cerrara la investigación y si cualquiera de las partes consideraba que esa autoridad no estaba actuando conforme a derecho, tenían expedito el derecho para interponer la revocación si así lo consideraban, y que evidentemente no lo hicieron por lo tanto se conformaron con la determinación de la autoridad de llevar la audiencia hasta el momento fijado (diez de mayo de dos mil veintidós). - Que no se atendía el argumento de la defensa por cuanto fue una orden de la autoridad el no cerrar para poder resolver sobre la prórroga que se había solicitado. - Que atendiendo a las cuestiones pendientes y al haber expresado la fiscalía sus razones para solicitar la prórroga, sobre todo la consideración del dictamen en materia de genética, se accedió a la prórroga por el término de dos meses que se contarían del ocho de mayo al siete de julio de dos mil veintidós, para realizar los actos de investigación que se requieran, agotando con ello los seis meses que marca la ley. De lo hasta aquí expuesto, se obtiene que la parte quejosa le reprocha esencialmente a la responsable, que el plazo de la investigación complementaria ya había fenecido a la fecha en que se emitió el auto de diez de mayo de dos mil veintidós que constituye el acto reclamado. Lo anterior es infundado. Como bien lo refirió la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no existió omisión del Ministerio Público respecto del plazo de investigación complementaria, ya que realizó la solicitud en tiempo y forma. Es menester señalar el contenido de los artículos 321, 322 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente.". Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez. De los numerales transcritos se aprecia que, el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo; transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el artículo 321 Código Nacional de Procedimientos Penales. Así y de manera excepcional el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo fijado originalmente, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición y el juez podrá otorgarla siempre y cuando no excede de los plazos establecidos en el artículo 321 ya citado (en el caso, seis meses). Así, contrario a lo alegado por el quejoso, el Ministerio Público no dejó de observar los plazos señalados en la ley, máxime que como se aprecia en el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, la administradora del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, hizo constar que la petición del Ministerio Público se recibió a las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, así como los motivos por los que solicitaba la misma, por tanto si el plazo de investigación fenecía el siete del citado mes y año, la solicitud del Fiscal se formuló en tiempo y forma. Entonces, la responsable realizó una correcta interpretación del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales para sustentar la prórroga solicitada, lo que constituye el acto reclamado, en el sentido de que fue solicitada en tiempo y forma, por lo que no hubo omisión u inobservancia de los plazos que marca la ley, pues lo que sucedió es que la responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, fue quien fijo la audiencia con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de investigación que ya había otorgado. De igual manera es acertado lo señalado por la juez, en el sentido de que cualquiera de las partes podía pedir la revocación del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, máxime si se advirtió que la fecha para la celebración de la misma era posterior al vencimiento del plazo señalado para la investigación, pues lo alegado como estrategia por parte de la defensa del quejoso puede interpretarse como un aprovechamiento del error en el que incurrió la Juez responsable. De igual manera es infundado el concepto de violación esgrimido por el quejoso, en el sentido de que en el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós no se advierte que la Juez responsable hubiere indicado al Ministerio Público que no cerrara la instrucción hasta en tanto se llevara a cabo la audiencia en la que se resolvería su solicitud de ampliación del plazo de la investigación, lo cual es irrelevante puesto que el proveído citado no contiene decisión alguna, ya que es en la audiencia en la que la juez con la presencia de las partes y una vez escuchados sus argumentos es cuando toma la decisión de prorrogar o no el plazo de la investigación complementaria. Por otra parte, en cuanto a lo alegado por el quejoso en el sentido de que resulta violatorio de derechos la justificación emitida por la Juez, respecto de que se fijó esa fecha porque se atravesaron días inhábiles y porque dicho juzgado estaba de guardia, deviene infundada su inconformidad, pues al margen de que la responsable en la audiencia expresara los motivos por los cuales se fijó hasta ese día, el ahora quejoso y sus defensores estuvieron en aptitud de inconformarse en todo momento con la fecha señalada para la audiencia, lo cual no hizo y por lo tanto se conformó con la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia solicitada por el Ministerio Público. Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Protección de datos personales. