José Nemecio González Canto

Expediente 295/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
295/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • José Nemecio González Canto y Otros.
  • José Nemecio González Canto
  • Gustavo Palma Palma
  • Gustavo Palma Palma y Otros.
  • Ayuntamiento de Dzilam Bravo, por conducto del Presidente Municipal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a este cuaderno de antecedentes para los efectos legales correspondientes, el oficio 7669/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que se admitió el recurso de inconformidad interpuesto en contra del proveído de dieciocho de junio del presente año. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y lo de cuenta, SE ACUERDA: toda vez que hasta la presente fecha no obra el acuse de recibo correspondiente al oficio 21991/2019-VI-A, dirigido a la parte tercera interesada Ayuntamiento de Dzilam Bravo, Yucatán, por conducto de quien legalmente lo representa; a efecto de notificarle el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de dieciocho de junio del año en curso. En consecuencia, requiérase al Jefe de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación del presente acuerdo, devuelva a este Juzgado Federal la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 21991/2019-VI-A dirigido a la citada parte tercera interesada; la cual fue recibida en dicha oficina el día dieciséis de julio del año en curso, con el número de guía 666748696. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por José de Jesús Álvarez Díaz, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone RECURSO DE INCONFORMIDAD, en contra del proveído de dieciocho de junio del presente año, dictado en este expediente, por medio del cual se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 80, en relación con el 201, 202 y 203 de la Ley de la Amparo, agréguese a estos autos copia simple del indicado escrito y hecho esto remítase el original del mismo, así como el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. Lo anterior, con apoyo en la tesis XIX.2o.A.C.45 K, con número de registro 172502, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, Página 2101, que dice: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE EFECTUAR SU EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR QUIEN LA HACE VALER. De acuerdo con la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 1a./J. 56/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la inconformidad prevista por el artículo 108 de la Ley de Amparo, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 229, voz: "INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INEXISTENTE O INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA SUPREMA CORTE DEBE EFECTUAR UN EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR PARTE DE QUIEN LA HACE VALER.", en relación con la facultad delegada por el Pleno de dicho Alto Tribunal del país, en el Acuerdo General 5/2001, punto quinto, fracción IV; el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de la inconformidad que prevé el artículo 105 de la preinvocada ley reglamentaria, interpuesta contra la resolución del Juez de Distrito que declara cumplida una ejecutoria protectora, debe revisar oficiosamente dicha determinación, en principio, porque en esos casos no priva el derecho estricto, pues de lo que se trata es del cumplimiento de la sentencia de amparo, que es una cuestión de orden público; máxime que el envío del expediente al órgano revisor sólo requiere de que el agraviado lo solicite, sin la exigencia de que adicionalmente se formulen argumentos o agravios, ya que al no ser técnicamente un recurso no lo requiere." En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de seis de mayo del año en curso, se dio vista a las partes, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó al tercero interesado Ayuntamiento de Dzilam Bravo, por conducto de su presidente municipal, el día tres de junio actual, dando contestación a la vista concedida únicamente la parte quejosa, por conducto de su autorizado. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado al tercero interesado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, los datos aportados por la autoridad responsable y las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, residente en esta capital, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el auto dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en autos del expediente 590/2010, únicamente en la parte en que apercibió al Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán, que de no cumplir con lo ahí requerido le impondría como medida de apremio una multa por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional), así como en lo relativo a la respuesta dada a la solicitud realizada por la parte actora respecto a la vista al Ministerio Público. Y de persistir en apercibir al citado Ayuntamiento con la cantidad señalada, así como en no acceder a lo solicitado por los actores, aquí quejosos, motivara las razones por las cuales llegara a tales determinaciones, atendiendo a los razonamientos vertidos en la sentencia dictada en los presentes autos. Posteriormente, en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo, en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria del amparo, el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, residente en esta capital, mediante oficio TTSEM/MP/SRÍA.-438/2019, recibido en este órgano jurisdiccional el uno de abril del presente año, comunicó a este órgano jurisdiccional que en autos del expediente 590/2010 (fojas 268 a 271), dictó un acuerdo ciñéndose a los efectos protectores del amparo concedido. Luego, previo análisis de los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de la materia, así como de la lectura y análisis del contenido del citado oficio, por auto de veintiséis de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional determinó que no se había dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Lo anterior, toda vez que del referido oficio se advirtió que si bien la autoridad responsable, mediante proveído de veintinueve de marzo del año actual, atendió a los lineamientos precisados en la ejecutoria amparo respecto del apercibimiento al Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán, así como en lo relativo a la respuesta dada a la solicitud realizada por la parte actora respecto a la vista al Ministerio Público. Lo cierto es que no atendió la totalidad de los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, por cuanto no dejó insubsistente la parte conducente del proveído reclamado de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, tal como se le indicó categóricamente. De ahí que se estimara que la autoridad responsable, no había dado cabal cumplimiento con la ejecutoria del amparo, razón por la cual, se le requirió para que la cumpliera en sus términos. Luego, a fin de cumplir con el requerimiento señalado, la responsable, mediante oficio TTSEM/MP/SRÍA.-553/2019 de tres de mayo último, informó el contenido del proveído dictado el treinta de abril de la presente anualidad, en el cual, dejó insubsistente la parte conducente del acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, quedando subsistente todo lo acordado en el indicado auto de veintinueve de marzo último, dictado en el expediente 590/2010, de su índice. Ahora bien, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. Lo anterior, por cuanto la responsable, por una parte, dejó insubsistente el auto reclamado, y por otra, en el emitido en observancia al fallo protector, plasmó los razonamientos y fundamentos legales de su actuar. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que sea óbice a lo anterior, los escritos presentados por José de Jesús Álvarez Díaz, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, en relación con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, hace valer su inconformidad. Ello pues, en primer lugar, tal como ha quedado plasmado en el cuerpo de esta determinación, se estima que la responsable cumplió en sus términos la sentencia firme, sin que ello implicara actuara en uno u otro sentido, más que solamente de insistir en el mismo apercibimiento pecuniario a la demandada, externara los motivos para ello, lo cual hizo. Asimismo, de no acceder a la vista solicitada por la peticionaria el amparo a la representación social por la probable comisión de una conducta delictiva, de igual forma plasmara los motivos que la llevaran en tal supuesto. Todo lo cual hizo en plenitud de jurisdicción, pues esta autoridad en cuanto a tales aspectos, no la ciñó a que resolviera en un sentido determinado, sino únicamente a motivarla debidamente. Siendo que lo que pretende la parte quejosa es controvertir la legalidad de la nueva resolución dictada por la responsable lo cual no es susceptible de análisis en la presente determinación; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía legal correspondiente. Orienta a la anterior consideración, la tesis 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGÚN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. De las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte ha establecido en relación al sistema sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras éste no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad y, en su caso, autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitir resolución en los términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios respecto de los que haya quedado demostrado que fueron contumaces al no cumplir con la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento con el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no lo fue. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento éste fue defectuoso por exceso o por defecto procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación a lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar. En este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 antes mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por último, no habiendo motivo legal alguno para que continúe al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo I que la autoridad responsable remitió en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 119 a 120); por tanto, devuélvasele, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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