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en relación con el acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en buzón judicial treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, el uno de junio siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************y********************defensores particulares del quejoso ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto emitido por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 1393/2022-VIII-A y se desechó la misma. Inconforme con dicha determinación el quejoso por conducto de sus defensores interpuso el recurso de queja. TERCERO. Por ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, declaró fundada la queja interpuesta por ********************y********************defensores particulares del quejoso ******************** por lo que en proveído de seis de marzo del año en curso, se tuvo por recepcionada la citada ejecutoria y se previno a la parte quejosa para el fin indicado en el citado acuerdo. Una vez desahogada la prevención, por auto de catorce de marzo del año en curso, se admitió la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que el quejoso ******************** por conducto de su defensor reclama: La Resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós y sus consecuencias, en la que se concedió una prorroga al plazo de investigación solicitada por la Fiscalía, dictada en autos de la carpeta administrativa ********************. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Al emitir su informe con justificación la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó que era cierto el acto que por esta vía le reclama el quejoso. Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el expediente electrónico de la carpeta administrativa ********************, las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituyen documentales públicas, además que respecto a la segunda se trata de una videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contiene. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia invocada por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional del auto de diez de mayo de dos mil veintidós. Así, la litis se constriñe en determinar si la determinación reclamada en este asunto, es o no violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo los conceptos de violación hechos valer, pues no se advierte materia para su suplencia. Como cuestión previa, se tiene que el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que el procedimiento penal se compone de tres etapas: la de investigación, la intermedia (o preparación del juicio) y la de juicio. La primera comprende a su vez dos fases: la de investigación inicial y la de investigación complementaria; esta última abarca desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Mientras que la etapa intermedia comprende: desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Y, la de juicio, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio, hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el numeral 213 del Código Nacional dispone que la etapa de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. En tanto que el diverso 131, fracción V, del Código Nacional prevé que es obligación del Misterio Público iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. Concluida la investigación complementaria, el Ministerio Público tiene la obligación de cerrar la misma y, de no hacerlo, el imputado o la víctima podrán solicitarla ante el Juez de Control; esto en términos del artículo 323 del Código Nacional. Ello evidencia, que la fase de investigación complementaria tiene un plazo, el cual puede ser prorrogado, pero una vez concluido, se debe decretar su cierre, quedando con ello agotada la etapa de investigación. Ahora bien, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son infundados. La parte quejosa le reprocha esencialmente a la responsable, en la emisión del auto de diez de mayo de dos mil veintidós, lo siguiente: - Que se violenta el principio de igualdad procesal pues de manera notoria la autoridad responsable suple la omisión de la fiscalía en relación al vencimiento del plazo de investigación complementaria, además de realizar una interpretación errónea de los términos procesales. - Que el término de investigación solicitado por la Fiscalía fenecía el siete de mayo de dos mil veintidós y que esa era la fecha límite que tenía para poder decidir si prorrogaba la investigación o no; lo que no ocurrió porque la audiencia se fijó tres días después de haber fenecido el plazo, por lo que la ahora responsable no debió conceder la prórroga solicitada por la representación social, ya que el plazo de la investigación complementaria a la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de debate, ya había fenecido, por lo cual considera que ya era extemporánea. Que el Ministerio Público no observó sus términos procesales, además de que consintió el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós emitido por la ahora responsable, en la que se fijó hasta el diez de mayo de dos mil veintidós, aun cuando la Fiscalía tenía conocimiento de que su término fenecía el siete de mayo del citado año; por lo cual consintió el acuerdo en el que se fijaba una fecha posterior al vencimiento, ya que no interpuso el recurso de revocación. De igual manera recalca que por cuestión de estrategia la defensa dejó actuar al Ministerio Público y que el hecho de que no impugnara el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós no se debe tomar como una ventaja de la defensa. Continua refiriendo que son los propios jueces de control que señalan que si desean pedir una prórroga al plazo de investigación complementaria, lo hagan con tres días de anticipación cuando menos, para poder fijar audiencia dentro del término concedido para la investigación, por lo que a su parecer la Fiscalía tuvo la oportunidad de revocar ese acuerdo por la fecha fijada y no lo hizo, con lo que la investigación quedó cerrada desde el día siete de mayo de dos mil veintidós; ya que tampoco es argumento válido lo señalado por la Fiscalía en el sentido de que la defensa no solicitó el cierre de investigación, argumento que no hace más que reconocer que fue omisa en el conteo de sus términos. Que causa extrañeza y asombro que la autoridad judicial en franca violación a los derechos del ahora quejoso, señale en su resolución que se ordenó no cerrar la investigación al haber actuaciones pendientes, ya que en el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, no existe dicha orden, además que dicha orden no es facultad del Juez de control, resultando un grave perjuicio a los derechos del quejoso, que la autoridad judicial intente sostener una prorroga señalando que se ordenó no cerrar la investigación, reiterando que no existe tal determinación en dicho acuerdo. Que la resolución de la autoridad judicial, resulta contraria a derecho, ilegal y desproporcional, pues prorrogar algo que ya ha fenecido, es decir, que se ha extinguido, es a simple lógica inverosímil, máxime que lo que está en decisión son las libertades y derechos de una persona, pero resulta más violatorio de derechos cuando señala que no se fijó la audiencia porque eran días inhábiles que dicho juzgado estaba de guardia, siendo esta una manifestación subjetiva violatoria de los derechos constitucionales y procesales del quejoso, toda vez que el acceso a una justicia pronta y expedita soslaya rotundamente que los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. Máxime que los actos procedimentales deben cumplirse en los plazos establecidos, en los términos de la legislación aplicable, conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes, por lo que no se puede concebir que se pongan por encima de los derechos humanos de una persona, que además se encuentra sujeta a una medida cautelar corporal como lo prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso, cuestiones administrativas y sobre todo decisiones sin fundamento jurídico, pues son actos violatorios de derechos máxime que es un hecho notorio que se tuvo conocimiento con mucha anterioridad cuales eran los días festivos, por lo que el argumento de la autoridad judicial para intentar sostener su prorroga es ilegal y contrario a derecho. De igual manera manifiesta que, se violan los derechos del quejoso ya que, al otorgarse prórroga del plazo de investigación complementaria, se llevaron a cabo actos de investigación pendientes, que al ser ilegal la prórroga de investigación concedida, resultarían nulo pleno derecho, como lo es la audiencia de control por toma de muestras corporales, así como las consecuencias que de él derivan. De las constancias remitidas por la responsable y de la reproducción de la audiencia de diez de mayo de dos mil veintidós, se advierte que al emitir el acto reclamado la autoridad responsable consideró en lo medular lo dispuesto en el artículo 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo siguiente: - Que la petición de la audiencia instada por el Ministerio Público de la prórroga fue hecha en tiempo y forma, y si se acordó de esa manera fue porqué se atravesaron días inhábiles, además de que el Juzgado estaba de guardia y la agenda está muy cargada. - Que cualquiera de las partes puede interponer el recurso de revocación si consideraba que se agravian sus intereses o la ley, que argumentar que estaba fuera de tiempo cuando ya ha transcurrido ventajosamente el término para interponer algún recurso evidentemente no es atendible. - Que además se hizo ese acuerdo con la idea precisamente de que no transcurrieran los plazos en el momento de tomar la determinación de decirle al fiscal que no cerrara la investigación hasta en tanto se resolviera respecto de su solicitud de prórroga lo cual sería tanto como decir que no operaría esa exigencia para el cierre. - Que la defensa refirió que no impugnó el acuerdo por una cuestión de estrategia, puede ser, pero también que todas las partes se deben de conducir con lealtad y buena fe; que al dejar de observar la ley para luego exigir su observancia, se está entonces fuera de los citados principios. - Que fue determinación de la autoridad y no de la fiscalía celebrar la audiencia hasta ese día y por las razones que ya se han explicado. - Que se previó esa situación diciéndole al fiscal que no cerrara la investigación y si cualquiera de las partes consideraba que esa autoridad no estaba actuando conforme a derecho, tenían expedito el derecho para interponer la revocación si así lo consideraban, y que evidentemente no lo hicieron por lo tanto se conformaron con la determinación de la autoridad de llevar la audiencia hasta el momento fijado (diez de mayo de dos mil veintidós). - Que no se atendía el argumento de la defensa por cuanto fue una orden de la autoridad el no cerrar para poder resolver sobre la prórroga que se había solicitado. - Que atendiendo a las cuestiones pendientes y al haber expresado la fiscalía sus razones para solicitar la prórroga, sobre todo la consideración del dictamen en materia de genética, se accedió a la prórroga por el término de dos meses que se contarían del ocho de mayo al siete de julio de dos mil veintidós, para realizar los actos de investigación que se requieran, agotando con ello los seis meses que marca la ley. De lo hasta aquí expuesto, se obtiene que la parte quejosa le reprocha esencialmente a la responsable, que el plazo de la investigación complementaria ya había fenecido a la fecha en que se emitió el auto de diez de mayo de dos mil veintidós que constituye el acto reclamado. Lo anterior es infundado. Como bien lo refirió la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no existió omisión del Ministerio Público respecto del plazo de investigación complementaria, ya que realizó la solicitud en tiempo y forma. Es menester señalar el contenido de los artículos 321, 322 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente.". Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez. De los numerales transcritos se aprecia que, el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo; transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el artículo 321 Código Nacional de Procedimientos Penales. Así y de manera excepcional el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo fijado originalmente, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición y el juez podrá otorgarla siempre y cuando no excede de los plazos establecidos en el artículo 321 ya citado (en el caso, seis meses). Así, contrario a lo alegado por el quejoso, el Ministerio Público no dejó de observar los plazos señalados en la ley, máxime que como se aprecia en el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, la administradora del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, hizo constar que la petición del Ministerio Público se recibió a las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, así como los motivos por los que solicitaba la misma, por tanto si el plazo de investigación fenecía el siete del citado mes y año, la solicitud del Fiscal se formuló en tiempo y forma. Entonces, la responsable realizó una correcta interpretación del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales para sustentar la prórroga solicitada, lo que constituye el acto reclamado, en el sentido de que fue solicitada en tiempo y forma, por lo que no hubo omisión u inobservancia de los plazos que marca la ley, pues lo que sucedió es que la responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, fue quien fijo la audiencia con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de investigación que ya había otorgado. De igual manera es acertado lo señalado por la juez, en el sentido de que cualquiera de las partes podía pedir la revocación del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, máxime si se advirtió que la fecha para la celebración de la misma era posterior al vencimiento del plazo señalado para la investigación, pues lo alegado como estrategia por parte de la defensa del quejoso puede interpretarse como un aprovechamiento del error en el que incurrió la Juez responsable. De igual manera es infundado el concepto de violación esgrimido por el quejoso, en el sentido de que en el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós no se advierte que la Juez responsable hubiere indicado al Ministerio Público que no cerrara la instrucción hasta en tanto se llevara a cabo la audiencia en la que se resolvería su solicitud de ampliación del plazo de la investigación, lo cual es irrelevante puesto que el proveído citado no contiene decisión alguna, ya que es en la audiencia en la que la juez con la presencia de las partes y una vez escuchados sus argumentos es cuando toma la decisión de prorrogar o no el plazo de la investigación complementaria. Por otra parte, en cuanto a lo alegado por el quejoso en el sentido de que resulta violatorio de derechos la justificación emitida por la Juez, respecto de que se fijó esa fecha porque se atravesaron días inhábiles y porque dicho juzgado estaba de guardia, deviene infundada su inconformidad, pues al margen de que la responsable en la audiencia expresara los motivos por los cuales se fijó hasta ese día, el ahora quejoso y sus defensores estuvieron en aptitud de inconformarse en todo momento con la fecha señalada para la audiencia, lo cual no hizo y por lo tanto se conformó con la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia solicitada por el Ministerio Público. Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Protección de datos personales. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en relación con el acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 216/2023, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo el catorce de marzo del año en curso. Notifíquese y cúmplase.

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